El Gobierno asume que se reducen las posibilidades de tratar en el Congreso las leyes que envió a Extraordinarias

Así como está la relación entre el oficialismo y la oposición, se avecina una virtual parálisis del Congreso y ni uno solo de los temas que envió Alberto Fernández para tratar en Sesiones Extraordinarias será debatido. El avance del pedido de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia rompe cualquier posibilidad de diálogo y consenso entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Con el inicio de febrero, el Gobierno asume que se reducen las posibilidades de tratar no sólo los temas de alto voltaje político como la ampliación del máximo tribunal o la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación; también corren riesgo las iniciativas económicas como el nuevo blanqueo de capitales que impulsa Sergio Massa; la nueva moratoria para jubilados; el proyecto para darle mayor autonomía al INDEC; el marco regulatorio para el desarrollo de GNL y del hidrógeno; la ley de tránsito para incluir alcoholemia cero; entre otros temas que, en un contexto de normalidad y paz política, avanzarían al menos hacia el debate.

Incluso hoy es una incógnita qué sucederá con la “Ley Lucio” que incluyó la última semana el Presidente por Decreto para tratar en Extraordinarias con el objetivo de avanzar en la creación del “Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio, en derechos de los niños, niñas y adolescentes”, que procura formar a los agentes de instituciones públicas para detectar indicios de violencia familiar. La iniciativa, que surgió a raíz del caso de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y la pareja de ésta en 2021, ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y debe ser convertida en ley por el Senado.

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Pero todo está concentrado en el Juicio Político a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño de sus funciones” que impulsa el kirchnerismo y ello hace que sea poco probable una agenda común para tratar en el Congreso entre el oficialismo y los bloques opositores.

La situación quedó expuesta el jueves pasado durante la primera jornada de debate en la Comisión de Juicio Político cuando escaló la tensión y primaron los cruces de chicanas, como las que protagonizaron el legislador del FdT, Leopoldo Moreau, que llamó a ponerle fin al “funcionamiento mafioso de la Corte”; el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, que lanzó que “la mayor parte” de los referentes kirchneristas “son corruptos o autoritarios” y que “no toleran la independencia del Poder Judicial”. La disputa contra la Corte genera incluso el rechazo de legisladores que no forman parte de JxC, como Alejandro “Topo” Rodríguez de Identidad Bonaerense, quien cruzó a Rodolfo Tailhade y arremetió contra el oficialismo porque entiende que todo este proceso es “una embestida política que busca paralizar a la Justicia”.

Otro de los momentos más calientes lo protagonizó el ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, que planteó como “raro” que “el kirchnerismo vaya a una batalla que sabe que va a perder”. La frase apunta a las escasas chances con las que cuenta el Gobierno para que el Juicio Político avance en el Congreso. “Esto lleva a pensar que atrás de esto hay otras intenciones. Intenciones que son tan oscuras que no se puede decir. Lo que están tratando de tapar es la inmensa crisis que vive en este país”, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.

Hay presentados 14 pedidos de Juicio Político que implican 60 acusaciones en total contra Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda. Y la comisión, en la que la mayoría es del FdT, tiene que definir qué denuncias se toman en cuenta.

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El período de Sesiones Extraordinarias comenzó formalmente el pasado 23 de enero y se extenderá hasta el 28 de febrero. El tiempo apremia al Gobierno ya que la próxima reunión de la Comisión de Juicio Político será el próximo jueves 2 y recién a la semana siguiente -9 de febrero- saldrá el informe de admisibilidad sobre si las denuncias contra los integrantes del Máximo Tribunal tienen sustento, “y ahí se avanza a comenzar la investigación y la apertura de sumario”, había anticipado la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, en declaraciones radiales.

De ahí en más, el Frente de Todos, que está lejos de ceder en su embestida judicial, cuenta con apenas 19 días. Juntos por el Cambio tampoco da el brazo a torcer. Sin diálogo, anulado el consenso, el resto de los proyectos enviados por el Presidente corren destino de naufragio.

No hay que olvidar que la campaña ya comenzó.

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