Jones Huala aún no fue trasladado a una celda de dependencia federal y persiste el hermetismo sobre su destino

Tras la detención de Facundo Jones Huala el pasado lunes, la Justicia de Río Negro pasó la causa del activista mapuche al fuero federal para comenzar con el proceso de extradición a Chile donde tiene que terminar de cumplir una condena de seis años de prisión por quemar una vivienda.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) continúa detenido en un calabozo de la Comisaría 36 de Dina Huapi, cerca de Bariloche, al oeste de la provincia y permanece en estricto secreto el nombre del lugar de detención federal donde será trasladado.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de Río Negro indicaron a Infobae que este martes derivaron el trámite al fuero federal y que lo mismo sucederá con Jones Huala, sin embargo hasta ayer a la noche no hubo movimientos en la dependencia policial a donde el referente mapuche había sido trasladado -desde El Bolsón- tras su arresto.

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Jones Huala fue trasladado con el mayo sigilo y, sin informarlo, quedó bajó custodia del personal de la Comisaría 36 a la que se sumó una brigada del grupo de elite de la policía rionegrina, COER.

Argumentando “razones de seguridad”, funcionarios de ambos fueros judiciales dejaron de informar a la prensa sobre cómo continúa el proceso de extradición a Chile. Los funcionarios a cargo quieren evitar filmaciones y fotografías del líder mapuche siendo trasladado, luego de las imágenes que trascendieron del momento de la detención en El Bolsón donde se lo vio con la mirada perdida y vestido con ropa de mujer; además del test de alcoholemia al que fue sometido por cual se registró 1,23 gramos de alcohol en sangre.

Ahora el Juzgado Federal de Bariloche debe determinar el nuevo lugar de detención de Jones Huala para la tramitación del pedido de extradición. Entre las dependencias de fuerzas federales usadas anteriormente para estos casos se encuentran las celdas de la Policía de Seguridad Aeronáutica (PSA) en el aeropuerto de Bariloche, la Policía Federal y el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional en la zona céntrica, o su traslado al Penal Federal 14 de Esquel, a 300 kilómetros al sur de Bariloche.

“El proceso por la extradición ya se inició, y va a derivar en la realización de un nuevo juicio. Los pasos a seguir son los detallados en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y por el Tratado específico en la materia que Argentina tiene con Chile”, explicó este martes la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare.

Lo mismo sucedió en 2018, cuando Jones Huala cayó en un control rutinario de Gendarmería Nacional en la provincia de Río Negro, y meses después fue decidida su extradición en un juicio oral y público en Bariloche, para comparecer por el incendio del fundo Pisú Pisué, en el sur de Chile, por el que fue condenado a 9 años de prisión.

Al cumplir la mitad de la condena, fue beneficiado con la prisión domiciliaria y faltó al primer control ordenado por la justicia chilena, que el 11 de febrero de 2022 lo declaró prófugo, pidiendo a Interpol una alerta Azul, para identificarlo y determinar su paradero.

Tras la nueva detención del lunes en El Bolsón, el Gobierno de Chile pidió elevar la alerta a Rojo, lo que incluye el pedido de extradición.

Con la solicitud de la justicia de Chile, Cancillería interviene haciendo un análisis de los requisitos. La ley establece algunos puntos por los cuáles en esa instancia la extradición podría ser rechazada. Por ejemplo, si el acusado tiene en el país status de refugiado político. Si Cancillería concluye que el requerimiento cumple con todas las formas pasa el caso a la Justicia.

En esa etapa, el juez a cargo del caso hace un juicio de extradición y en una primera instancia Jones Huala puede negarse a ser enviado a Chile (fuentes oficiales señalaron que todo indica que el líder mapuche rechazará ser extraditado)

Si el juez acepta la extradición y el acusado no la apela, la decisión queda firme para cumplirse. Pero el imputado tiene la posibilidad de apelarla. Eso es directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley establece establece que ante una apelación el fallo de extradición tiene “efectos suspensivos”, por lo que el envío al país reclamante no se lleva a cabo hasta la decisión del máximo tribunal.

En el caso que el magistrado la rechace, el acusado queda en libertad con prohibición de salida del país hasta que ese fallo quede firme ya que la Fiscalía -que también interviene en la causa- puede apelar ante el máximo tribunal de Justicia.

Si la extradición queda firme, el caso vuelve a pasar a Cancillería. En materia internacional la relación es entre los estados. El Ministerio de Relaciones exteriores puede no aceptar el envío del acusado. Eso ocurre si por ejemplo durante el juicio de extradición se le otorga el estatus de refugiado político.

Uno de los motivos más comunes para que el acusado rechace la extradición es alegar que es un perseguido político en el país que lo reclama.

La ley establece que el juicio de extradición puede demorar 15 días. Sin embargo, los plazos no son fáciles de establecer. Depende de si el acusado acepta la extradición, si hay una apelación ante la Corte Suprema de Justicia -el máximo tribunal no tiene plazos para resolver- o si durante el proceso se requiere más o nueva información que se le debe pedir al país solicitante.

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