El Congreso sólo aprobó el 15% de los proyectos enviados por Alberto Fernández en sesiones extraordinarias

La novela del Gobierno con las sesiones extraordinarias del Congreso puede convertirse este verano en una historia sin final feliz. Desde que asumió, Alberto Fernández convocó todos los años a diputados y senadores para que trabajen fuera del período ordinario pero, como le ocurrió en varios ámbitos, su apoyo parlamentario se diluyó con el paso de su gestión.

El pedido de juicio político a los jueces de la Corte Suprema amenaza con dejar, como ya ocurrió el año pasado, sin aprobar todos los proyectos que propone la Casa Rosada para estas sesiones extraordinarias. Como si fuera una curva que supo ascender en los primeros dos veranos de su gestión, pero que ahora parece en caída libre, sin diálogo con una oposición que ya advirtió que bloqueará cualquier iniciativa del oficialismo mientras continúe el avance contra el máximo tribunal judicial.

El Gobierno había logrado aprobar, hasta el anterior período de extraordinarias, el 15,7% de los proyectos que le había pedido tratar al Congreso, según los datos relevados por la organización Directorio Legislativo. El Presidente sólo logró consenso para aprobar diez leyes de las 61 que envió en sesiones extraordinarias durante toda su gestión, un número que también incluye iniciativas más formales que políticas, como la autorización para el movimiento de las Fuerzas Armadas.

Alberto Fernández convocó a extraordinarias en todos los años en los que lleva al frente del Poder Ejecutivo, aunque con resultados muy dispares. En su primer año de gestión, la convocatoria fue un éxito (en el período de diciembre 2019 a febrero de 2020) ya que el Congreso aprobó seis leyes sobre un total de ocho proyectos presentados.

Pero el interés fue en baja en el verano siguiente: el Gobierno convocó al Congreso a tratar 35 proyectos, pero solo cuatro fueron aprobados, apenas un 11%. El año siguiente fue peor. La Casa Rosada envió un temario con 18 proyectos entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, pero ninguno fue aprobado. Los 27 proyectos enviados por el Poder Ejecutivo esta semana, que incluyen más iniciativas judiciales, pero también leyes sobre temas económicos, podrían quedar sin tratamiento ante las diferencias políticas que agudizaron el pedido de juicio político.

“Será complejo para el oficialismo construir los acuerdos necesarios para lograr el quórum y, por lo tanto, sancionar alguna ley en este período extraordinario. En primer lugar, hay diferencias con la agenda en materia de justicia que plantea el oficialismo, pero también con la vocación de la oposición de distinguirse como una opción electoral alternativa para este 2023″, explicó Leandro Domínguez, analista de la organización Directorio Legislativo.

El juicio político a la Corte Suprema no hizo más que acentuar los inconvenientes que tiene el oficialismo para juntar los votos necesarios ante cada iniciativa que necesita el Gobierno. Sin una mayoría consolidada, el kirchnerismo hace equilibrio entre sus diferencias internas y los apoyos ocasionales que puede conseguir entre los bloques minoritarios en la Cámara de Diputados.

Sin considerar 2020, el año más crudo de la pandemia, 2022 fue uno de los períodos de peor producción legislativa de Diputados. El primer año no electoral posterior al Covid estuvo lejos de lo esperado: se sesionó 14 veces en todo el año y apenas se aprobaron 37 nuevas leyes. Lejos de las elecciones, los años pares suelen marcar el ritmo en el Congreso, con un alto volumen de dictámenes y debates en el recinto, pero el año pasado fue uno de los más complicados para el oficialismo.

Para estas sesiones extraordinarias, el Gobierno volvió a insistir con proyectos de la agenda judicial, un tema siempre sensible, que incluye otras iniciativas también polémicas como la ampliación de la Corte, la modificación del Consejo de la Magistratura y el nombramiento de un nuevo Procurador General.

“Más allá de la estrategia de Juntos por el Cambio de no debatir propuestas, el oficialismo tiene margen matemáticamente para construir el quórum con el respaldo de otros espacios opositores. Sin embargo, para eso serán determinantes los puentes que puedan tender los principales referentes del oficialismo, como los diputados Germán Martínez o Cecilia Moreau, con los legisladores de las fuerzas opositoras alternativas”, insistió Domínguez.

Ante este escenario complicado para el oficialismo, Sergio Massa aparece como uno de los principales perjudicados si esta agenda judicial finalmente bloquea al resto de los proyectos enviados por el Ejecutivo. Como informó Infobae, ese temario que incluye 27 iniciativas fue armado en consenso entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y ministro de Economía, que se preocupó por agregar iniciativas que considera clave para las cuentas del Estado.

El tigrense está pendiente de proyectos de ley como la reforma del funcionamiento del Indec, clave en la lucha contra la inflación; un blanqueo que fue catalogado como “Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado”, la licuefacción del Gas Natural Licuado, un régimen de fomento al desarrollo agroindustrial y modificaciones en la legislación para prevenir el lavado de dinero, entre otros.

El oficialismo sólo pudo aprobar proyectos en sesiones extraordinarias en los primeros dos veranos de la gestión de Alberto Fernández. Sobre las diez leyes que fueron aprobadas en estos períodos, hubo iniciativas que pasaron desapercibidas, pero otras que marcaron la agenda política de esos veranos. El Senado aprobó en febrero de 2020 el proyecto que declaró de interés prioritario la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, que fue un espaldarazo para el entonces ministro Martín Guzmán, autor del proyecto, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional.

El Senado también aprobó en febrero de 2020 la Ley de Góndolas, una iniciativa que limita el espacio en los supermercados de marcas de un mismo grupo económico y garantiza, al menos, un 25% del espacio para la exhibición de productos de pequeñas y medianas empresas nacionales.

El verano de 2021 también estuvo marcado por una ley vinculada a la deuda externa. La Cámara de Diputados aprobó en febrero de ese año la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, también impulsada por el entonces ministro Guzmán, que establece que el endeudamiento que tome el Poder Ejecutivo en moneda extranjera deberá ser previamente aprobado por el Congreso.

El oficialismo también logró sacar en 2021 otra ley para reactivar una economía que todavía estaba hundida por el impacto de la pandemia. Se aprobó la ley de incentivo a la construcción que permitía el blanqueo de capitales sin declarar tanto en el país como en el exterior para realizar obras nuevas o retomar las que estaban por debajo del 50%. Además, se establecieron otros beneficios como la exención del impuesto sobre Bienes Personales sobre el valor de las inversiones realizadas.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

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