Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Juicio Político: “Todos los integrantes están garantizando que tendremos quórum”

La presidenta de la comisión de Juicio Político de Diputados, Carolina Gaillard, confirmó a Infobae que el Frente de Todos tiene garantizado el quórum para iniciar a fin de mes el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

La acusación por mal desempeño contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz fue un freno a conductas “obscenas” de la Corte, sentenció la legisladora entrerriana.

Además minimizó la discrepancia con el gobernador Gustavo Bordet. El mandatario no firmó el planteo que impulsó el presidente Alberto Fernández y otros 11 gobernadores.

Gaillard afirmó que no existe ilegalidad en el uso como prueba acusatoria de los chats entre el ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro y el vocero de Rosatti, Silvio Robles y adelantó que los miembros de la Corte serán llamados a la comisión a declarar para que ejerzan su derecho de defensa.

Gaillard se enteró de la decisión de llevar la Corte a juicio político que tomó el presidente Alberto Fernández como el resto de los argentinos. El domingo 1 de enero desayunó leyendo el mensaje del presidente que cambiaría sus planes de inicio del 2023.

“No me sorprendió que Alberto haya tomado esta determinación. Había que activar algún mecanismo para frenar esta situación que se estaba dando con la intromisión de la Corte en los poderes Ejecutivo y Legislativo”, puntualizó.

El punto de quiebre fueron las conversaciones públicas entre D’Alessandro y Robles. “Desencadenaron el juicio político”, afirmó.

“Los chats terminaron de configurar un hecho sobre el cual había sospechas. Existía un fallo arbitrario de la Corte sobre la coparticipación y, en el Consejo de la Magistratura, una extralimitación en sus funciones al resucitar una ley derogada por el Congreso para que (Rosatti) vuelva a presidirlo. Eran dos hechos que motivaban pensar la posibilidad de un juicio político”, consideró.

Las conversaciones echaron luz sobre “la connivencia del Poder Judicial con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que luego termina obteniendo un fallo favorable”, señaló.

“Los chats muestran cómo una persona de máxima confianza del presidente de la Corte le recomienda la estrategia para obtener el fallo favorable. Y nos terminan de confirmar que esa sentencia había sido negociada entre el Poder Judicial y el gobierno porteño”, añadió.

El oficialismo es consciente de que la piedra basal de toda la acusación estriba en los chats. Son charlas que se conocieron en diciembre luego de que el teléfono del funcionario porteño fuera hackeado.

Para sostener la legalidad de estos elementos, el Gobierno apeló a un recurso extremo: la jurisprudencia que avaló el uso como prueba legal para reabrir la causa del Memorándum con Irán de las escuchas entre el ex Canciller Héctor Timerman y el ex titular de la AMIA, Julio Schlosser.

Los fallos de Claudio Bonadío; la Sala II de la Cámara Federal porteña y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidaron el uso de esa conversación, cuya legalidad el kirchnerismo cuestionó en su momento.

Gaillard no cree que los chats entre D’Alessandro y Robles sean el fruto del árbol envenenado, una metáfora que apunta a poner en jaque el origen de una prueba para excluirla como elemento acusatorio. Incluso fue más allá y justificó el uso por parte del Estado de información pública que circula en los medios.

“La teoría del fruto del árbol envenenado podría aplicarse si (los chats) fueran las únicas pruebas. Pero no lo son. Son un elemento más. En segundo lugar, los chats son información pública de trascendencia institucional. Pueden ser usados tranquilamente o pueden servir para requerir otros medios de prueba, como testimoniales a quienes fueron parte de la conversación o cruces de llamadas”, argumentó.

Luego, agregó: “Cuestionar la legalidad o la ilegalidad (de los chats) le corresponderá a la persona que fue víctima. Tendrá una sentencia en su momento. Para nosotros es información pública y la podemos utilizar tranquilamente”, remató.

La legisladora entrerriana confesó que no le resultó extraño que el gobernador de Entre Ríos haya tomado distancia de la decisión de llevar a juicio político a la Corte. Bordet participó vía Zoom del cónclave donde se sustanció la iniciativa, pero no la rubricó.

“Gustavo acompañó el recurso que se presentó contra el fallo de coparticipación porque afecta a Entre Ríos como al resto de las provincias. Ahí expresó su disconformidad. Después, algunos gobernadores estuvieron de acuerdo con el juicio político y otros no. Pero lo central es que el Presidente lo impulse, porque era obsceno lo que ocurría”, explicó.

A renglón seguido, negó una fisura entre los diputados entrerrianos del Frente de Todos (que acompañarán en bloque a Alberto Fernández en esta acción contra la Corte) y Bordet.

“Nosotros tenemos un rol como legisladores y él otro como gobernador. Gustavo tomó una decisión en su rol, tendrá elementos para tomar una decisión en ese sentido. Los legisladores tenemos la legitimación activa para llevar adelante el juicio político”, subrayó.

Además, dijo que Bordet dio a los legisladores de Entre Ríos la libertad de acción para moverse y votar según su criterio en este proceso.

“Tengo un gran respeto por nuestro gobernador. Y un excelente vínculo. Él entiende mi posición como presidenta de la Comisión. La respeta. Y yo respeto la suya también”, sentenció.

Gaillard comentó que la comisión de Juicio político que tendrá a su cargo analizar el planteo del Presidente contra la Corte podrá reunirse recién cuando el Poder Ejecutivo dicte el decreto convocando a sesiones extraordinarias al Congreso.

“Alberto ya definió que lo enviará la próxima semana. Así que a partir del 15 ó 20 de enero estaremos convocando a la comisión para abordar el pedido de juicio político contra los integrantes de la Corte”, expresó. El día no está definido con precisión. Será en la tercera o cuarta semana de enero, adelantó.

En el mientras tanto, la legisladora gasta las horas con el “poroteo” de los otros integrantes de la comisión. El oficialismo tiene una mayoría ajustada: 16 miembros sobre 31. Lo justo para el quórum que les permite sesionar. Y el número exacto que permitirá emitir dictamen favorable, llegado el caso. Ninguno puede faltar. Bajo ninguna razón.

La negociación con los distintos espacios opositores deberá esperar que haya “más precisiones con respecto a la convocatoria”, anticipó la diputada.

“Todos los integrantes de la comisión están garantizando que tendremos quórum y que podremos abrir el sumario para proceder a la investigación y producir toda la prueba para avanzar en el proceso de juicio político”, consignó.

Gaillard narró también que la Comisión de Juicio Político no tendrá solamente el pedido de juicio político que impulsó el Ejecutivo sobre la mesa. También se sumarán otros.

-El de la Coalición Cívica contra Lorenzetti, que impulsó Elisa Carrió;

-El que presentó la diputada oficialista Vanesa Siley (del gremio judicial) contra Rosenkrantz por el fallo del 2x1 que favoreció a condenados por delitos de lesa humanidad;

-El que interpuso la senadora bonaerense del Frente de Todos Juliana Di Tulio contra Rosatti, con el mismo objeto que el de Presidencia y

-El planteo contra todos los miembros de la Corte de la Asociación Americana de Juristas, una organización no gubernamental con estado consultivo ante Naciones Unidas.

“Deben ser tenidos en cuenta y a la vista. Salvo que la convocatoria a sesiones extraordinarias pida que se trate un proyecto determinado”, comentó.

Con respecto a los elementos acusatorios, la diputada entrerriana afirmó que aún no está definido su perfilamiento. “Alguna prueba se ofrece en los proyectos. Otra se solicita en la medida en que avanza el proceso. Debemos reunir todos los elementos probatorios necesarios. El reglamento establece que se pueden solicitar todos los que se precisen para probar la verdad”, aseveró.

Una vez que culmine esta etapa, la Comisión citará a los integrantes de la Corte para que puedan ejercer su derecho a defensa. “Pueden comparecer de la manera en que ellos mejor lo estimen para defenderse, pueden mandar un escrito. Pero si no lo hacen, no será un obstáculo para la continuidad del proceso y para que hagamos la acusación”, señaló.

La presentación que envió el Ejecutivo con la firma de algunos gobernadores tiene una distinción clara de responsabilidades. El principal apuntado es Rosatti. Maqueda; Lorenzetti y Rozenkrantz tienen un papel secundario en la acusación.

A la hora de la colecta de pruebas, esto será sustancial. “El presidente de la Corte es quien estaría más comprometido porque su funcionario, Silvio Robles, es quien mantuvo la comunicación con el funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con respecto al fallo de coparticipación y al del Consejo de la Magistratura, señaló.”En el marco de la investigación se determinará cuál es la responsabilidad en cada caso del presidente y de los demás integrantes de la Corte”, comentó Gaillard.

“Será un proceso lo más abierto, participativo y serio posible. Nuestro objetivo es producir la mayor cantidad de pruebas en el menos tiempo posible. Que haya una acusación contundente a partir de los elementos probatorios. No tenemos plazos específicos que cumplir”, concluyó.

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