Alberto Fernández decidió que el inicio de 2023 estará marcado por una nueva embestida del Gobierno contra la Justicia. Tras anunciar el 1 de enero que le iniciará juicio político a la Corte Suprema, el Presidente continúa ajustando la estrategia que pretende que el oficialismo ejecute contra el Máximo Tribunal en la Cámara de Diputados.
El mandatario también se encuentra preparando el temario para convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, este domingo su jornada se vio condicionada por el intento de golpe de Estado en Brasil. Una vez enterado de los hechos, Alberto Fernández se comunicó con Celso Amorim, principal asesor de Lula da Silva, para expresar su apoyo y hacerle llegar a su par que -de ser necesario- estaba listo para viajar a Brasilia.
Previo a enfocarse en la crisis política e institucional del país vecino, el Presidente estuvo dedicado a la batalla contra la Corte Suprema de Justicia. Se mantiene en contacto permanente con el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, y con la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, para definir el camino a tomar contra el Máximo Tribunal en la Cámara Baja.
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Este fin de semana la propia Gaillard, en diálogo con Infobae, respaldó la iniciativa del mandatario porque considera que hay que ”frenar esta situación que se estaba dando con la intromisión de la Corte en los poderes Ejecutivo y Legislativo”. La legisladora de Entre Ríos precisó que el punto de quiebre que “desencadenó” la acusación por mal desempeño contra el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz fueron las conversaciones filtradas entre el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro y el colaborador de Rosatti Silvio Robles.
“Los chats terminaron de configurar un hecho sobre el cual había sospechas. Existía un fallo arbitrario de la Corte sobre la coparticipación y, en el Consejo de la Magistratura, una extralimitación en sus funciones al resucitar una ley derogada por el Congreso para que (Rosatti) vuelva a presidirlo. Eran dos hechos que motivaban pensar la posibilidad de un juicio político”, expresó Gaillard.
Encabezando esta nueva disputa de poderes, en Casa Rosada están definiendo la sustentación de las pruebas ante la situación de los miembros de la Corte. El Gobierno necesita juntar evidencia sobre los hechos por los cuales acusa a los magistrados, a la vez que busca acordar con la oposición las reglas de juego de este nuevo escenario que abrió Alberto Fernández el primer día del año.
El oficialismo cuenta con 16 de los 31 votos de la Comisión de Juicio Político y tendría garantizado la aprobación del dictamen a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, que a su vez sin una postura unificada se mantienen expectantes. Entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica, hay una minoría que propone no participar de la comisión para dejar en soledad al Frente de Todos y buscar deslegitimar el planteo; mientras que la mayoría entiende que si el oficialismo logra el quórum para abrir el debate, el principal espacio opositor debe participar para defender la independencia de poderes.
El kirchnerismo pedirá que sean llamados a declarar los integrantes de la Corte Suprema, que a su vez pueden excusarse de testimoniar. Una vez aprobada la apertura del sumario y emitir dictamen, el FDT tendrá dos meses para llevar adelante el proceso. El deseo del Gobierno de Alberto Fernández es avanzar con la mayor celeridad posible. Al Presidente le gustaría que el proyecto de juicio político ingrese a Diputados a mediados de marzo a mas tardar.
Mientras tanto, a través del secretario General de Presidencia Julio Vitobello, Alberto Fernández va a insistir para sumar más gobernadores a su cruzada contra la Justicia. Aunque ambos saben que ninguno más se alineará al planteo contra los supremos.
En este enrarecido clima político, el juicio político a la Corte es el caballito de batalla que el mandatario busca comenzar a tratar en extraordinarias. La idea del Gobierno es convocar en los próximos días a sesionar a partir del lunes 16 de enero e incluir en el temario dos puntos esenciales en este inicio de año: una nueva moratoria para jubilados, que encabeza la titular de ANSES, Fernanda Raverta, y que beneficiará a 800 mil personas; y el proyecto de blanqueo de capitales que enviará el ministro de Economía, Sergio Massa, para reforzar la recaudación.
El Gobierno deberá publicar en el Boletín Oficial el DNU convocando a extraordinarias con el temario definido en los próximos días, aunque calculan que será difícil sesionar en lo que resta del verano por la tensión sin fin desatada con la oposición.
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