La inauguración de la Cumbre de la CELAC volvió a dejar en evidencia la afinidad que existe entre el gobierno argentino, hoy encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con las dictaduras que lideran el nicaragüense Daniel Ortega, el cubano Miguel Díaz Canel y el venezolano Nicolás Maduro.

En el discurso de apertura del evento que se realizó en Buenos Aires, el jefe de Estado anfitrión primero invitó a sus pares a luchar contra “los bloqueos” que sufren algunos países de la región: “Son un método muy perverso de sanción, no a los gobiernos sino a los pueblos. Por lo tanto, no podemos seguir permitiéndolo”.

El presidente argentino siguió su alocución, pero ya de forma más explícita: “Cuba lleva un bloqueo de más de seis décadas y eso es imperdonable. Venezuela padece otro tanto y nosotros tenemos que levantar nuestra voz... Creemos en la democracia, que está definitivamente en riesgo. Después de la pandemia, la ultraderecha se ha puesto de pie y amenaza a cada uno de nuestros pueblos. Nosotros no debemos permitir que esa derecha recalcitrante y fascista ponga en riesgo la institucionalidad de nuestros pueblos”.

El posicionamiento ideológico de Alberto Fernández se profundizó instantes después en su discurso: “Todos los que están aquí han sido elegidos por sus pueblos y sus pueblos los legitiman como gobernantes. Y por lo tanto, más allá de cómo cada pueblo decida, en la diversidad debemos respetarnos y en la diversidad debemos crecer juntos”. Una frase por demás llamativa si se repara en las características de los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

En representación de Nicaragua estuvo el canciller Denis Moncada; por Cuba participó el jefe del régimen Miguel Díaz Canel; y Venezuela envió como referente a su ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Daniel Ortega fue reelecto presidente en noviembre de 2021. El conteo oficial de votos arrojó un resultado sorprendente: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 75 por ciento de los nicaragüenses lo habían elegido. Sin embargo, para que eso suceda, Ortega y su esposa, la candidata a vicepresidente Rosario Murillo, debió “acomodar” algunos detalles para continuar con la suma del poder público.

Luego de la ola de manifestaciones populares de 2018 que pusieron en jaque a su gobierno y fueron brutalmente reprimidas con un saldo de alrededor de 400 muertos, Ortega dio comienzo a un proceso de persecución y purga política sin frenos ni reparos. Sus principales rivales o críticos -muchos de ellos políticos y periodistas que lo habían acompañado en la revolución sandinista- fueron encarcelados o debieron abandonar el país buscando exilio en otros países centroamericanos o en Europa.

Fueron tres años de acusaciones y armado de causas judiciales para impedir que alguna figura pudiera sobresalir por encima del veterano dirigente sandinista. Fue así como todos los candidatos presidenciales eran encarcelados a medida que iban presentando sus postulaciones.

Siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición fueron detenidos y acusados de “traición a la patria” y otros dos aspirantes disidentes se marcharon al exilio.

Varias naciones de América Latina, como Estados Unidos y países de la Unión Europea condenaron las detenciones y calificaron a las elecciones de “fraudulentas” y exigieron la liberación de los presos. Incluso, Washington emitió una serie de sanciones contra Managua por la brutal represión y falta de garantías que existían en el país.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó a finales de marzo de 2022 la creación de un grupo de expertos que, durante este año examinará los abusos cometidos en Nicaragua, bajo el mandato de Ortega, entre ellos también las detenciones de dirigentes opositores lo que impide un normal desarrollo de la democracia en ese país.

Asimismo, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó en abril de 2022 una nueva ley que endurece el control del régimen sobre las ONG, después de que en los últimos meses el régimen de Ortega haya ordenado cierres de organizaciones independientes apelando a supuestas irregularidades formales. El fraudulento Parlamento nicaragüense -votado junto a Ortega con amplia mayoría del FSLN- también dio ‘luz verde’ a una enmienda de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que regula el funcionamiento de las universidades, otro foco de preocupación para Managua.

Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 30 de noviembre pasado existían 235 presos políticos en Nicaragua. De esa fecha para acá se han producido aproximadamente una decena de capturas, por lo que se usa “más de 235 presos políticos” hasta que este organismo actualice el registro. De esa cantidad de presos políticos 225 fueron capturados a partir de abril 2018 y 10 de ellos estaban presos antes de esa fecha.

El Mecanismo está conformado por organizaciones de derechos humanos, de familiares de personas presas y excarceladas políticas, abogadas y abogados defensores de personas presas políticas, así como también de espacios de documentación y redes de activistas territoriales y digitales. 59 de los presos políticos permanecen recluidos en la cárcel policial (Dirección de Auxilio Judicial) conocida como El Chipote, 12 permanecen bajo el régimen de “casa por cárcel” y el resto están distribuidos en ocho edificios carcelarios del país.

Del total, 209 son hombres y 26 mujeres y 37 tienen más de 60 años. Unos de ellos sobrepasa los 80 años. Pero no sólo a políticos persigue Ortega. Miembros de la Iglesia Católica también padecen los resortes represivos del régimen. Catorce sacerdotes fueron apresados acuasdos de acciones subversivas.

Siete de los presos políticos fueron detenidos después de manifestar su inteción de ser candidatos de la oposición para competir contra Ortega en las elecciones de noviembre de 2021. Ellos son:

- Cristiana Chamorro Barrios: detenida el 2 de junio de 2021.

- Arturo Cruz: detenido el 5 de junio de 2021.

- Félix Maradiaga: detenido el 8 de junio de 2021

- Juan Sebastián Chamorro: detenido el 8 de junio de 2021

- Miguel Mora: detenido el 20 de junio de 2021

- Medardo Mairena: detenido el 5 de julio de 2021

- Noel Vidaurre: detenido el 24 de de julio de 2021

Cuba tampoco muestra signos de ser una democracia, como insinuó Alberto Fernández. Mucho menos se puede decir que sus habitantes votan libremente a los candidatos que quieren. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba es la que posee el poder político en la isla. Ese órgano es el encargado de seleccionar nada menos que a la cabeza del Poder Ejecutivo. En la actualidad, esa responsabilidad radica en Miguel Díaz-Canel.

Pero la elección de esa asamblea no es democrática, ni mucho menos libre. De acuerdo a la Constitución de la República de Cuba, existe un sólo partido político: el Partido Comunista de Cuba. Lo deja de manifiesto de manera explícita en su Artículo 5. Ninguna otra entidad o institución puede organizarse para formalizar una agrupación con fines políticos.

“El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos”, marca la Constitución.

Es decir, ninguna persona interesada en la vida política de su país podría promover su propia candidatura libremente por fuera del PCC. Cualquier manifestación en contra de este postulado constitucional es considerado ilegal.

La carta magna -redactada por primera vez en 1976 y luego modificada en 2019- ratifica las intenciones de los jefes revolucionarios por no apartarse en nada de los mandamientos comunistas pese a las protestas y las manifestaciones en contra del régimen: “El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable”, dice el texto.

Además de esta imposibilidad de presentarse libremente a una elección con un partido propio y con ideas diferentes a las que propone el estado, intentar los primeros movimientos políticos no será fácil. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) son los encargados de controlar que en las asambleas barriales no sobresalga nadie que lleve una voz de queja que luego pueda llegar a institucionalizarse e ir escalando. Es decir, si en esas asambleas populares alguno dice algo contrario a los postulados del régimen, será marcado y su vida política no prosperará.

Pero quienes tengan aspiraciones de algún tipo y finalmente puedan pasar ese primer filtro también estarán impedidos de hacer públicas sus propuestas. La Habana prohíbe que haya campañas electorales basado en un extraño argumento: todos los candidatos tendrán las mismas oportunidades. Oportunidades basadas en el silencio, desde luego.

Cuba es uno de los países con mayor cantidad de presos políticos. Con 29 nuevas detenciones en diciembre, en la isla ya se contabilizan 1057 prisioneros políticos, de acuerdo a la ONG Prisoners Defenders. Luego de las protestas de julio de 2021, la persecución se multiplicó y cualquier intento por manifestar un descontento es reprimido de inmediato con la cárcel.

El 10 de enero de 2019 Maduro asumió nuevamente la presidencia de Venezuela. Pero la validez y legitimidad de ese mandato era nulo. Para entender eso, hay que remontarse a las maniobras que el Palacio de Miraflores comenzó a ejecutar a partir de que la oposición ganó las elecciones parlamentarias de 2015. Un día antes del cambio de sus miembros, la Asamblea -con una mayoría chavista que perdería a partir de entonces- reformuló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para contar con más jueces que le respondieran. Fue un trámite exprés.

La primera medida que adoptó esta irregular instancia judicial fue impedir el normal funcionamiento del flamante congreso legislativo. De esta forma, cualquier ley aprobada por la Asamblea Nacional era impugnada por el Poder Ejecutivo y luego respaldada por el TSJ, que de inmediato suspendía su aplicación.

En marzo de 2017 se intentó el primero de los golpes contra la Asamblea Nacional. El TSJ chavista emitió una sentencia mediante la que se hacía cargo de las atribuciones legislativas por “desacato” de los legisladores. Sin embargo, la reacción internacional condenando el “autogolpe” y las manifestaciones masivas en las calles de todo el país -que dejaron más de un centenar de muertos por la represión-, forzaron al régimen a dar marcha atrás.

Maduro no se dio por vencido. Fue así que consiguió elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que reemplazaría a la elegida democráticamente. La conformación de ese nuevo cuerpo legislativo no sólo no contaba con representación distrital, sino que además el régimen chavista había dispuesto que se incluyera representantes del “poder popular” para engrosar su participación y asegurarse el control absoluto. La oposición no participó de la farsa.

De esta forma comenzó a funcionar un parlamento paralelo al que el Palacio de Miraflores sí tenía en cuenta.

En los siguientes comicios presidenciales, Maduro contaba con otra herramienta para garantizarse el poder. Los principales dirigentes de la oposición fueron impedidos de postularse, algunos presos, otros proscriptos y el resto, en el exilio. Esa manía de bloquear la participación electoral de los opositores con posibilidades de triunfo arrancó en los tiempos de Hugo Chávez y se profundizó durante el gobierno de su heredero político.

Los casos son numerosos: el más célebre fue el de Leopoldo López, ex alcalde de Chacao y líder de Voluntad Popular (VP) que estuvo preso tres años y medio en la prisión militar de Ramo Verde y que vive exiliado en España. Otro: Freddy Guevara, que había tomado las riendas de VP desde que López cayera en prisión y ganado relevancia en la Asamblea, el TSJ le quitó la inmunidad parlamentaria el 3 de noviembre de 2017.

Por la misma época también quedó inhibido por 15 años a cargos públicos Henrique Capriles de Primero Justicia, el hombre que estuvo más cerca de desalojar al chavismo de Caracas, cuando en las elecciones presidenciales de 2013 y tras un controvertido escrutinio, los resultados oficiales le otorgaron el 49,12% de los votos, a una distancia de apenas 1,49% de Maduro.

En las últimas “elecciones”, el régimen colocó mil y un trabas burocráticas para validar las listas y las candidaturas. Además de tener proscriptos a los dirigentes opositores con mayor potencia electoral, el chavismo diseñó otra ingeniería de dificultoso cumplimiento.

La ilegal Asamblea Constituyente decidió quitarles la personería a todos los partidos que no hubiesen participado de las anteriores elecciones municipales y estableció que para revalidar su legalidad debían presentar en pocas semanas planillas con las firmas certificadas de al menos el 5% del padrón electoral, una ingeniería imposible de afrontar en una Venezuela colapsada, donde los colectivos parapoliciales chavistas imponen el miedo en los barrios. Así, quedaron fuera de carrera las boletas de Voluntad Popular, Primero Justicia y la Mesa de Unidad Democrática, la alianza vencedora en las legislativas de 2015.

Pero además, cuatro millones de venezolanos fueron imposibilitados de presentarse a votar. El Consejo Nacional Electoral dio apenas 20 días para que se registraran los nuevos electores que no estuvieran inscriptos en el padrón, lo que incluía a casi dos millones de jóvenes en edad de votar por primera vez y una cifra similar de exiliados que debían validar sus nuevos domicilios ante las embajadas. Ambos eran núcleos fuertes antichavistas y la mayoría de ellos no llegó a registrarse.

Así, Maduro tuvo el camino libre para ser reelecto.