El Ejecutivo nacional se prepara para publicar la semana que viene el decreto de Necesidad y Urgencia por el cual hace un llamamiento a sesiones extraordinarias. Lo anunció el presidente Alberto Fernández días atrás con toda la intención de no perder la iniciativa política y aprovechar la feria judicial. La espera está relacionado con la definición del temario y de las fechas a partir del cual se llamará a sesionar.
En lo que se refiere al temario, el eje principal tiene que ver con la modificación del Presupuesto 2023 para pagarle a la Ciudad de Buenos Aires los cerca de 200.000 millones de pesos que se le sumarían por coparticipación, según establece el fallo de la cautelar que dio por válida la Corte Suprema de Justicia. Pero la idea que impulsa el Ejecutivo y el clima belicoso que se vive en el Palacio Legislativo entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos hace que sea poco probable que se pueda llevar al recinto en extraordinarias.
En lo que se refiere a los plazos es donde aparece el primero de los problemas. El llamado a extraordinarias sería para la segunda mitad de enero o las primeras semanas de febrero, pero muchos legisladores -tanto del oficialismo como de la oposición- ya organizaron sus vacaciones, por lo que se corre el riesgo de no contar con las bancadas completas, algo que podría ser determinante en un escenario de virtual paridad entre JxC y FdT.
Pero lo que va a generar la mayor discusión es la intención de la Casa Rosada de obtener los fondos necesarios para pagarle a la Ciudad mediante la creación de dos nuevas tasas. La primera es “copiar” la idea que tuvo Horacio Rodríguez Larreta para suplir los ingresos que perdió a manos de la Nación y poner un impuesto a los bancos por los intereses que perciben por las Leliq. Esto se podría hacer con una alícuota menor al 10% en conceptos de Ingresos Brutos.
La segunda idea también tiene que ver con Ingresos Brutos pero esta vez apunta al sector del juego, ya que está en estudio incrementar la tasa que paga el juego online -hoy es de de 2,5% para argentinos y llega hasta el 15% para extranjeros-.
Según el Ministerio de Economía, estas dos medidas alcanzarían para cubrir la mitad de lo que tendría que recibir la Ciudad, por lo que el resto debería ser recorte de alguna partida ya presupuestada, como por ejemplo, subsidios al transporte.
Las chances que algo así cuente con el apoyo de los bloques de la oposición hoy son bajas, y los 118 diputados con los que cuenta el Frente de Todos hacen imposible su aprobación.
Por otro lado, Juntos por el Cambio deberá resolver la disyuntiva que se le presentar. Por un lado, son fondos para la Ciudad de Buenos Aires, el bastión del PRO. Pero por el otro, la propuesta significa crear e incrementar un impuesto, algo que el interbloque opositor se niega de manera dogmática.
Lo mismo sucederá si la Casa Rosada avanza con la intención de recortar partidas en favor de la administración porteña. Del bloque de 115 diputados que tiene Juntos por el Cambio, solo 15 representan a los votantes porteños, el centenar restante responde a las provincias por lo que si avanza la idea de ajustar el Presupuesto eso va a impactar en sus distritos a favor de la Ciudad, algo que genera mucha discusión interna.
Todo esto, además, sucede en un escenario de alta belicosidad entre los dos bloques mayoritarios que hoy hace que el escenario de un recinto colmado de legisladores sea por lo menos dudoso. “Estamos peor que el año pasado y en ese momento no logramos llevar adelante ni siquiera una reunión de comisión”, reconoció un diputado del Frente de Todos. “Parece poco probable que este año logremos ir a comisiones y, además, llevar la norma al recinto antes de los 90 días”.
El plazo de 90 días se cumple a finales de marzo. Hasta ahora es el plazo en el que Alberto Fernández adelantó que le va a trasferir a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables que surgen de la cautelar de la Corte Suprema. El pago será realizado con bonos TX31, según anticipó el jefe de Estado en un extenso hilo de tuits.
Hasta ahora la Ciudad rechazó el pago con esto bonos pero lo más probable es que si no hay un acuerdo político en el Parlamento, el Ejecutivo tenga que reeditar el pago vía los bonos que vencen en el 2031.
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