El Sindicato de Comercio acordó una fuerte revisión salarial para cerrar su paritaria anual

El aumento firmado por el gremio de Armando Cavalieri llegará al 101% en el período 2022-2023 y se pagará en dos tramos. Ahora deberá afrontar el desafío de aceptar o no la pauta del 60% para este año que impulsa el Gobierno

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Los sindicalistas Armando Cavalieri y Carlos Pérez firman con los empresarios la revisión de las paritarias 2022-2023
Los sindicalistas Armando Cavalieri y Carlos Pérez firman con los empresarios la revisión de las paritarias 2022-2023

Más de un millón de trabajadores se verán beneficiados con el cierre de la paritaria 2022-2023 de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, que firmó esta tarde con las cámaras del sector un aumento anual del 101% a partir de un incremento del básico de convenio, que elevará el piso salarial de $139.000 a $182.700.

El acuerdo, que fue rubricado en el Ministerio de Trabajo entre el sindicato y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), contempla que la mejora del básico de convenio se pagará en dos tramos e incluirá el presentismo: en febrero será de $165.900 y en marzo, de $182.700, en ambos casos remunerativos.

Ahora que está cerrada la revisión de la paritaria del período abril 2022-marzo 2023, el gremio mercantil afrontará el desafío de adaptarse a la pauta salarial del 30% semestral o del 60% anual que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa, como parte de su estrategia antiinflacionaria.

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Armando Cavalieri, Carlos Pérez y la ministra Kelly Olmos, en la firma de las paritarias de Comercio
Armando Cavalieri, Carlos Pérez y la ministra Kelly Olmos, en la firma de las paritarias de Comercio

“Una vez más hemos logrado que el salario de los trabajadores de Comercio acompañe el incremento de los precios y cerramos la paritaria anual por encima de la inflación”, destacó Cavalieri, quien agregó: “Es muy importante contar con el acompañamiento de las cámaras empresarias y a los empresarios, con quienes, con mucho esfuerzo y en este contexto difícil, acordamos primero adelantar en agosto el incremento del 10,5% previsto para enero de 2023, producto de la aceleración de los precios, y dispuestos al diálogo para establecer revisiones y seguir la evolución de los precios”.

Aunque Massa alienta una pauta del 30% para el primer semestre, con revisión en junio, la reacción de los gremialistas oscila entre la aceptación silenciosa y el rechazo a cualquier tope salarial.

La propia CGT se muestra dividida respecto del nuevo techo de las paritarias El secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA), de muy buen diálogo con Massa, dejó sentada el viernes pasado su oposición al 30% de aumento semestral o al 60% anual que promueve el Gobierno: advirtió que “las paritarias son libres y soberanas de cada sector” y que “la CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste”. Una postura distinta que la de Roberto Fernández, secretario de Medio Ambiente de la CGT, que como titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) está a punto de firmar un acuerdo del 31% por seis meses y le dijo al diario La Nación: “Tenemos que colaborar para bajar los costos y la inflación”.

Armando Cavalieri y Carlos Pérez, en la firma de la paritaria 2022-2023
Armando Cavalieri y Carlos Pérez, en la firma de la paritaria 2022-2023

No sorprendió la oposición de un filokirchnerista como Mario Manrique (SMATA), secretario Gremial de la CGT, quien resaltó: “Para que el Estado me ponga un techo de paritarias me tiene que garantizar que los precios no se van a mover más allá de ese porcentaje”. Pablo Moyano, su aliado en el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), más cercano a Cristina Kirchner, está haciendo su aporte a la estrategia salarial de Massa al no atacarla frontalmente.

No sólo eso: el hijo de Hugo Moyano puso un grupo de choque a controlar los precios en los supermercados tras reunirse con el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Esa estrategia fue duramente criticada por la oposición y derivó en causas penales contra Alberto Fernández por recurrir a Camioneros para fiscalizar el abastecimiento de productos: para Elisa Carrió, una de las que firma la denuncia de la Coalición Cívica, el Gobierno apeló a “un verdadero grupo paraestatal de intimidación y eventual choque” para hacer efectivo el control de precios.

El propio Hugo Moyano difundió esta mañana una declaración en la que acusó a dirigentes opositores y a medios periodísticos de “demonizar al movimiento obrero” con sus críticas a la colaboración de su sindicato al control de precios y destacó que “el objetivo es combatir la inflación”.

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