En una situación infrecuente desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, las principales organizaciones cercanas al oficialismo habían anunciado marchas y protestas contra el Gobierno en desacuerdo con sus políticas sociales. Algunas ya las habían realizado. Por esa razón, y contra reloj, la ministra Victoria Tolosa Paz, tenía la difícil misión de desactivar el cronograma de medidas de fuerza votadas en las asambleas realizadas hace dos semanas en Puente Pueyrredón y el Obelisco porteño.
Luego de una serie de reuniones con la conducción de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encabezada por su secretario general, Esteban “Gringo” Castro, la titular de Desarrollo Social firmó un acta acuerdo con los dirigentes oficialistas -las organizaciones de izquierda no participaron- en la que estos se comprometen a desactivar las protestas a cambio de una serie de beneficios, entre ellos un nuevo bono a pagar en marzo para los titulares del programa Potenciar Trabajo.
También la compra de bolsones de frutas y verduras a cooperativas agrarias una vez por mes por parte del ministerio de Desarrollo Social para ser entregada a comedores populares que ellos mismos administran.
Ninguna de las organizaciones que integran el Frente de Todos quedó fuera del compromiso asumido. Estuvieron presentes, entre otras, el Movimiento Evita, liderado por los funcionarios Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro; Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es el también funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, Daniel Menéndez; el Frente Popular Darío Santillán, referenciado Dina Sánchez y el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois, el más díscolo de los dirigentes sociales y más cercano a Cristina Kirchner.
En acuerdo con el Gobierno Nacional, Castro, Grabois, Pérsico y Menéndez, mutaron el escrache que tenían previsto realizar hoy frente a supermercados y empresas de alimentos, a una movilización “contra la especulación y a favor de una redistribución justa” frente a “los supermercados de toda Argentina”.
“Llegamos a este fin de año con profunda pobreza y sueldos de miseria. Las políticas del Gobierno no llegan a los de abajo. Hay crecimiento, pero se la quedan cuatro vivos. Los formadores de precios son los principales responsables de la inflación hoy en Argentina”, le dijo a Infobae Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP.
Y agregó: “Si ellos se llenan los bolsillos con una necesidad básica como es la comida, que ahora la repartan un poco con los más humildes”.
Sánchez y Castro siguen siendo las voces más discordantes dentro de los movimientos sociales. Este último señaló días atrás que el bono de 13.500 pesos otorgado en dos tramos por el Poder Ejecutivo Nacional “no es cristiano ni peronista”. A su vez, Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP, llegó a sostener ante Infobae que Tolosa Paz “sigue con la guerra contra los pobres” al confirmar el bono “miserable” que se pagará en dos cuotas de 6750 pesos, la primera ya depositada el 21 de diciembre y la próxima el viernes 6 de enero.
Según pudo saber este medio, el espíritu crítico hacia la administración central del Frente de Todos se mantiene, pero se evitarán las grandes concentraciones callejeras a cambio de cumplir con los seis puntos acordados con Tolosa Paz:
-La entrega para confección de guardapolvos y otros de compre estatal, para ser producidos por cooperativas textiles.
-Un bono del mismo tenor al último abonado, a cobrarse junto al sueldo del mes de marzo de 2023 (para los beneficiarios del Potenciar Trabajo).
- Pago de la totalidad de los expedientes (entrega de herramientas y máquinas) a cobrarse con el presupuesto del corriente año.
-La compra de bolsones de frutas y verduras producidas exclusivamente por cooperativas agrarias de manera mensual.
-Desarrollo y construcción de módulos húmedos (baños) en barrios populares.
-Discusión, resolución y reglamentación del programa Potenciar Trabajo.
Este último punto es crucial para los movimientos sociales. Con más de 1.300.000 titulares, el programa más importante de Desarrollo Social está bajo la lupa de la justicia desde que la AFIP detectó más de 250.000 personas que cobraría de manera irregular por “incompatibilidades”.
El fiscal Guillermo Marijuán denunció a la ex diputada y a Emilio Pérsico, a cargo del Potenciar Trabajo desde la Secretaría de Desarrollo Social por no dar de baja a esos beneficiarios. Sí, en cambio, eliminó del padrón a más de 23.000 que habían adquirido divisas.
Los dirigentes sociales quieren que se revea esta medida y que se precisen algunas “incompatibilidades”, que para ellos no son tales y están sujetas a interpretación. Como el pago dolarizado de plataformas de streaming de películas, series y música y descarga de juegos.
Tolosa Paz también inició una “validación virtual” a través de la aplicación Mi Argentina de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que deben volver a registrarse. Tienen tiempo hasta el 6 de enero. Los que no realizan el trámite, serán dados de baja de manera automática.
La justicia estima que hay entre cien mil y ciento cincuenta mil titulares a los que no les llega el programa o cobran menos porque “intermediarios” se quedan con sus tarjetas del Potenciar Trabajo. Se sospecha que punteros políticos, dirigentes sociales y/o funcionarios podrían estar detrás de esta maniobra.
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