El Frente de Todos quiere expropiar el laboratorio que recibió subsidios millonarios y quedó involucrado en la compra de gel íntimo

Luego de inyectar fondos estatales durante al menos tres años, el Frente de Todos propuso ahora la expropiación del laboratorio Roux Ocefa, administrado desde 2018 por la cooperativa Farmacoop. La iniciativa está firmada por más de veinte diputados oficialistas y propone que el Estado se quede con todos los bienes del laboratorio, actualmente en proceso de quiebra, y luego los ceda en comodato a la cooperativa. Los ex trabajadores del laboratorio, que todavía esperan cobrar sus indemnizaciones, aseguran que nunca fueron consultados por los autores del proyecto y denuncian que van a ser los principales perjudicados.

Concretamente, el proyecto propone expropiar cuatro inmuebles y aquellos bienes que quedan en poder del laboratorio. Eso incluye más de 100 certificados para poder fabricar medicamentos, un capital millonario en el mundo de la salud.

El resto de los bienes ya se subastaron, pero el dinero está retenido en una cuenta bancaria por decisión del juez de la quiebra. Se trata de unos campos en Luján, valuados en USD 800 mil, un edificio en Bahía Blanca, y otro inmueble en la calle Montevideo valuado en USD 1,5 millón.

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Luego de expropiar, el proyecto plantea que los bienes queden en manos de la cooperativa Farmacoop, siempre y cuando esa organización “dirija parte de su capacidad productiva a cuestiones estratégicas en salud pública en articulación con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” y “dé continuidad a las actividades sociales, educativas y de investigación que en estos inmuebles se desarrollan”.

En los fundamentos, la iniciativa presentada en el Congreso admite que hasta ahora la cooperativa no pudo transformarse en un proyecto exitoso y que la empresa va camino a la quiebra. “Lo logrado es insuficiente. A pesar de la dimensión del recupero y la importancia de los proyectos encarados, el futuro mediato de esta empresa es la liquidación por aplicación estricta del art. 190 de la Ley 24.522 (LCQ)”, dice el proyecto.

Aunque casi no produce, Farmacoop sigue recibiendo ayuda estatal a través del Plan Potenciar Trabajo. “A los integrantes de la cooperativa se les paga una parte del salario (con el plan)”, admitió a Infobae Eduardo “Vasco” Murúa, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. Esa situación se viene repitiendo desde 2020. Son unos $25 millones anuales.

A eso se suman dos subsidios puntuales otorgados por funcionarios del Movimiento Evita, tal como reveló este medio. El primero, de $5.672.962, fue aprobado en 2020 por Emilio Pérsico, en su calidad de secretario de Economía Social. Y luego se sumó el titular del INAES, Alexander Roig, con otros $10 millones para “la realización de obras y adquisición de maquinarias para aumentar la producción del primer test rápido de detección de COVID de producción nacional”.

Llamativamente, Farmacoop también administró $50 millones entregados por Desarrollo Social. Ese dinero era para otras 16 cooperativas que no tenían vinculación con el laboratorio. Murúa asegura que fue por única vez. Los datos están en poder de la Justicia.

El proyecto de expropiación se presentó a fin de año y fue girado a cuatro comisiones: Asuntos Constitucionales, Legislación General, Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones no Gubernamentales, y de Presupuesto y Hacienda. Entre los más de veinte firmantes aparecen Tomás Ledesma, María Rosa Martínez, Hugo Yasky, Julio Pereyra, Vanesa Siley, Daniel Gollán (ex ministro de Salud bonaerense), Juan Carlos Alderete, y el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, uno de los primeros en visitar y promocionar a la cooperativa Farmacoop.

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Para los diputados, la expropiación está justificada porque se trata de una empresa estratégica. “El carácter estratégico no está dado por la actividad farmacéutica en sí misma, sino por la posibilidad de alcanzar ciertos resultados farmacéuticos a partir de la articulación público- privada”, dice el proyecto.

Durante la pandemia, Farmacoop fabricó barbijos, alcohol en gel, y un test rápido para detectar el Covid-19 que fue ampliamente promocionado por medios oficialistas pero no tuvo éxito comercial. Ahora fabrica una crema hidratante (Aqualane) y apuesta todo su futuro a un convenio con otro laboratorio, Lafedar. “Hay que darle tiempo, dentro de unos años va a ser un proyecto exitoso”, dice Murúa, uno de los principales impulsores del proyecto.

Del otro lado, unos 170 ex empleados aseguran que el proceso de quiebra viene muy lento y que todavía no pudieron cobrar sus indemnizaciones. Sobre el proyecto de expropiación, se quejan que no fueron consultados y aseguran que beneficia solo a la cooperativa. “Queremos una expropiación que incluya a los ex trabajadores, un verdadero proyecto estatal dedicado a promover, preservar, atender la salud pública para garantizar un derecho humano, no para enriquecer a un grupo de vivos”, asegura uno de los representantes de los ex empleados. Y agrega: “No queremos el control de la empresa en manos de la cooperativa. No podríamos trabajar con ellos como administradores. Nos echaron por la fuerza”.

La cooperativa Farmacoop se hizo cargo del laboratorio a fines de 2018. Pero recién trascendió públicamente hace dos semanas por una iniciativa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para comprar 1 millón de potes de gel lubricante íntimo, a un valor de $500 millones.

Los responsables de la cooperativa aseguran que no tienen capacidad para fabricar ese producto y que solo presentaron un presupuesto de referencia. “No hay ninguna adjudicación a la cooperativa. Solo hicimos un precio de referencia porque nos pidieron (del Ministerio de Salud) pero no estamos en condiciones de producir ese producto ni esa cantidad. Deberíamos tener permiso que no tenemos. Es ilógico todo lo que se dijo. Alguien debería explicar por qué pasó esto”, se quejó Eduardo Murúa ante Infobae.

Fuentes de la cartera que dirige Nicolás Kreplak ratificaron que Farmacoop solo presentó un presupuesto y que la licitación todavía no está en marcha. “Se va avanzar con el proyecto porque hay que cumplir una ley. Si no se compra el gel, el Estado está incumpliendo en su deber. Lo que hizo Farmacoop es poner un precio de referencia”, explicó un vocero.

El presupuesto de Farmacoop, presentado el 26 de octubre pasado, es parte del expediente administrativo y se utilizó para fijar el precio final. De hecho, las autoridades de Salud autorizaron a fin de año una partida de $500 millones, la misma cifra que propuso la cooperativa. Pero los interrogantes persisten. ¿Por qué Salud convocó a una cooperativa sin experiencia y que además no está inscripta en el registro de proveedores? ¿Para qué se presentó Farmacoop si no iba a ser parte de la licitación?

“Era mucho más simple hacer un llamado a cualquier proveedor habitual para tener un precio de referencia”, razonó una fuente del mercado farmacéutico.

Al margen de esa polémica, en el expediente judicial se sigue discutiendo si Farmacoop tiene la cantidad de empleados que requiere la ley de Quiebras.

Cuando empezó la crisis, el laboratorio tenía más de 400 empleados pero al momento de dictarse la quiebra ya había bajado a 179. “El síndico expuso varias veces que la cooperativa nunca logró tener los 2/3 de los ex empleados que exige la ley de quiebras y hasta presentó datos de asociados que no pertenecían a la empresa al momento de la quiebra. Pero el juez sigue otorgando prórrogas para que funcione”, apunta un empresario que conoce los detalles de la trama.

Antes de la feria judicial, el juez de la quiebra, Diego Paz Saravia, sumó al expediente el proyecto de expropiación presentado en Diputados y le pidió a la cooperativa una serie de informes. El magistrado quiere saber si se pagaron todos los impuestos y los seguros desde que se tomaron las instalaciones de Roux Ocefa, a comienzos de 2019. Mientras tanto, la cooperativa sigue operando con sucesivas prórrogas.

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