La CGT toma distancia de la pauta salarial del Gobierno: no aceptará “ningún techo ni intromisión de la política”

Sergio Massa ya encontró un primer escollo en su estrategia en materia salarial para 2023: Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), dijo que “las paritarias son libres y soberanas de cada sector” y advirtió que “la CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste”.

“Los salarios pierden contra la inflación -agregó-. Los gremios negocian con total responsabilidad, pero la carrera inflacionaria deteriora el poder adquisitivo de los salarios. La inflación es el impuesto a la pobreza ya que los asalariados y los sectores de bajos recursos son quienes más la padecen”.

De esta forma, uno de los principales sindicalistas tomó distancia del ministro de Economía, que está alentando a los dirigentes gremiales a que firmen acuerdos salariales del 30% para el primer semestre del año, con revisión en junio, y no se niega a que pacten otro 30% para el resto del año, de forma de que el aumento a lo largo de 2023 no supere el 60% de la inflación que prevé el Gobierno para ese período.

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¿Las declaraciones de Martínez significan que se fisuran las alianzas del ministro de Economía con sus principales aliados del mundo sindical? En realidad, hay quienes consideran que hay mucho de escenificación en las afirmaciones del líder de la UOCRA, uno de los dirigentes de mejor diálogo con Massa. El tigrense se encamina a ser el principal candidato presidencial del sector mayoritario de la CGT (“Gordos”, independientes y barrionuevistas), que el propio jefe de la UOCRA integra.

El problema es que ningún sindicalista puede aceptar públicamente hoy un techo salarial cuando la baja de la inflación no está asegurada. Las bases presionan a los dirigentes gremiales, que tuvieron muchos problemas en 2022 para pactar aumentos que no bajaran del 100% anual. Ahora, al menos, quieren constataciones de que la inflación empieza a mostrar una tendencia declinante. Por eso será difícil que haya paritarias firmadas ya por el 60% anual y sí, en cambio, muchas del 30% semestral, con revisión en junio. Esa es justamente la meta que se propone Massa para el primer tramo del año.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, confirmó que el Gobierno impulsa que los acuerdos salariales en una franja que no supere el 60% y anticipó que la CGT “en general” apoya esta iniciativa. Desde la propia central obrera, Martínez, uno de sus máximos referentes, acaba de desacomodar a la titular de la cartera laboral. No será el único: hay otros dirigentes que criticarán en breve los topes salariales.

“El 30% de aumento hasta el 30 de junio ayuda a la baja inflacionaria”, es la frase de cabecera del ministro de Economía en estas horas. Es lo que escuchó la mayoría de los sindicalistas. Por eso avanza el acuerdo salarial que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) firmaría en las próximas horas dentro de eso parámetros. Y el bancario Sergio Palazzo, enrolado en el kirchnerismo, se encaminaría a brindar un gesto similar la semana que viene, en el comienzo oficial de la temporada de paritarias 2023.

Aun así, desde el sector sindical kirchnerista hay muchos reparos al tope que impulsa Massa. Pablo Moyano (Camioneros), por ejemplo, está más cerca de criticar públicamente que de respaldar la pauta del 30% semestral o del 60% anual que impulsa el Gobierno. Ultrakirchneristas como Hugo Yasky hacen silencio, quizá a la espera de que Cristina Kirchner baje o levante el pulgar sobre este tema.

Para Massa y su equipo, no hay otra alternativa que desacelerar las paritarias si se quiere evitar una estampida inflacionaria. Es lo que está tratando de transmitir en sus encuentros reservados con los sindicalistas. En general, le aseguran que acatarán el techo salarial si efectivamente en enero, febrero y marzo la inflación termina rondando el 4 por ciento. Pero le advirtieron que en público deberán mostrar los dientes y no aceptar ninguna limitación salarial. Es lo que acaba de hacer Martínez.

El ministro de Economía prometió que con las señales sindicales de moderación y los primeros indicios de una tendencia inflacionaria a la baja avanzará en acuerdos para frenar los aumentos de precios. Los empresarios miran de reojo. Nadie cree que en un año electoral el gasto público se limite, el dólar se contenga y los precios se calmen. Para colmo, la obsesión del Gobierno en el juicio político contra la Corte pone a la oposición al borde de paralizar el Congreso y frenar así algunas iniciativas que Massa considera importantes para su plan. Preocupa al ministro el clima de guerra sin control en la dirigencia política porque, sobre todo, siempre es un factor de inestabilidad para la economía.

Si la CGT quiere crecer en las listas de candidatos, deberá escaparse a todo lo que tenga tufillo a ajuste económico. También deberá hacerlo de cualquier intento de reforma laboral. Por eso hay mucha bronca contra Alberto Fernández a raíz de su flamante jefe de asesores, Antonio Aracre, ex CEO de Syngenta, quien antes de asumir habló en favor de una “modernización laboral”. Desde Pablo Moyano hasta el último kirchnerista lo atacaron sin piedad. El empresario aclaró que lo dijo a título personal y que su intención fue “proponer un debate pensando en que los muchos millones de argentinos que hoy tienen un trabajo informal y precario puedan acceder a uno que les garantice una obra social, jubilación y paritarias sin que se modifiquen los derechos adquiridos del resto”.

Aracre se irá de vacaciones este fin de semana en medio de un sugestivo silencio del Presidente y del resto de sus funcionarios sobre lo que dijo, que fue solamente proponer un debate necesario. Es que son tiempos de campaña. Por eso en el Gobierno nadie quiere reconocer topes en las paritarias ni retoques en la vetusta legislación laboral. Menos aún en un sindicalismo peronista que sigue buscando la fórmula para recuperar el poder. Y, sobre todo, para no continuar perdiéndolo.

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