El cimbronazo político que ocasionó el pedido de licencia del ahora ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, afectado por las filtraciones de chats de su teléfono, puso en alerta a todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta. “Esto fue una muestra de lo violenta que va a ser la campaña”, dice un funcionario cercano al jefe de Gobierno. De hecho, el ex funcionario de seguridad no fue la única víctima. El diputado Diego Santilli, ex vicejefe de Gobierno, también fue hackeado con el mismo método. Recién luego del escándalo, las empresas telefónicas revelaron que las maniobras para entrar al teléfono de D’Alessandro arrancaron el 2 de mayo, cinco meses antes de la filtración, pudo saber Infobae. En el caso de Santilli, hubo cinco intentos.
El impacto de las filtraciones obligó a D’Alessandro a pedir una licencia. Los primeros chats revelaron conversaciones en torno a un viaje que el ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta había hecho a Lago Escondido en compañía de funcionarios judiciales y que derivó en una denuncia por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas. Le siguió otra tanda de conversaciones, entre las que estaban los diálogos con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en momentos en que estaba en discusión la composición y eventual reforma del Consejo de la Magistratura.
Pese a la conmoción que causaron estas filtracones, las medidas de seguridad adoptadas hasta ahora por los funcionarios porteños fueron iniciativas individuales. No hay un protocolo ni una bajada de línea sobre el buen uso de los celulares. “Tenemos que ser más precavidos y tomar medidas básicas como la verificación en dos pasos”, razonó un ministro de Larreta ante una consulta de Infobae. Justamente, un informe del Cuerpo de Investigaciones Judicial (CIJ) reveló que ese es uno de los mecanismos para prevenir el Swin Swapping, que consiste en tomar el control de una línea telefónica desde otro dispositivo, sin el consentimiento de su titular.
“Los que no teníamos Iphone nos pasamos porque es más seguro”, admitió otro funcionario de primera línea. Ese miembro del gabinete, según pudo saber este medio, cambió el teléfono unas horas después de la salida de D’Alessandro del gobierno.
Todas las medidas son individuales. No hay una estrategia orgánica. Algunos aseguran que, en parte, es por la forma de ser de Rodríguez Larreta, que le resta importancia al mundo del espionaje. “Viven paranoicos los que tienen doble discurso”, suele repetir el jefe de Gobierno.
El tema igualmente dominó las conversaciones privadas entre los funcionarios de la Ciudad durante la primera quincena de enero. Y también se trató en al menos una reunión de gabinete. “Vamos a hacer todo lo posible para que esto se esclarezca”, dijo Larreta en esa oportunidad. La investigación judicial, sin embargo, hasta ahora solo pudo determinar que el ataque a D’Alessandro se produjo desde Eldorado, en la provincia de Misiones.
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Las empresas telefónicas aportaron más datos. Los intentos para acceder al teléfono del ex ministro empezaron el 2 de mayo. En el caso de Santilli, hubo cinco intentos. “La mayoría fueron contra sus redes. Una vez intentaron tomar la línea pero no lograron responder las preguntas de seguridad”, contó un allegado. El ex vice jefe de Gobierno igualmente está más relajado porque tres semanas antes del hackeo había borrado todos los mensajes. “Se sentó arriba del teléfono y quebró la pantalla. Cuando cambió el aparato, no pudo hacer la copia de seguridad y solo recuperó sus fotos”, detalló esa misma fuente.
Tanto D’Alessandro como Santilli se enteraron de esos detalles recién después del escándalo. “Nunca nos notificaron, las telefónicas deberían revisar sus protocolos”, se quejó uno de los involucrados.
El hackeo al ex ministro de Seguridad ocurrió en octubre, un mes después del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner. D’Alessandro pensó que lo querían involucrar con ese hecho. Sin embargo, la primera filtración expuso el polémico viaje a Lago Escondido. “Esa filtración le dio verosimilitud a todo lo que vino después, si lo pensaron así estuvo bien hecho”, lamentó un funcionario porteño.
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Después de ese episodio, el ministro habló varias veces con Larreta. Pensaron que “la operación” había terminado. Pero la segunda tanda de filtraciones lo obligó a pedir una licencia. En esta oportunidad se filtraron supuestas conversaciones con Silvio Robles, con Silvia Majdalani (ex número dos de la AFI), y con Marcelo Violante (titular de Dakota, empresa de acarreo contratada por la Ciudad de Buenos Aires).
“Van a seguir saliendo chats si Larreta no lo echa a D’Alessandro”, repetía por esos días el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade en los canales de televisión. La profecía se cumplió.
Pasado el cimbronazo, en el Gobierno porteño defienden la estrategia. “Había una sangría diaria que estaba dañando a todo el Gobierno, la licencia no fue un mal camino”, razona un asesor del jefe de Gobierno.
Al margen de las investigaciones judiciales, D’Alessandro también está dedicado a armar el rompecabezas. El 3 de enero, cuando se tomó licencia, dijo que quería alejarse de la función pública para “preparar la defensa” y “desarticular estas operaciones infames a las que pretenden someternos”. “Marcelo se está ocupando de su familia y quiere limpiar su nombre”, cuentan sus allegados.
Por el momento, el ministerio de Seguridad quedó en manos del jefe de Gabinete, Felipe Miguel. Su primera decisión fue ratificar a las máximas autoridades de la Policía de la Ciudad, firmar los ascensos de cada año, y nombrar a Elizabeth Caamaño, una funcionaria de carrera, como secretaria de Seguridad. “No se tocó casi nada, la mayoría de los funcionarios siguen en sus puestos”, ratificó una fuente de esa cartera.
Mientras se acomoda a la rutina de tener dos oficinas, Felipe Miguel se muestra activo en todas las actividades vinculadas a la seguridad.
Tras el cimbronazo, el gabinete volvió a entrar en “modo campaña”. “No terminan de entender la dimensión de lo que pasó”, se lamenta un integrante de la coalición que gobierna la Ciudad.
El fallo del juez Sebastián Ramos, que archivó una de las causas abiertas por la filtración de los chats de D’Alessandro y Silvio Robles, fue festejado por un sector del Gobierno porteño. “Es muy fuerte el contenido del fallo, esto va a tener impacto en las otras causas aunque siempre supimos que todas se iban a caer porque es todo ilegal”, reaccionó un funcionario minutos después de conocerse la noticia. En su escritorio, tenía impresas las noticias de los portales dando cuenta del fallo.
Ramos firmó la resolución tras un dictamen del fiscal Carlos Stornelli, quien sostuvo que no podía abrirse una causa con una prueba ilegal. “No pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, sostuvo el juez.
“Cada vez queda más claro que fue una operación de hackeo y montaje. Lo que pasó es el resultado de las mafias que siguen vigentes. Tenemos plena confianza que se va a clarificar la situación”, dijo ayer a este medio el secretario general de la Ciudad, Fernando Straface. Aunque son minoría, también hay funcionarios que se muestran más pesimistas sobre el futuro del ex ministro de Seguridad. Hasta lo acusan de haberle “mentido” al jefe de Gobierno cuando se filtraron los mensajes de Lago Escondido.
La respuesta de la Justicia será clave. “Los jueces saben que hay límites que no se pueden cruzar”, dijo un funcionario que tiene contactos con la Justicia federal.
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