Organizaciones internacionales de jueces exhortaron a no avanzar con el juicio político a la Corte Suprema

Un conjunto de organizaciones internacionales representativas de magistrados manifestaron su preocupación tras el anuncio del presidente Alberto Fernández respecto a su intención de convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para iniciarle un juicio político a los miembros de la Corte Suprema. En distintos comunicados, las entidades reclamaron respetar la “la división de poderes y la independencia del Poder Judicial” y hablaron de “creciente inseguridad jurídica”. Además exhortaron “a la más alta autoridad de la Nación a reconsiderar su decisión de impulsar el referido juicio político y a los representantes del Poder Legislativo que no den seguimiento a dicho intento de intimidar a miembros del Poder Judicial”.

La primera en manifestar su inquietud fue la Unión Iberoamericana de Jueces (UIJ), un organismo internacional dedicado a “la búsqueda y apoyo de la legalidad”, constituido por magistrados de 18 países de América del Sur, Centroamérica, Caribe, México y Península Ibérica, cuyo comunicado exhibió su “su honda preocupación por el impulso dado por el Poder Ejecutivo Nacional argentino a un proceso de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de su país, con motivo del fallo que dispuso el reintegro de la quita de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires”.

“A la grave situación creada se suma que el proceso de destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina se habría iniciado a partir del trascendido público del contenido de comunicaciones privadas entre personas obtenido de manera irregular”, agregó la entidad con sedes en las ciudades de Belo Horizonte y Asunción.

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“Estamos convencidos que el contenido de una sentencia judicial solo puede dar motivo a los mecanismos de revisión que el mismo sistema establece, pero no puede ser el argumento para emprender una persecución personal contra los magistrados que la suscriben”, concluyó.

Por su parte, también se expresó la Federación Latinoamericana de Magistrados -FLAM-, una organización emplazada en San José de Costa Rica que reúne a jueces de 19 países de Latinoamérica, que tiene entre sus objetivos “procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial como condición esencial de la función jurisdiccional”, según reza el comunicado oficial.

En ese marco, el organismo manifestó “su profunda preocupación frente a la grave crisis institucional que atraviesa la República Argentina, en donde el señor Presidente de la Nación impulsa un juicio político a miembros de la Corte Suprema por el contenido de una sentencia -referida a la coparticipación-, pues ello sienta un precedente muy peligroso para el futuro institucional de una República democrática”.

“Este tipo de acciones -continuó- genera un daño irreparable en las instituciones de la nación. Esta preocupación se ve agravada cuando las intromisiones que afectan la independencia judicial de la magistratura Argentina y vulneran la división de poderes se repiten. (...) La gravedad de lo ocurrido se centra en el daño irreparable que se genera a todas las instituciones de la Nación, creando una creciente inseguridad jurídica, mellando la confianza que la ciudadanía debe tener en sus gobernantes”.

En tal sentido, el mensaje recordó: “La división de poderes y la independencia judicial establecidos en la Constitución Nacional deben asegurarse bajo cualquier circunstancia pues constituyen el pilar del Estado de Derecho. Según tiene dicho la Corte Interamericana de Justicia, ‘los jueces (...) cuentan con varias garantías que refuerzan su estabilidad en el cargo con miras a garantizar la independencia de ellos mismos y del sistema, así como también la apariencia de independencia frente al justiciable y la sociedad’”.

Más tarde se pronunció la Unión Internacional de Magistrados (UIM), una organización profesional y apolítica fundada en 1953 que se divide en distintos grupos regionales y que, de acuerdo a su comunicado, “reúne asociaciones nacionales de jueces de 94 países y cuyo principal objetivo es salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales”.

En ese contexto, el Grupo Iberoamericano de la UIM, con sede en San Pablo, señaló “su preocupación ante la noticia de que el Excmo. Señor Presidente de la República Argentina impulsa un juicio político a Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud del contenido de uno de sus fallos, lo que indica un intento de influir en decisiones jurisdiccionales por parte de agentes externos al Poder Judicial, representando una amenaza a la independencia judicial y un gran riesgo para el Estado Democrático de Derecho y, por lo tanto, para la Democracia”.

Asimismo, el pronunciamiento indicó que “según prevé el artículo 7-1 del Estatuto Universal del Juez adoptado por la UIM, ‘Salvo en caso de malicia o negligencia grave, constatada en una sentencia definitiva, no se puede entablar acción disciplinaria contra un juez como consecuencia de una interpretación de la ley o de la valoración de hechos o de la ponderación de pruebas, realizada por él / ella para determinar casos (...)’”.

Por último reiteró el “llamamiento al respeto de la división de poderes en todas las naciones” y exhortó “a la más alta autoridad de la Nación a reconsiderar su decisión de impulsar el referido juicio político y a los representantes del Poder Legislativo que no den seguimiento a dicho intento de intimidar a miembros del Poder Judicial”.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entidad que reúne a jueces españoles y que está abocada a la defensa de la carrera judicial, comunicó desde la ciudad de Madrid “su apoyo a los Jueces de Argentina en sus demandas legítimas para salvaguardar la independencia judicial, uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”. Y añadió: “Suscribimos íntegramente el contenido del comunicado realizado por el Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados -con referencia a la Carta Universal del Juez”.

A su vez, la asociación afirmó que “resulta contrario a la salvaguarda de la independencia judicial calificar como falta disciplinaria el contenido de las decisiones judiciales adoptadas por los jueces de los tribunales ordinarios, por cuanto podría utilizarse para ejercer un control político sobre las decisiones judiciales o para presionar a los jueces con el fin de influir en sus decisiones, y serviría así para socavar la independencia de los tribunales en cuestión”.

“Por lo anterior, instamos a las autoridades de la Nación que pretenden llevar a cabo dicha iniciativa, para que retiren la misma, y, en su caso, que los representantes de la Asamblea Legislativa, rechacen la pretensión, en cuanto pone en riesgo la independencia judicial, que es fundamento de la convivencia en un estado de Derecho”, concluyó.

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