Aún sabiendo que no tiene posibilidades de lograrlo, Alberto Fernández avanza con el juicio político a la Corte

Alberto Fernández dijo que no consultó a Cristina Kirchner antes de anunciar a través de las redes sociales que impulsará desde hoy, el primer día hábil del 2023, el juicio político al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Es una jugada política que abre el nuevo año electoral con mensajes a la Justicia, a la interna del Frente de Todos, a la vicepresidenta (involucrada en varias investigaciones, son reinteradas sus críticas al poder judicial) y a la oposición. “Es una decisión que yo tomé”, aseguró ayer desde Brasil, en el marco de la asunción de Lula da Silva.

El Presidente, en una entrevista concedida a C5N durante la tarde de ayer, argumentó su pedido y expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes”. De manera puntual, apuntó al fallo que benefició a CABA y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión” de la justicia en los otros poderes, consideró.

Con relación a Rosatti, sostuvo que “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso”. “Uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho”, añadió.

“Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, afirmó el Presidente sobre el pedido de juicio político, del que buscará tener el respaldo de varios gobernadores.

“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto, impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti”, había adelantado Alberto Fernández de manera formal ayer por la mañana.

Pero la embestida no es únicamente contra el presidente de la Corte: el pedido incluirá que se investigue también “las conductas de los restantes miembros del máximo tribunal”, según desarrolló por la tarde el canciller Santiago Cafiero. Es decir, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Como se mencionó, el conflicto de fondo está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

La resolución de la Corte del pasado 21 de diciembre fue cuestionada tanto por Casa Rosada (Alberto Fernández primero planteó que no iba a acatarla, pero luego propuso un pago a través de bonos públicos) como por 18 mandatarios provinciales. En ese momento, tras reunirse con el presidente en Balcarce 50, el gobernador de Formosa,

Lo particular de la jugada presidencial es que se conoce de antemano que no prosperará. En términos futbolísticos, Fernández se presentó a jugar un partido que sabe que perderá o que probablemente nunca se jugará.

El pedido de enjuiciamiento a Rosatti debe ser presentado en la Cámara de Diputados para que sea analizado por la comisión de Juicio Político, que encabeza la legisladora del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard. Si logra dictamen, pasa al recinto, donde el kirchnerismo necesitará el voto de los dos tercios de los presentes para aprobar la acusación.

Sin embargo, hasta ahora no se han abierto a investigaciones los pedidos de juicio político debido a que ni el FdT ni JxC consiguen alcanzar los dos tercios de los miembros presentes en la sesión por la extrema paridad que existe en la Cámara de Diputados. La bancada oficialista cuenta con 118 integrantes, mientras que Juntos por el Cambio suma al menos 111 teniendo en cuenta todos los partidos aliados. La oposición anticipó que rechaza el juicio político y no acompañará, lo que confirma que los números no le cierran a la Casa Rosada.

Mario Negri, jefe del bloque de la UCR en Diputados, fue el primero en advertir que el jefe de Estado no tiene los votos. “Alberto Fernández, que en cualquier país normal ya hubiera sido destituido por mal desempeño y cometer delitos, amenaza al presidente de la CSJN con un juicio político que no va a prosperar porque no tiene los votos. Un apriete infame para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner y buscar impunidad”, planteó en sus redes sociales.

Alejandro “Topo” Rodríguez, hombre de confianza de Roberto Lavagna, también rechazó la embestida. “Así como se han venido acumulando pedidos de juicio político a Fernández, sin fundamentos sólidos y por pura especulación política, en este caso sucede algo similar”, introdujo.

Y desarrolló: “El pedido de juicio político carece de rigor ya que el argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en las decisiones del Congreso sólo tiene el respetable valor de ser una opinión personal del Presidente, pero no es la posición institucional adoptada por el parlamento”.

La iniciativa de la Casa Rosada de avanzar hacia la destitución del presidente de la Corte Suprema de Justicia surgió como consecuencia de la filtración de supuestos chats del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, en donde dialoga con Silvio Robles, vocero y hombre de confianza de Rosatti. En uno de los intercambios, Robles suministra información técnica vinculada a la disputa por el Consejo de la Magistratura. En otro hablan sobre el fallo de la coparticipación porteña.

El 21 de diciembre, cuando aún no se habían conocido los chats, la Corte dictó una cautelar a favor de CABA que ordenó subir el porcentaje diario que recibe por coparticipación. En un principio, el Presidente anunció que no acataría la sentencia. Luego dio marcha atrás y anunció que pagará con bonos, lo que abrió otra polémica. Esa contramarcha provocó que la vicepresidenta Cristina Kirchner lo califique públicamente como el líder de la agrupación “amague y recule”.

Waldo Wolff, quien recientemente se incorporó al equipo de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, asoció el pedido de juicio político de Fernández a una necesidad política de la Vicepresidenta y se sumó a las voces que rechazaron la iniciativa. “Mi deseo es que el Presidente deje de actuar como abogado de CFK y honre esta vez en diciembre el traspaso de mando; El país hoy es más pobre que ayer, el dinero rinde menos y la comida sale más cara. Deje de buscar culpables afuera, violar la ley y hostigar a la CABA”.

Juan Manuel López, uno de los referentes de la Coalición Cívica, también adelantó su rechazo ayer: “Presidente respire hondo, es domingo 1 de enero de 2023, el año que se termina el gobierno del Frente de Todos, qué es su propio calvario también. Imagínese ex Presidente, disfrute, y dese cuenta que esta vergüenza contra la Corte no será otra mancha más, será histórica”.

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