Los controles de precios que realiza el Gobierno para que se cumpla el programa Precios Justos continuarán pese a las críticas que desataron en representantes de la oposición y de las voces de protesta que empiezan a manifestar algunos empresarios que son dueños de supermercados. Algunos gremios, como los de Camioneros y de Comercio, más los militantes de las organizaciones sociales afines al oficialismo y los inspectores municipales de intendencias del Conurbano y del interior del país, seguirán colaborando y monitoreando que no haya faltante de productos en los centros de distribución y en las góndolas.
“Hicimos tres operativos en grandes cadenas la semana pasada porque nos decían que había problemas. Nos basamos en las denuncias. Generalmente los supermercados son los que más nos informan si hay algún producto que no les está llegando”, explicaron a Infobae fuentes de la Secretaría de Comercio, a cargo de Matías Tombolini.
También sostuvieron que “todavía se están evaluando los resultados de esas inspecciones para saber si el abastecimiento quedó asegurado”. Por eso, para esta semana “no hay programados” otros operativos. En la cuenta de Twitter de la Secretaría que orienta Tombolini se publicó el 13 de enero que se habían hecho “controles en los centros de distribución de Carrefour, Coto y Cencosud”. En esta última cadena están los supermercados Jumbo, Disco y Vea.
“De ninguna manera habrá una tregua”, sostuvo una fuente de las organizaciones sociales sobre la ayuda que están proporcionando al Gobierno. “Seguimos colaborando como hasta ahora”, dijeron. Tanto desde Barrios de Pie, como del Movimiento Evita y de otros movimientos nucleados en la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) enviaron a sus militantes a explicar y difundir el uso de la aplicación “Precios Justos” que permite efectuar la denuncia correspondiente si alguno de los 1.800 productos incluidos en el programa están faltando en las góndolas. Ahora concentrarán sus esfuerzos en los centros turísticos, principalmente en la Costa Atlántica.
Una de las mayores polémicas se produjo por el rol del sindicato de Camioneros, cuyo secretario adjunto es Pablo Moyano, en la fiscalización que ejerce la Secretaría de Comercio. El gremialista aclaró a la agencia Télam que ese sindicato no tiene “poder de sancionar ni de clausurar un supermercado”, sino “solamente de notificar a los inspectores de la Secretaría de Comercio si salen 10 camiones de ´x´ producto del centro de distribución”, para evitar que se “produzca la especulación y encanuten la mercadería para después revenderlas con otro precio”.
Desde el entorno de Tombolini remarcaron que Camioneros realiza tareas de acompañamiento en los operativos en los centros de distribución: “Se controlan los camiones que salen de ahí con mercadería. No están yendo a las góndolas”, advirtieron. En ese mismo sentido insistieron en señalar que “el rol del Estado es indelegable, de ninguna manera quienes colaboran son una autoridad de aplicación””.
“Nosotros nos pusimos a disposición de la secretaría de Comercio porque trabajamos allí, en los centros de distribución. Tenemos compañeros que están ahí hace 20 o 30 años y saben como funciona el tema con los supermercados. Informamos si salen 10 u 8 camiones de cada centro de distribución y si después a los supermercados solamente llegan 2. Ahí tenemos un problema, y le toca al Gobierno solucionarlo”, dijo Moyano esta mañana en diálogo con C5N.
“No queremos que 4 o 5 vivos le roben el plato de comida a millones de argentinos. Encanutan la mercadería, la esconden”, denunció el gremialista, quien también criticó con dureza los cuestionamientos de los políticos enrolados en la oposición. “Nunca la oposición resaltó el papel que tuvimos durante la pandemia, cuando mientras muchos de ellos estaban en sus casas, nosotros poníamos el pecho en las rutas de todo el país para que a nadie le faltara nada”, afirmó.
En los próximos días, además, “habrá más convenios con municipios para que pongan sus inspectores a controlar”, de acuerdo a una fuente del ministerio de Economía. Citan como ejemplo que, con ayuda de intendentes, efectuaron hace dos semanas un relevamiento en una importante cadena de supermercados que incluyó 374 sucursales de todo el país.
Mientras tanto, sumándose a las críticas de la oposición, el titular de la Federación Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli, sostuvo en CNN Radio que si los gremios continúan participando de los controles de precios hay cadenas del sector que piensan “bajarse del programa de Precios Justos”.
“Lo vemos con preocupación. Estas situaciones alejan la posibilidad de que distintas cadenas se sumen al programa, incluso las adheridas buscan bajarse porque se desalientan por este tipo de situaciones a las que nos exponen”, expresó.
Y agregó: “Queremos acompañar, pero evidentemente se necesita de la seguridad de la provisión de la mercadería de parte de la industria. Lejos está de nuestra parte la intención de acaparar y no vender”.
Según precisó la secretaría de Comercio, existe un incumplimiento cercano al 34% en los supermercados, situación que, según señaló ayer el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, se debe a que productos faltantes “van a otros canales que no tienen el acuerdo” de Precios Justos, como los comercios de cercanía y almacenes.
El acuerdo firmado de Precios Justos es hasta fines de febrero, pero ya se negocia extenderlo por unos meses más e incluso hasta fin de año. Incluye a más de 10 sectores (no solo el alimenticio, sino también el textil, el calzado, higiene y limpieza), 358 empresas, 12 cámaras y la intervención de sindicatos.
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