Inédita pelea entre líderes piqueteros: denuncian que movimientos sociales oficialistas se quedan con fondos derivados de las bajas de los planes Potenciar Trabajo

Las organizaciones de izquierda, enroladas en la Unidad Piquetera, denunciaron que las cooperativas vinculadas a los movimientos sociales oficialistas —como el Evita y Barrios de Pie, conducidas por los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez— se benefician con el millonario presupuesto que el Estado se ahorra de girar a los titulares del programa Potenciar Trabajo. Aseguran que esos espacios reciben los fondos de los beneficiarios que fueron dados de baja por tener incompatibilidades o por no haber realizado la validación de identidad que ordenó la ministra Victoria Tolosa Paz.

La trama no es sencilla, pero es de fácil comprensión.

El decreto 728/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández y varios de sus ministros, entre ellos la de Desarrollo Social, y la de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Raquel “Kelly” Olmos, dispone —en su artículo sexto— que “no podrá ampliarse el número de titulares” del Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”, “Potenciar Inclusión Joven”, “Nexo” y “Plus Esencial”. Y aclara en ese sentido: “El ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital, ello en el marco de la normativa que rige los programas que prevén transferencias para dichos fines y de la que dicte la autoridad competente para su debida implementación”. Esto último se puede apreciar en el documento que se detalla a continuación.

En palabras llanas, el dinero que debía ir a los bolsillos de los entonces beneficiarios de esos planes sociales es redireccionado a la adquisición de máquinas, herramientas e insumos para las Unidades de Gestión, como cooperativas, que en la mayoría de los casos pertenecen a los movimientos sociales oficialistas.

Las partidas presupuestarias son direccionadas hacia los “convenios” que se firman en la cartera social y su aprobación queda a criterio de los titulares de las secretarías a las que correspondan esos proyectos. Entre ellas destaca la Secretaría de Economía Social que está a cargo de Emilio Pérsico, uno de los principales dirigentes del Movimiento Evita y hombre de confianza de Alberto Fernández.

Pérsico, desde su secretaría, está a cargo de la administración del presupuesto anual del Potencia Trabajo que es el más voluminoso del ministerio de Desarrollo Social, en total, su secretaría maneja $594.285.915.597, de los cuales $590.981.978.110 pertenecen al Potenciar Trabajo.

La cifra toma una dimensión mayor si se tiene en cuenta que para la totalidad de la cartera a cargo de la ex diputada, el congreso aprobó un presupuesto de algo más de un billón de pesos: $1.169.156.152.175.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero y referente de la Unidad Piquetera denunció que como los convenios entre Desarrollo Social y la Unidades de Gestión son “autorizadas a dedo” la mayoría de los beneficiarios son las cooperativas “que pertenecen al Movimiento Evita y Barrios de Pie”. El líder piquetero también sumó a la lista a “los municipios oficialistas que también también son Unidades Ejecutoras y suelen y utilizar los planes sociales como mano de obra barata y para las campañas electorales”.

En este punto valen dos aclaraciones.

La primera: Menéndez, el Coordinador Nacional de Barrios de Pie también es funcionario, es el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Secretaría de Economía Social.

La segunda: las Unidades de Gestión son los lugares donde los titulares del Potenciar Trabajo deben desarrollar sus labores de 20 horas semanales para que el Estado les acredite, todos los meses, el cincuenta por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil, que según la última actualización del ministerio de Trabajo es de $65.427. Es decir que cada titular del Potenciar percibe $32.713,5.

“Emilio Pérsico cambia a los compañeros por dinero”, acusó Belliboni ante Infobae y explicó: “Nosotros, desde la Unidad Piquetera, tuvimos una reunión en la que estaba el jefe de Gabinete de la ministra (Marcelo Javier García) y Emilio Pérsico, en dónde los dos ratificaron que a las casi 160.000 personas que no pudieron validar su identidad como beneficiarios del Potenciar se les va a pagar la mitad en febrero y van a ser dados de baja, de manera definitiva, a partir de marzo”.

Luego, agregó: “Pérsico justificó esto, diciendo que la plata que van a dejar de percibir la gente más pobre, no va a ir para pagar al FMI como decimos nosotros, sino que va a ir a parar a las Unidades de Gestión. Es decir, a ellos. Guita que va a ir a parar a él porque la mayoría de las Unidades de Gestión que reciben plata para comprar herramientas, son de ellos el Movimiento Evita, de Barrios de Pie. Las nuestras no salen nunca. Este es un aprovechamiento de la gente de las organizaciones que están vinculadas al gobierno justamente en un año electoral como este”.

Belliboni no pone a todos los movimientos sociales enrolados en la oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular en la misma bolsa. Aclara que Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, “está en desacuerdo con las bajas al programa Potenciar Trabajo”.

De hecho, Grabois, a través de sus redes sociales y declaraciones públicas expresó: “El problema es que en un país dónde los políticos miran el subsidio en el ojo ajeno, pero no el suelazo en el bolsillo propio, los trabajadores de programas sociolaborales son los sospechosos de siempre, la parte más delgada por la que cortar”.

El referente social, también advirtió sobre las bajas en el programa social encarnado por Tolosa Paz: “Parece que nadie se ha preocupado en leer la normativa que crea el Potenciar Trabajo más que para encontrar el hueco por dónde ajustar. El éxito del Potenciar estriba en el progreso económico y la estabilidad laboral de quienes los desarrollan. Sus integrantes son trabajadores y trabajadoras con una actividad productiva o socio-comunitaria. Su remuneración es salario no subsidio”.

Tanto el referente del MTE como Belliboni coinciden en criticar la manera elegida por la ministra de Desarrollo Social para validar la identidad de los titulares del programa, esto es virtual.

“Una verdadera auditoría debería determinar porqué ciertos procesos colectivos permiten trabajo estable e ingresos razonables para miles de personas y otros mantienen a la gente en situaciones lindantes a la indigencia o sometidas a diversas formas de clientelismo”, dice Grabois y agregó: “Lo que se debería investigar es qué unidades de gestión, qué organizaciones comunitarias, en qué municipios lograr organizar más y mejor trabajo, ampliar los derechos de la gente, combatir los abusos de poder, darle mejores condiciones de libertad y horizontes de felicidad. Pero vivimos en el mundo del revés. Se castiga el trabajo bien hecho. Se premia el trabajo mal hecho”.

A su turno, Belliboni, consultado por este medio, opinó: “Hay que rechazar totalmente este sistema de auditoría virtual que tiene por objetivo el ajuste como pide el FMI y obedece Tolosa Paz”. Entonces, amplió: “También rechazamos con fuerza que el dinero que se van a horrar el primer mes, ya que en febrero van a cobrar la mitad casi ciento sesenta mil personas. Estamos en contra que esa plata sea derivada a las cooperativas. A cualquier cooperativa, no solo oficialistas, sino inclusive a las nuestras”.

—¿Y eso por qué razón?

—Rechazamos que se utilice el dinero de esa manera como nos ha dicho Pérsico en una reunión reciente. Las cooperativas tienen que tener su presupuesto, pero no puede ser a costa de un beneficio que tiene que ser para las personas que más necesitadas. Para nosotros, lejos de ajustar y dar de bajas en los programas sociales, hay que ampliar los cupos de esos programas y hacerlos universal para todos los que lo necesitan, sin intermediarios y sin favorecer, a los que se llama, la economía popular pero que para nosotros es una manera de precarización laboral”.

La disputa por el dinero del Potenciar Trabajo, que ya está autorizado por el parlamento nacional, se da en el contexto de una campaña electoral presidencial donde, todo indica que Alberto Fernández buscará su reelección y movimientos sociales albertistas —como el Evita— ya anunciaron que harán campaña y militarán dentro del Frente de Todos.

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