Facundo Moyano no acató la conciliación obligatoria y el paro del sindicato de peajes causa pérdidas millonarias

Continúan las barreras levantadas en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en los peajes hacia la costa atlántica

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Facundo Moyano, la cara visible del Sindicato de Peajes, durante una marcha de protesta. (foto archivo)
Facundo Moyano, la cara visible del Sindicato de Peajes, durante una marcha de protesta. (foto archivo)

El Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (SUTPA) redobló la intransigencia y no acató la conciliación obligatoria planteada por el Ministerio de Trabajo, ante el requerimiento del gobierno provincial de llegar a un punto de acuerdo con AUBASA - Autopistas de Buenos Aires.

Desde la cartera de Kelly Olmos, que citó a las partes a una audiencia para este jueves 5 de enero a las 15 horas, se dispuso “dar por iniciado un período por el término de quince (15) días, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.

De esta forma se tomó la resolución de, luego de tres días de protestas, mantener la medida de fuerza en los peajes que van desde la Ciudad de Buenos Aires a La Plata y aquellos hacia la Costa Atlántica. Las barreras levantadas en los peajes de las rutas 2, 11, 63, 56 y 74 hasta el día de la fecha, son una señal de la traba en las negociaciones entre el SUTPA, la empresa concesionaria y las autoridades provinciales.

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Sutpa escala en el conflicto de peajes con AUBASA. (Twitter Sindicato de Peajes)
Sutpa escala en el conflicto de peajes con AUBASA. (Twitter Sindicato de Peajes)

Desde las redes sociales de AUBASA no se pronunciaron al respecto de este conflicto y, ante la consulta de Infobae, respondieron que “no se están concediendo entrevistas sobre el tema”. La firma concesionaria anteriormente expresó como “injustificada” la medida que se plantea ya que se encuentra vigente un “acuerdo paritario”. Además, la empresa ratificó que esta medida provocaría pérdidas millonarias.

Según AUBASA, la medida de fuerza comenzó de manera intempestiva durante las primeras horas del nuevo año con el levantamiento de barreras de las estaciones de peaje de las trazas de rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA) y de la Autopista Buenos Aires – La Plata. De esta forma, según informó la empresa, se impidió el cobro manual y el cobro automático del peaje sin que existiera aviso, comunicación o reclamo previo.

Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación se ordenó no llegar a una medida de fuerza, algo que no fue acatado por el sindicato liderado por Facundo Moyano. El reclamo apunta directamente a Ricardo Lissalde, titular de AUBASA, quien ya en septiembre del año pasado había tenido problemas con los sindicalistas que lo acusaron de falta de predisposición al diálogo.

Carteles lumínicos con la leyenda #FueraLissalde reflejó la tensión del gremio con el ex presidente de Trenes Argentinos Infraestructura (TAI), designado por Axel Kicillof al frente de la concesión de la autopista.

infografia

El comunicado emitido por SUTPA expresó que “desde que el señor Lissalde asumió al frente de la presidencia de Aubasa hemos ingresado en un espiral de conflictos que parece no tener fin”. A su vez, el escrito explaya que desde el sindicato se buscó, junto a la empresa, llegar a “una reconversión ordenada, consensuada y contemplando a los trabajadores como personas y no como material que se pueda descartar. AUBASA y sus autoridades no lo entiende de esta manera”, expresaron.

Desde SUTPA ratifican que no permitirán avasallamientos de ningún tipo, lo que conllevaría a una dura negociación con el gobierno provincial. Por su parte, desde AUBASA indicaron que se está pagando el bono estatal y se preparó un plan de reconversión laboral que mejoraría las condiciones de trabajo de los colaboradores. “Pero el Sutpa aún no ha querido tomar conocimiento del mismo en las mesas bipartitas”, dijo la empresa.

El comienzo del conflicto data desde julio último cuando se creó una mesa bipartita para analizar la implementación de tecnología, algo a lo que el sindicato se negó. El gremio, por entonces, había denunciado que Lissalde buscaba modificar ciertas condiciones laborales.

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