Embestida contra la Justicia: el Gobierno iniciará hoy el debate sobre el pedido de juicio contra la Corte Suprema

El pedido de juicio político a la Corte Suprema se transformó en el principal argumento de gestión de Alberto Fernández en el año electoral. Con la agenda económica en manos de Sergio Massa, con la campaña en ciernes, el Presidente y sus alfiles legislativos planean que el debate en comisión y, eventualmente, en el recinto de Diputados, se prolongue lo más posible, con una reunión por semana. El objetivo, más que destituir a los magistrados, es “exponerlos ante la sociedad”, admiten. Y niegan a rajatabla que la medida sea una forma de congraciarse con el sector duro del Frente de Todos.

La Comisión de Juicio Político empezará a deliberar formalmente hoy a las 11. En el primer encuentro, informaron desde la Cámara, se analizarán los 12 expedientes que reunió el FDT. El oficialismo, que planea un debate de largo aliento, tiene previsto que la jornada se dedique exclusivamente a titular las solicitudes y a lo sumo, a desarrollar “resúmenes breves” para cada una. “El mejor recurso que tenemos es el tiempo. Queremos un proceso ordenado, donde se garanticen todos los procedimientos. Y estamos muy bien de papeles. Después vamos a ir a la etapa de abrir los sumarios”, sostuvieron.

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En el oficialismo no quieren hablar de plazos, pero forzarán que el debate se extienda, al menos, durante el resto del año. Si así fuera, atravesaría la totalidad de la campaña para las elecciones en las que Alberto Fernández, en principio, buscará la reelección en una eventual interna. Con esa dinámica en mente, en el proceso preliminar de investigación, planean que sólo haya una reunión de comisión por semana. “Queremos preparar cada una con mucho cuidado, para que tenga buen contenido”, justificaron.

En realidad, Alberto Fernández le pidió a las espadas del Frente de Todos en la Cámara baja, con el jefe de la bancada, Germán Martínez, la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, y la titular de la Comisión, Carolina Gaillard, a la cabeza, que avancen en las discusiones con pies de plomo. “La oposición quiere un proceso corto, esperan que hagamos algo más burka (sic). Podríamos sacar dictamen y darle tratamiento exprés, pero no les vamos a dar el gusto”, informaron.

Trazan un plan de contienda sin estridencias, y esperan de la oposición exactamente lo contrario. “No vamos a hacer show, vamos a ir firmes y apegados al reglamento”, aseguraron. En la previa, los despachos del Palacio del Congreso mostraban entusiasmo, a pesar de que la iniciativa, presentada por Alberto Fernández el 1ro de enero, suscitó fuertísimos cuestionamientos de la oposición, y de centenares de empresarios que denunciaron que la medida perjudica a la economía.

En el Gobierno lo ven de manera opuesta: “No hay forma de que esto nos perjudique, y no tiene nada que ver con las inversiones. Está clarísimo que esta Corte tiene doble sombrero. Van por la calle refugiados en el anonimato, sin consecuencias”, dijo un referente legislativo que participa del armado de la estrategia contra la Corte.

En la bancada, sin embargo, hay distintas miradas sobre las consecuencias que podría tener en el debate ante la opinión pública. Después de todo, el oficialismo deberá bailar al compás de la estrategia de la oposición. Y en Juntos por el Cambio mostraron uñas y dientes desde el minuto uno del debate informal.

La oposición ya avisó, después de reunirse en la mesa política que conforman el Pro, la UCR y la Coalición Cívica, que no acompañará ninguno de los proyectos de índole social y económica que también conforman el paquete de 28 leyes que envió el Ejecutivo. De esa forma, buscarán bloquear el desarrollo del juicio a la Corte, así como las otras iniciativas que provocan polémica en los estamentos judiciales y en la tribu opositora, especialmente la ampliación del máximo tribunal y del Consejo de la Magistratura.

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Ayer, en la antesala del primer encuentro formal, hubo una reunión entre los integrantes de la comisión y autoridades de los bloques para diagramar la estrategia de JxC. Las decisiones para el debate se irán tomando sobre la marcha, pero en principio determinaron partir de seis puntos: no solicitar (al menos por ahora) la inclusión de otros juicios políticos pendientes de tratamiento; participar activamente en la etapa de admisibilidad; señalar públicamente el “show del kichnerismo”, y destacar que “nadie saldrá destituido de este proceso”, porque el kichnerismo no cuenta con los 2/3 de los votos.

Además, dijeron que, pese al “circo político de ellos”, actuarán “con absoluta responsabilidad y solemnidad. Y evaluarán la posibilidad de citar, por ejemplo, a los gobernadores, y algunos ministros del gabinete de Alberto Fernández.

El derrotero del juicio estará atravesado por dos grandes temas. Uno será el debate sobre la legitimidad de los polémicos chats entre Marcelo D’Alessandro, funcionario de Horacio Rodríguez Larreta (hoy de licencia), y Silvio Robles, el vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. En el Gobierno admiten, por lo bajo, que no constituyen pruebas jurídicas -de hecho, no figuran en el documento con el pedido formal contra los cortesanos que envió el Presidente al Congreso-. Pero avisaron que los utilizarán como “argumentos políticos”. “Nada nos impide llevarlos a la mesa para evidenciar el mamarracho que son”, dijo un altísimo funcionario con despacho en Balcarce 50.

Los registros de esas conversaciones fueron desechadas por el juez Sebastián Ramos la semana pasada, en el marco de la causa contra el secretario de Rosatti, al considerar que las pruebas obtenidas a través de “inteligencia ilegal” son inadmisibles. La decisión del magistrado se basó basada en los argumentos esgrimidos por el fiscal Carlos Stornelli en su dictamen. Cristina Kirchner, a pesar de que se mantiene ajena al pedido de juicio a la Corte (porque es una iniciativa de la Casa Rosada), salió, sin embargo, ese mismo día, a cuestionar con dureza el fallo de Ramos. “Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, dijo, a través de su Twitter.

El otro eje central de la discusión en Diputados será la citación de los acusados, que pueden presentarse o bien enviar un escrito para brindar sus argumentos. Probablemente ocurra lo segundo, y en el oficialismo dijeron que lo aceptarán, aunque no evitarán los pases de factura en público. “Este es un debate de hace años. La ampliación de la Corte se empezó a discutir en 2015. Pero el contexto social cambió. La gente no piensa lo mismo que antes sobre la Corte. Aunque no vengan, van a tener que dar la cara”, dijeron.

A pesar de que el Frente de Todos cuenta con la mayoría necesaria en comisión para llevar el debate al recinto (16 diputados sobre 31), en el Gobierno reconocen que es prácticamente imposible reunir las voluntades para que se realice el juicio. Pero insistirán. El objetivo “realista”, dicen, no es destituir a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, sino empezar a “desnudar” a los magistrados ante la sociedad. “En los 90 la Corte tenía inmunidad, a pesar de que todos los medios denunciaban lo que hacían. Ahora es distinto”, dijo un funcionario nacional. “Vamos a empezar a echar luz, sin estridencias, y con argumentos, para ir redimensionando la reflexión social”, agregó un legislador que participa del armado.

Algunos asesores del Presidente hablan de que la discusión incluso exceda el actual mandato. “Tenemos tres años”, recordaron. Si el 10 de diciembre se produjera un cambio de gobierno, la embestida contra la Corte en el Congreso podría transformarse en uno de los ejes de la agenda de la -futura- oposición, contra una eventual administración Juntos por el Cambio. De todas formas, en el FDT evitan mencionar, quizá como cábala, la posibilidad de una derrota. “Estamos empatados, pero competititvos”, repiten.

Advierten, también, que la oposición “intenta confundir a la gente”. “Tratan al juicio político como si fuera un juicio penal. Y son cosas bien distintas, acá no se demuestran delitos, sino parcialidad, eso es el mal desempeño”.

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