Jorge Capitanich pidió que Alberto Fernández utilice un DNU para evitar el bloqueo opositor en el Congreso

En medio del fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición por el pedido de juicio político que impulsa el Gobierno nacional contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, planteó hoy que el presidente Alberto Fernández utilice el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar el bloqueo en el Congreso que anticipó la coalición opositora en relación a las iniciativas que impulsa el Ejecutivo en sesiones extraordinarias.

“(Los proyectos) tiene que contar con el máximo consenso, pero si no hay ese consenso, por el consenso social y ciudadano que tienen hay que ir y trabajar por la instrumentación a través del decreto de necesidad y urgencia”, consideró el mandatario provincial. subrayó el gobernador de la provincia de Chaco en declaraciones radiales.

“Uno está observando que este bloqueo político institucional de Juntos por el Cambio respecto al no tratamiento de otras iniciativas legislativas para generar el bloqueo respecto al juicio político, denota claramente la connivencia”, señaló Capitanich en diálogo con El Destape Radio.

De esta manera, Capitanich se mostró en contra de la advertencia lanzada desde la oposición el martes de la semana pasada, luego de una reunión virtual que mantuvo la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, y en la que se definió que la coalición trabará en la comisión y en el recinto el embate oficialista contra la Corte Suprema.

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El temario de Sesiones Extraordinarias, previstas del 23 de enero y el 28 de febrero, se oficializó el pasado viernes: incluyó el pedido de Juicio Político contra la Corte Suprema, el principal foco de conflicto con la oposición, el proyecto de ampliación de miembros del Máximo Tribunal y un paquete de iniciativas económicas, como la actualización de la ley de Presupuesto General de gastos y cálculos de la administración nacional, medida que se da en el marco de la discusión con la Ciudad de Buenos por los fondos de coparticipación. La Corte recientemente ordenó restituir el porcentaje que el Gobierno porteño tenía antes de la pandemia.

Además, se debatirá la designación de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación, un asunto que viene en agenda desde los primeros tiempos de la gestión actual. Con respecto a los proyectos vinculados a la economía, se incluyó el nuevo blanqueo de capitales, mediante el cual se busca crear un régimen especial de “declaración voluntaria” de ahorros no declarados que alcanzará a personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, incluidas las modificaciones dispuestas en diciembre de 2019.

El proyecto de “Exteriorización del ahorro argentino para sostener el cumplimiento y cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional” abarcará las tenencias en moneda nacional o extrajera, tanto en el país como en el exterior, activos financieros, bienes muebles e inmuebles y otros bienes situados en el país y en el exterior, incluyendo créditos vigentes.

La recaudación total tiene como asignación prevista un 20% a un “Fondo específico” para pago de la deuda con el FMI, otro 20% será para subsidios a las Mipimyes, otro 20% a financiar becas del plan Progresar y un 40% a programas y proyectos que aprobados por la Secretaría de Energía “para la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural”.

Como estaba previsto, se incluyó el proyecto de Ley tendiente a introducir modificaciones en la legislación vigente, vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos (LA), la Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP).

Además se incorporó en el temario el proyecto de reforma para darle más autonomía al INDEC. En efecto, se busca que el Poder Ejecutivo designe al director del organismo con acuerdo del Senado, mientras que el director técnico deberá ser nombrado tras un concurso público.

Por otra parte, el Gobierno buscará tratar en Extraordinarias el marco regulatorio para el desarrollo de GNL y de hidrógeno como fuentes de energía y que incluiría un programa de estabilidad fiscal con un horizonte de treinta años y reglas para las inversiones en ese sector.

También se incluyó la nueva moratoria para jubilados que beneficiaría a una 800 mil personas; el monotributo tech que apunta a que exportadores de servicios y gamers puedan facturar al exterior y contar con sus divisas sin necesidad de liquidarlas en el mercado oficial. El rango de profesionales que podría quedar incluido en un esquema de monotributo como el que espera poder aprobar el oficialismo en el Congreso es amplio, ya que iría desde los programadores hasta otros que no están relacionados de forma tan directa con la tecnología, como artistas o guionistas que tienen clientes en el exterior. Con el monotributo tech podrían así enviar sus facturas a su empleados o clientes en el exterior.

Entre las iniciativas incluidas en el decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno sumó el “Proyecto de ley del Régimen de Fomento al desarrollo agroindustrial federal, inclusivo, sustentable” que tiene como objetivo el desarrollo de la cadena sectorial con la promoción de inversiones, la creación de 700.000 puestos de trabajo hasta 2030 y la incorporación de tecnología.

Entre otros temas que serán debatidos en el ámbito parlamentario se sumaron: la ley de tránsito, para incluir la alcoholemia cero; el sistema nacional de residencias de equipos de salud; el plan de desarrollo de ciencia, tecnología e innovación, y la promoción y fomento tecnológico; los proyectos para modificar la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad; el abordaje integral de la violencia institucional en materia de seguridad y en el servicio penitenciario.

Además, el temario incluye el régimen previsional diferencial para trabajadores que se desempeñan como combatientes de incendios forestales o rurales; la creación del parque nacional y reserva Laguna El Palmar; del área marina protegida del Agujero Azul, y de universidades nacionales; la sustitución de artículos de la ley sangre humana; la contención y acompañamiento de personas que reciben un diagnóstico de síndrome de down, y la digitalización de las historias clínicas.

El diputado nacional por el Frente de Todos Carlos Heller también opinó sobre el planteo de Capitanich y remarcó que “el concepto del DNU tiene que responder a esta idea de la necesidad y la urgencia”. En este sentido, amplió: “Uno podría decir ‘bueno, si el Parlamento no funciona, está dada la necesidad y la urgencia porque hay cosas que resolver que no se están resolviendo’. Ahora, la experiencia muestra que cuando se resuelve por decreto, al ratito hay un juez que hace lugar a un amparo y deja la medida sin aplicar. Como por ejemplo el tan mentado decreto por el cual se declaraba de interés público los servicios de internet”.

Durante una entrevista que le concedió a El Destape Radio, el presidente del Banco Credicoop dijo que “tenemos un real problema sobre ese funcionamiento que torna inapelables esa decisiones e inaplicables muchísimas de las políticas que el Gobierno intenta llevar a la práctica”.

El pedido de juicio político que encabeza la administración de Alberto Fernández contra Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “mal desempeño de sus funciones” surgió a partir del fallo sobre la coparticipación que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires y desencadenó la crisis entre el Gobierno y la Justicia.

“Nosotros hemos planteado una injerencia indebida de la Corte Suprema, dándole una categoría a CABA que no la tiene, y generando a través de un criterio antojadizo un procedimiento que en realidad profundiza asimetrías”, argumentó Capitanich, en sintonía con la decisión del Ejecutivo. Y en la misma línea, opinó: “Lo que ha hecho la Corte es bochornoso. Voy a ser testigo y eso significa que el 23/01 se generarán las condiciones para la fijación de la agenda”.

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Sobre el curso parlamentario de la embestida contra la Corte, legisladores del Frente de Todos adelantaron que la labor de la Comisión de Juicio Político comenzará en la Cámara de Diputados el próximo jueves 26 de enero. Si bien los cuatro integrantes del máximo tribunal no están obligados a presentarse -el artículo 250 del Código de Procedimientos Penal habilita la declaración por escrito para “los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias”-, el presidente Fernández considera que deben concurrir a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para ejercer su derecho de defensa.

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