Juicio político a la Corte: todos los proyectos presentados contra integrantes del Máximo Tribunal, presidentes y ministros desde 1983

La avanzada del juicio político por parte del actual Gobierno contra la Corte Suprema, luego del fallo que restituye un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, tiene un único antecedente que prosperó desde el retorno democrático. Fue cuando, en 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner promovió al inicio de su mandato la destitución de la llamada “mayoría automática” conformada por cinco magistrados designados por el entonces presidente Carlos Menem. Logró así la remoción de dos magistrados mediante su enjuiciamiento en el Congreso. Uno fue Eduardo Moliné O´Connor, considerado “el cerebro” de esa mayoría de 5 integrantes de los 9 jueces de la Corte de ese momento, destituido en diciembre de 2003. El otro, Antonio Boggiano, removido en septiembre de 2005 con los dos tercios de los senadores presentes. Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López renunciaron durante el proceso para evitar la destitución.

Sin embargo, desde 1983 a la fecha, hubo muchos más pedidos de juicio político. En total, suman 360 proyectos según surge del procesamiento y análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae de los proyectos ingresados a la Comisión respectiva en Diputados.

Este proceso es el método que establece la Constitución Nacional para remover a las máximas autoridades del país, y está a cargo del Congreso. Solo puede aplicarse a integrantes de la Corte, al procurador y defensor general de la Nación, a presidentes, vicepresidentes, jefes de Gabinete y ministros nacionales. Su objetivo es la destitución del funcionario, no su enjuiciamiento penal. La remoción de cualquiera de los jueces con rango inferior a los miembros del máximo tribunal, desde la reforma constitucional de 1994, está a cargo del Consejo de la Magistratura. En total, en las últimas cuatro décadas, los funcionarios judiciales y del Ejecutivo que fueron objeto de pedidos de juicio político suman un centenar.

En lo que va del actual gobierno, ingresaron 33 proyectos a la Comisión de Juicio Político de Diputados, incluido el último proyecto presentado este viernes contra los cuatro integrantes de la Corte. Están vigentes 25. Así surge desde 1983.

El pedido de juicio político anunciado el 1 de enero por Alberto Fernández contra el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los otros tres integrantes Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, ingresó finalmente este viernes con la firma de una docena de diputados del Frente de Todos encabezados por Eduardo Valdés. Si bien el Presidente dijo que lo presentaría junto a la firma de 11 gobernadores, los integrantes del Frente de Todos de la Comisión resolvieron que sería presentado por un grupo de legisladores oficialistas. De esta manera, una vez emitido el dictamen de mayoría - una instancia que el oficialismo confía en superar ya que tiene 16 integrantes sobre 31 en la Comisión-, el texto tendrá vigencia por tres años, en lugar de uno si el firmante hubiera sido el Poder Ejecutivo.

Más allá de esta estrategia, el oficialismo no cuenta con los dos tercios de la Cámara para aprobarlo luego en el recinto ya que la oposición de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal anticiparon su rechazo al enjuiciamiento a la Corte Suprema.

En la presentación, argumentaron que los magistrados realizaron “arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo”.

Si bien la acusación por mal desempeño engloba a los cuatro jueces de la Corte, se los investigará por separado ya que las responsabilidades que les imputan son distintas. Básicamente, los cargos se centran en el último fallo sobre la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires; el referido a la conformación anterior del Consejo de la Magistratura con 20 miembros, que le permitió a Rosatti asumir la presidencia de ese cuerpo; la aplicación del “2x1″ para los delitos lesa humanidad; y el manejo de la obra social del Poder Judicial.

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El texto comenzará a ser considerado la última semana de enero, ya que el Presidente llamó a sesiones extraordinarias a partir del 23. La convocatoria es genérica para tratar “las solicitudes de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema”, lo que abre la puerta a la intención del oficialismo de incluir en el debate de todos los pedidos de juicios políticos contra los ministros de la Corte que hay en la Comisión, incluyendo los presentado por la Coalición Cívica (CC) contra Lorenzetti. El oficialismo buscaría, así, dividir las posturas de Juntos por el Cambio.

De la actual composición de la Corte, Lorenzetti es el integrante que acumuló más pedidos de enjuiciamiento: 6, seguido por Rosatti y Rosenkrantz, 5 cada uno; y Maqueda, dos.

Los proyectos contra el ex titular del Máximo Tribunal fueron presentados por diputados de la CC, y la propia Elisa Carrió en 2017 y 2018. Como perdieron vigencia al cabo de tres años, fueron representados por legisladores de esa fuerza política, encabezados por Paula Oliveto. La acusación se refería a la “ausencia de transparencia en su patrimonio”, supuestas relaciones con empresas privadas en su beneficio, una “oscura e irregular matriz administrativa del Poder Judicial” y el manejo de sus fondos durante su presidencia en la Corte. También, “haber armado una agencia de espionaje paralela” a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado”, la oficina encargada de realizar intervenciones telefónicas a pedido del Poder Judicial, que depende de la Corte, entre otros cargos. En mayo del año pasado, la CC amplió el pedido, a partir de conversaciones de Lorenzetti con el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Justicia German Garavano sobre cambios en la ley del Consejo de la Magistratura que se debatía en el Congreso.

En el caso de Rosatti, además del proyecto que acaba de ingresar y que lo tiene como principal apuntado, el actual presidente del Tribunal tuvo un pedido de enjuiciamiento presentado por Libres del Sur de diciembre de 2017. A su vez, fue objeto de otros 3, junto a Rosenkrantz y a Elena Highton De Nolasco, en mayo de 2017, por el fallo del máximo tribunal que declaró aplicable el cómputo del “2x1″ para condenados por delitos de lesa humanidad. No alcanzaron a Lorenzetti y Maqueda que votaron en disidencia, y fueron promovidos por el Peronismo Para La Victoria, el Frente Para La Victoria, el Partido Justicialista, Proyecto Sur, y el Frente de Izquierda.

En tanto, la diputada kirchnerista Vanesa Siley le pidió el juicio político a Rosenkrantz en septiembre del 2020, por considerarlo responsable de “favorecer la impunidad de represores vinculados al terrorismo de estado”, y de “cajonear la causa Blaquier para evitar confirmar el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad”. Highton - quien renunció a la Corte en octubre de 2021 con 78 años - había sido objeto de otro, a su vez, presentado por Libres del Sur en diciembre de 2017.

Maqueda es el único de los integrantes de la Corte que no tenía, hasta el que presentó el viernes el Gobierno, pedidos de juicios políticos vigentes. En el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, sin embargo, había sido incluido en un pedido conjunto contra los integrantes del Máximo Tribunal presentado por el Polo Social, que también incluía a los integrantes de la mayoría automática menemista Nazareno, Moliné O´Connor, López y Vázquez, así como a Augusto Belluscio y Enrique Petracchi.

Seis años antes, Carrió había sido una de las autoras de un proyecto de ley impulsado por la Alianza para promover el juicio político de Boggiano, al que había acusado de ser uno de los ministros de la Corte que generaba de “manera continua”, “atrasos” en la elaboración de las sentencias.

De los ex integrantes de la Corte, los que más pedidos de enjuiciamiento acumularon desde 1983 fueron Moliné O’ Connor con 60, Nazareno con 59, Belluscio con 57, López con 47, Boggiano con 46, Vázquez con 42, Carlos Fayt con 41, Petracci con 39, Gustavo Bossert con 21, Rodolfo Barra con 16, Mariano Cavagna Martínez con 15, Jorge Bacqué con 12, Ricardo Levenne (h) con 10, José Severo Caballero con 8, y Genaro Carrió con 5.

Alberto Fernández y otros ex jefes de estado

El actual mandatario acumula 13 pedidos de juicio político en su rol actual. Cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, había recibido su primer pedido de enjuiciamiento por el ARI, la fuerza creada por Carrió. Como el juicio político sólo apunta a la destitución en el cargo, este último devino en abstracto al dejar de cumplir esa función en 2008.

Cuatro de los 13 pedidos de juicio político vigentes fueron presentados a finales de diciembre luego de su anuncio de que iba a desobedecer el fallo de la Corte Suprema que ordenaba la restitución de una parte de los recursos que la Nación le había quitado en la pandemia a la Ciudad de Buenos Aires, destinados a la seguridad y el traspaso de la Policía. Los promovieron legisladores de la bancada de la UCR, encabezados por Mario Negri; el diputado Pablo Tonelli del el PRO; Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, junto a Fernando Iglesias, del PRO, y Martín Tetaz, de Evolución Radical; y José Luis Espert, de Avanza Libertad. En todos los casos, los cargos son “mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”.

Otros 3 proyectos fueron ingresados en agosto del 2022, también por legisladores del PRO, la UCR, Encuentro Federal y Avanza Libertad. Fue luego de que Fernández saliera a respaldar a su vicepresidenta luego de que el Diego Luciani pidiera 12 años de cárcel para ella en la causa Vialidad, y de que dijera en una entrevista en el programa A Dos Voces, que “Nisman se suicidó, espero que el fiscal Luciani no haga algo así”, declaraciones a las que consideraron “amenazantes” y “temerarias”, y destinada a “limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley”.

En julio, Espert, junto con su compañera de bloque, Carolina Píparo ya había presentado su primer pedido de juicio político contra el Presidente por lo que consideró “un constante ataque a uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial” y le cuestionó “la interferencia en el Poder Judicial jujeño”, por haber definido a Milagro Sala como una “perseguida política” y reclamarle a los tribunales jujeños y a la Corte que empezaran a “enmendar las barrabasadas que se hicieron”.

Entre julio y agosto del año anterior, también le pidieron el enjuiciamiento al Presidente, legisladores del PRO, de la UCR, y la entonces diputada Beatriz Luisa Avila, del Partido por la Justicia Social, por el manejo de la pandemia. En cuatro pedidos - firmados por Negri, Cristian Ritondo, Gustavo Menna, Omar De Marchi, el exdiputado Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Iglesias y José Luis Patiño le endilgaban desde la duración de la cuarentena estricta y el escándalo del festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos, hasta el “vacunatorio VIP”, la falta de vacunación de menores con comorbilidades, la “opacidad en contrataciones del Estado”, y la “especulación política de la compra de vacunas”, y el interés del Gobierno argentino en promover la vacuna rusa Sputnik, pese al “incumplimiento sistemático” por parte de Rusia en la entrega de dosis.

Un mes antes, el 28 de junio de 2021, se presentó el primer pedido de juicio político contra el Presidente y su vice, Cristina Kirchner. Lo impulsó el diputado radical Álvaro de Lamadrid, por el proyecto de ley del Ejecutivo conocido como “Emergencia Covid” que buscaba otorgarle facultades extraordinarias para tomar restricciones hasta el 31 de diciembre de ese año. Les atribuyó “atentar contra la independencia del Poder Legislativo y Judicial para someterlo a los intereses personales y políticos -especialmente a los de su vicepresidente- menoscabando el normal funcionamiento de nuestro sistema democrático”.

Cristina Kirchner registra un total de 10 solicitudes de enjuiciamiento: 7 como ex mandataria y 3 en su rol actual de vicepresidenta. Además del promovido por De Lamadrid, diputados de la CC, encabezados por Juan Manuel López, presentaron un proyecto en diciembre de 2020 atribuyéndole haber “desarrollado un conjunto de maniobras que tienen por objeto atentar contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y someterlo a sus intereses personales y políticos, menoscabando su normal funcionamiento”. Le endilgaban “un plan orquestado” por Cristina Kirchner para “garantizar su impunidad” a partir de la desarticulación del régimen de protección de testigos e imputados colaboradores, el intento de reforma judicial y modificación del Ministerio Público.

El tercer pedido de destitución como Vicepresidenta fue presentado en diciembre pasado por López Murphy, a partir de su condena a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad.

El ranking de ex presidentes con pedidos de juicio político desde el retorno democrático lo lidera Raúl Alfonsín con 39 proyectos que fueron presentados en su contra, en sus seis años de mandato.

En tanto Amado Boudou, el otro vicepresidente con pedidos de destitución durante el ejercicio de su cargo, acumuló un total de 25. De esta cifra, 23 fueron por su rol en el caso Ciccone, por el que fue condenado posteriormente en la Justicia penal en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Fueron presentadas por el Frente Renovador, la UCR, el PRO, la CC, entre un total de 18 fuerzas políticas. Otros dos pedidos ingresaron en 2009 y 2010 por su rol de ministro de Economía de Cristina Kirchner.

Le sigue en el ranking presidencial de mandatarios denunciados en el Congreso Carlos Menem con 14 pedidos, todos presentados por el Frepaso durante la década que gobernó. El riojano quedó así ubicado por delante del actual Presidente con 13 en total en lo que va de su gestión, y de Cristina Kirchner, con 7 como primera mandataria durante ocho años.

Luego, aparece el radical Fernando de la Rúa con 6 proyectos presentados por el PJ, el Polo Social y el Partido Intransigente en apenas dos años en la Casa Rosada; y Eduardo Duhalde con 3 pedidos, uno en 1989 como vicepresidente de Menem, y dos en el año y medio que gobernó tras la crisis del 2001, pedidos por el Partido Socialista y Franco Caviglia, del Partido Justicialista.

Los ex mandatarios que menos pedidos registran en el historial de la Comisión de Juicio Político son Macri con 2 presentados en los dos primeros años de su mandato por el Frente para la Victoria (FPV), el PJ, el Peronismo para la Victoria y el Movimiento Solidario Popular; y Kirchner, con uno presentado por el PRO en 2007.

Ministros de la actual gestión

El ranking de ministros en funciones con mayor pedidos de juicio político lo encabeza Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad, con 11 pedidos en total, de los cuales 5 responden a su actuación como integrante de este Gobierno.

Tres fueron presentados en octubre del 2021 por el senador radical Pablo Daniel Blanco; Juan Manuel López, de la CC; y Fernando Iglesias, del PRO. Todos están vinculados a la “intimidación” en las redes hacia el humorista gráfico Nik y a “injurias” al expresidente Macri.

Otros tres ingresaron el año pasado con la autoría, nuevamente, de diputados de la CC, el PRO y la UCR. En septiembre, la firmante fue la diputada Mónica Frade, por su papel en la seguridad de la Vicepresidenta en el fallido atentado frente a su vivienda. En diciembre, el diputado del PRO José Carlos Núñez pidió su enjuiciamiento por sus declaraciones en Rosario, en las que como ministro de Seguridad “minimizó” los hechos de violencia en Santa Fe, al atribuirlos en su mayoría, a “casos entre bandas

Por el mismo motivo, el diputado Federico Angelini, también del PRO, acompañado por el otros legisladores de Juntos de esa provincia, promovió otro pedido de juicio político contra Aníbal Fernández, por evidenciar “desconocimiento” para “la articulación necesaria con los funcionarios municipales y provinciales” y “mentir” sobre los datos de homicidios. Otros dos pedidos habían sido presentados en 2015 y 2010 por su rol de jefe de gabinete de Cristina Kirchner, y los restantes 4, en 2007 y 2005, como ex ministro del Interior de su marido, entonces presidente.

Sigue en el ranking el canciller Santiago Cafiero con 3 proyectos de enjuiciamiento. El primero es de abril de 2021, cuando era jefe de Gabinete, y lo impulsó también Angelini, por no cumplir con el mandato constitucional de presentar sus informes ante el Congreso. Al no ocupar más ese cargo, devino en abstracto.

En marzo de 2022, ya en su condición de canciller, Cafiero recibió un pedido de juicio político por parte de diputados del PRO; encabezados por Waldo Wolf, junto al liberal Javier Milei, por no activar las alertas rojas para la detención de uno de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, Ahmad Vahidi, quien había estado en Pakistán el mes anterior.

El tercer pedido contra Cafiero es de mayo del año pasado, y lo presentó también Wolff, por la participación del ex embajador argentino en Israel Sergio Urribarri en un acto en ese país por el aniversario de la Revolución de Mayo, pese a haber renunciado luego de ser condenado por corrupción por parte de la Justicia de Entre Ríos, por actos de su gestión como gobernador.

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, tiene un pedido de destitución, junto a la ex ministra de la Mujer Elizabeth Gómez Alcorta, presentado en marzo de 2022 por Gerardo Milman, que co-firman diputados del PRO, la Coalición Cívica y Alberto Assef. Fue a partir de la visita oficial que le hicieron en enero de ese año a Milagro Sala. “Reviste de suma gravedad institucional que funcionarios nacionales defiendan delincuentes condenados en tribunales de distintas instancias y desconozcan las sentencias del Poder Judicial, en una clara violación del principio de división de poderes”, se argumenta en el pedido.

Por último, el ministro de Justicia, Martín Soria, también registra un pedido de juicio político presentado en agosto pasado por parte de la diputada radical Soledad Carrizo por declaraciones del funcionario. Soria había dicho que “había que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo”. Para la legisladora, esas expresiones “no solo resultan atentatorias contra la estabilidad democrática en nuestro país y debilitan el equilibrio republicano que garantiza el estado de derecho”, sino que podrían configurar el delito de “atentar contra el orden público y la seguridad de la Nación”.

Ex funcionarios de Alberto

Además de Gómez Alcorta, otros ex ministros de Fernández también fueron objeto de pedidos de juicio político, pero al ya no estar en la función pública, dejaron de tener vigencia.

La antecesora de Aníbal Fernández, Sabrina Frederic, acumuló durante su gestión 3 pedidos de juicio político, presentados por la CC y el PRO. El ex ministro de Educación Nicolás Trotta también fue objeto de dos pedidos de destitución. Uno, por parte del diputado Assef por la política educativa durante la cuarentena y “permitir el adoctrinamiento” en las aulas. Otro presentado por Maximiliano Ferraro y otros diputados de la CC en abril de 2021, “la irrazonable decisión de cerrar todo el sistema educativo del país sin ningún tipo de distinción y análisis epidemiológico por provincias o localidades durante 2020″.

Su entonces colega de Salud Ginés González García también recibió un pedido de juicio político en diciembre de 2020 impulsado por el radical José Cano, por la falta de acuerdo con el laboratorio Pfizer y las falencias de la vacuna Sputnik V, entre otros motivos.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae relevó el repositorio de información contenido en el sitio del Congreso de la Nación, específicamente el listado desde 2018 a 2022 que expone la Comisión de Juicio Político. Para los datos de años anteriores y desde el retorno de la democracia, se cursó un pedido de información, el cual se respondió en un archivo PDF de 232 páginas. Se utilizó el lenguaje de programación Python para la extracción de datos. Para el procesamiento se utilizó la herramienta Open Refine.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo, siga este enlace.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener y Andrés Snitcofsky

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