Durañona, el senador que redactó el proyecto para ampliar la Corte, afirmó: “Con juicios políticos no vamos a resolver nada”

Días atrás, Infobae publicó el borrador del DNU del proyecto de reforma de la Corte Suprema que promueve el kirchnerismo ante el panorama gris que enfrenta en el Congreso de la Nación debido a la crisis política que tiene trabada la actividad en la Cámara de Diputados. El texto fue propuesto por el senador bonaerense del Frente de Todos y ex intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, quien desde hace tiempo viene reclamando una reforma judicial.

En diálogo con este medio, el legislador defendió su iniciativa, pero se despegó de la posibilidad de impulsar el juicio político contra los jueces del máximo tribunal porque, según su visión, no daría la respuesta necesaria a la sociedad: “La sensación que se va a generar es que es una puja por quedarse con una silla en la Corte”.

— Este proyecto de decreto de necesidad y urgencia es tuyo, pero vos lo presentaste como una ley. ¿De qué se trata?

— Tiene que ver con una propuesta de reforma judicial que hace mucho tiempo que la vengo planteando, desde los inicios del gobierno de Alberto Fernández e incluso algunas cuestiones con anterioridad. El formato obviamente está pensado para un proyecto de ley y así originalmente fue planteado, ante la preocupación que nosotros observamos en la Argentina respecto al mal funcionamiento del Poder Judicial en sentido amplio.

— Pero al final del día se termina convirtiendo en un decreto de necesidad y urgencia para ampliar la Corte Suprema.

— Luego de tres años donde no se ha podido avanzar, donde ahora observo algunos intentos de instalar la discusión respecto al funcionamiento de la autoridad máxima del Poder Judicial a través del juicio político… que me parece que no es lo que la sociedad está esperando, sino que lo que necesitamos es que la Justicia, el Poder Judicial, funcione como corresponde, bueno, sí, hemos conversado con algunos gobernadores para para darle el marco de un decreto de necesidad de urgencia que posibilite el debate profundo de este tema que, tarde o temprano, como marca la Constitución, va a tener que pasar por el Congreso.

— Si algo hace un decreto de necesidad y urgencia, más que posibilitar una discusión, es clausurarla. Las discusiones en el Congreso se dan justamente a través del trámite ordinario de sanción de las normas.

— No, no, hoy a partir de la reforma del 94 y con la ley que regula la bicameral, la Comisión Bicameral de DNU, todos los DNU deben ser rechazados o ratificados en el Congreso de la Nación.

— Pero la intervención del Congreso en la revisión de los decretos es posterior, con lo cual el DNU estaría vigente hasta que la Comisión se reúna. No es el verdadero debate parlamentario que la sociedad espera.

— No habría posibilidad de avanzar, no tendría sentido avanzar con la firma de esa reforma judicial si la mayoría de los gobernadores no están de acuerdo, con lo cual eso ya sería un principio de acuerdo político para desplegar esta discusión, desarrollarla y que luego se termine zanjando en el Congreso.

— ¿No estás de acuerdo con el juicio político?

— Con juicios políticos no vamos a resolver ni vamos a dar respuesta. Y obviamente la sensación que se va a generar es la que se termina instalando, que es una puja por quedarse con una silla en la Corte. Bueno, cuando planteamos ampliar, de algún modo también se está expresando la voluntad de, efectivamente, desplegar el poder que tiene un órgano tan importante, determinante, como es la Corte Suprema. Creo que eso es mucho más sano, junto con el otro paquete de reformas, que estar llevando adelante con un desgaste enorme en el último año de gobierno un juicio político a los miembros de la Corte.

— Vos reconocés también que hay cierta incompatibilidad entre, por un lado el juicio político y por el otro, la ampliación de la Corte por decreto. No parecen ser dos proyectos que vayan en el mismo sentido.

— No, no, no, no, no podrían ir en el mismo sentido.

— Pero entonces, ¿cuál es la explicación? ¿No sentís que están sometiendo a la sociedad a una discusión un poco de locos?

— Sí, es posible. Y soy consciente de que independientemente de este punto, en muchos de los aspectos de la política actual hay un divorcio cada vez más grande de las necesidades de la sociedad. Sí, por supuesto. Y creo que ese divorcio tiene que ver con que nosotros como dirigentes políticos no estamos poniendo arriba de la mesa con la honestidad suficiente los temas que la sociedad está esperando de nosotros, que discutamos y avancemos y modernicemos estructuralmente.

— ¿Pensás que reformar la Corte Suprema por decreto es un modo de contestar a las demandas de la ciudadanía?

— Pienso que una reforma judicial es una prioridad absoluta, que hoy no están dadas las condiciones para iniciar el debate parlamentario que requiere una reforma como la que estamos planteando y que el proyecto de DNU para que pueda prosperar requiere acuerdos de gobernadores donde están representadas ambas fuerzas políticas, lo que demostraría que hay un camino como para poder avanzar en esas reformas.

El 50% de los jueces de la Corte estaban dispuestos a ingresar por decreto, con lo cual que ahora se plantee como algo sagrado, que es absolutamente inviable que por DNU tenga acuerdo de mayoría de gobernadores donde están representadas las fuerzas políticas, pueda generar el inicio de un debate… En algún punto me parece un poco hipócrita e incoherente con la historia reciente de la Argentina, donde se han puesto jueces a dedo por decreto...

— Pero finalmente no se los designó por decreto, justamente porque era algo inviable y no era admisible desde el punto de vista del derecho. Entonces no es algo que ocurrió.

— Lo mismo cuando intentaron interpretar forzadamente el dos por uno a favor de los represores. Bueno, ahí hay uno. Hay un montón.

— Estamos de acuerdo en que fue un papelón, ¿pero qué tiene que ver eso con esto?

— No, tiene que ver con que…

— ¿Vas a nombrar papelones ajenos para justificar un decreto de necesidad urgencia para reformar la Corte?

— No, no, no, no son papelones ajenos. Digo que no recuerdo que haya habido una reacción de constitucionalistas y de medios especializados cuando se echó mano a DNUs que todavía están vigentes, insisto, por ejemplo la ley de medios.

— Sí generó. De hecho, tanto rechazo generó que no pudieron ser designados por decreto los jueces de la Corte y que el fallo Muiña hubo que darlo vuelta.

— No quiero con eso justificar que el DNU es la herramienta ideal para llevar adelante reformas profundas. Pero la verdad es que estamos frente a una oposición que hace poquito era gobierno y que echó mano de los DNU incluso para legislar en materias que están prohibidas por la Constitución. Y hoy se niegan a concurrir al Congreso poniendo como condiciones cuáles temas están dispuestos a tratar y cuáles no.

— ¿Cuál es la necesidad y urgencia que justifica un decreto de esta naturaleza para reformar la integración de la Corte Suprema? ¿Es que la oposición no les da quórum para tratarlo a través de un procedimiento normal de sanción de leyes?

— Exactamente. Que no están dadas las condiciones para que el Congreso sesione como corresponde o que no está dentro del período de sesiones ordinarias.

— Pero el estándar de necesidad de urgencia establecido por la Corte Suprema en una jurisprudencia pacífica desde hace 25 años es que tiene que haber circunstancias excepcionales que impidan que los legisladores vayan al Congreso (el equivalente a una guerra o un desastre natural).

— Hoy la oposición, que son quienes están pegando el grito en el cielo por la posibilidad de este DNU, son aquellos que utilizaron esa herramienta para cuestiones que no tienen nada que ver con reformas estructurales como la que nosotros estamos planteando y que, además, insisto, requiere del acuerdo de la mayoría de los gobernadores donde están representados ellos.

— En términos de la ciudadanía, ¿cuál es la explicación constitucional cuando el Congreso está sesionando? No hay circunstancias excepcionales ni una urgencia tal que no podamos esperar el trámite ordinario porque necesitemos una solución inmediata, que es el otro estándar de la Corte.

— Natalia, esa es tu mirada relativa de la situación. La respeto. Yo interpreto… y seguramente esté equivocado, pero es mi interpretación y te la digo con honestidad y con franqueza. No es de hoy, por eso es que se me ocurrió ayer, esto hace muchos años que lo venimos planteando. Sí hay una urgencia y hay un obstáculo enorme. De hecho, no se puede ni siquiera designar el miembro faltante de la Corte Nacional. Creo que si hay algo en la Argentina que es urgente y prioritario es avanzar en una reforma judicial, es avanzar en transparentar la Corte, en agilizar...

— Claro que es una necesidad urgente. Pero eso no quiere decir que cada vez que el Congreso no hace lo que al Presidente le parece, éste puede legislar por decreto. Esto es lo que vos estás sosteniendo.

— Pero el mismo argumento entonces se da para cuando la oposición tiene la mayoría y no concurre y no da quórum, ¿entonces queda paralizado el Congreso? Y sí, queda paralizado, es una herramienta constitucional.

— No es una herramienta constitucional. Es una herramienta reglamentaria, está establecida en el reglamento de las Cámaras.

— También está previsto en la Constitución el decreto de necesidad y urgencia.

— Pero con límites que ustedes no están cumpliendo. Necesidad y urgencia no significa “lo que a mí me parece que es urgente y la oposición no me da los votos”.

— No, lo que a mí me parece no. La política, la dirigencia política interpreta y, además, está arriba de la mesa esta necesidad imperiosa de trabajar respecto de reformas profundas en el Poder Judicial.

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