La Unidad Piquetera resolvió en las últimas horas extremar las medidas de protestas en reclamo por las bajas de 160.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, dispuesto por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Con ese fin, el próximo martes 7 de febrero, las marchas, cortes y piquetes serán a lo largo y ancho del país, pero la de mayor envergadura se concentrará frente al edificio de la cartera que administra la ex diputada nacional.
Días antes, el Polo Obrero y otras organizaciones de izquierda recorrerán los barrios del conurbano bonaerense para que los titulares del mayor programa de ayuda estatal que no hayan podido verificar su identidad como acreedores se plieguen a las medidas de fuerza. Eduardo Belliboni, en diálogo con este medio, afirmó que la mayor cantidad de perjudicados pertenecen a movimientos sociales que abrevan en el Frente de Todos, como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, entre otros.
“Este gobierno sigue demostrando que es duro con los pobres y amigo de los ricos”, sostuvo el líder del Polo Obrero. La frase no es nueva: figura en los afiches con los que las organizaciones de izquierda empapelaron las paredes de ciudades y barriadas. Las misivas también apuntan contra Tolosa Paz, ya que la acusan de seguir las recetas de ajuste que, según el dirigente social, “ordena el FMI y la ministra acata perjudicando a miles de personas pobres”.
Tolosa Paz decidió no responder a las agresiones. Desde su despacho recalcaron que “no son bajas” y aclararon que se trata de “suspensiones”. Además, explicaron que quienes no hayan verificado su identidad como titulares del programa Potenciar Trabajo de manera virtual podrán hacerlo hasta el mes de marzo. Si esto no ocurre, ahí si serán retirados del padrón. Los primeros días de febrero, esas 154.441 personas (11,3% del padrón) recibirán el 50% del plan.
Validar la titularidad al Potenciar Trabajo significa que el beneficiario debe acreditar que es él quien percibe el importe que de manera mensual se deposita en su cuenta bancaria por parte del Estado. La certificación corroborar que no tiene incompatibilidades como las que detectó la AFIP.
Una causa judicial, a cargo del juez federal Ariel Lijo, investiga si funcionarios, dirigentes sociales y/o punteros políticos se quedaron con las tarjetas de los más necesitados para cobrar ellos el beneficio, un hecho que configuraría un delito. En los tribunales de Comodoro Py aventuran que unas 150.000 personas podrían ser víctimas de esta maniobra, una cifra cercana a los que hasta ahora no validaron su real pertenencia al programa. Hasta el momento esas son especulaciones que no se han acreditado.
Belliboni, unos de los mayores activistas de la Unidad Piquetera, afirmó que las validaciones no se pudieron realizan por “falta de conectividad”, sobre todo en los barrios más carenciados y sectores del interior del país “donde ni siquiera hay agua potable”. A este inconveniente, agregó el dirigente popular, se le suma el “bloqueo de la página del ministerio de Desarrollo Social” para denunciar que fueron mal excluidos del Potenciar Trabajo. Se refiere a la decisión de Tolosa Paz de habilitar un formulario de reclamo para denunciar errores en la exclusión del beneficio. Hasta el momento, han presentado su reclamo 11.284 personas. Cada reclamo es recibido y analizado por la Secretaría de Economía Social, que depende de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita.
Belliboni acusa a Pérsico de estar de acuerdo con el ajuste en el programa Potenciar Trabajo. “En la última reunión que mantuvo la Unidad Piquetera, Pérsico ratificó todo. Para nosotros el Fondo ordena, Tolosa Paz condena y despide a 160.000 personas pobres. Pérsico justificó las bajas diciendo que la plata que no se pague a los beneficiarios del programa no va a ir al FMI como decimos nosotros, sino que va a ir a parar a las Unidades de Gestión, es decir a ellos. Guita le va a ir a él porque la mayoría de las Unidades de Gestión que reciben plata para comprar herramientas son de ellos, del Movimiento Evita. Las nuestras no salen nunca. Pérsico cambia compañeros por plata. Y lo mismo pasa en la intendencias. Los intendentes usan el Potenciar Trabajo para tener mano de obra barata”.
Desde el ministerio de Desarrollo Social afirmaron que, hasta ahora, el 88,7% del padrón validó su titularidad al plan social (1.210.571 personas) y destacan que el trámite se realiza a través de la plataforma Mi Argentina. Además, la cartera social continúa brindando asistencia para la concreción de este en sus 56 Centros de Referencia ubicados en todo el país.