El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se encamina a cerrar el año con sólo 5 reuniones de sus integrantes en los últimos 12 meses. Un récord de inactividad que será muy difícil de revertir en un 2023 de elecciones presidenciales: la fractura de hecho que atraviesa se acentuó tras la reorganización del peronismo que se perfila tras el renunciamiento de Cristina Kirchner a cualquier candidatura. Los disímiles proyectos políticos y personales de los sindicalistas, cruzados por la desintegración de los liderazgos en el Frente de Todos, traerán más conflictos.
Esas 5 reuniones, en realidad, fueron las que mantuvieron hasta hoy los integrantes del Consejo Directivo de la CGT, pero lo que abundaron fueron encuentros por separado de la fracción no kirchnerista (la famosa “mesa chica”, de unos 8 dirigentes) y del sector kirchnerista (que no se ven las caras regularmente). Hasta el congreso unificador del 11 de noviembre de 2021, la CGT tenía 25 secretarías y 10 vocalías: pasaron a ser 36 y 13, respectivamente, para permitir la incorporación de todas las corrientes internas y de las mujeres. Reunir a 36 dirigentes o, sumando los vocales, a 49 era una misión casi imposible, más cuando las fuertes diferencias son casi el único elemento común. El pobre resultado quedó a la vista. La mayor representatividad quedó sólo en los papeles.
Hoy, los dos grandes sectores del gremialismo peronista entraron en ebullición por la decisión de la Vicepresidenta de no postularse a ningún cargo. Fue un misil en el corazón del gremialismo K, donde se apelotonan Pablo Moyano (Camioneros) y sus socios del Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona) Mario Manrique (SMATA) y Omar Plaini (canillitas); la Corriente Federal de Trabajadores, que integran Sergio Palazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales) y Walter Correa (curtidores y ministro de Trabajo bonaerense); la CTA kirchnerista, dirigida por Hugo Yasky, y el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, convertido en la estrella más rutilante del gremialismo K.
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En el otro rincón sindical, el no kirchnerista que a veces muta al antikirchnerismo, está el sector mayoritario de la CGT: Héctor Daer (Sanidad) y Armando Cavalieri (Comercio), de “los Gordos”; Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), de los independientes, y Carlos Acuña (estaciones de servicio), del barrionuevismo. Eran los más perjudicados si seguía vigente el “dedo” de Cristina Kirchner y La Cámpora para digitar las candidaturas y ahora, tras el renunciamiento vicepresidencial, salió a la luz el armado político que amasaron pacientemente durante meses para unirse con los gobernadores del PJ en su objetivo de recomponer al peronismo.
El sindicalismo kirchnerista apostaba a salir favorecido en el reparto de lugares en las listas, como sucedió en 2021, cuando sólo Palazzo, Siley, Correa y Yasky entraron en la nómina de diputados por la provincia de Buenos Aires y el resto de sus colegas, incluido el moyanismo, quedó marginado. De todas formas, le queda un aliado incondicional como Axel Kiciloff, siempre que logre incidir en las nóminas de postulantes y, sobre todo, si consigue su reelección como gobernador. Es también quien está en mejores condiciones de heredar el apoyo absoluto de los dirigentes gremiales cristinistas.
Este sector respaldará la candidatura presidencial del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, uno de los líderes de La Cámpora, aunque mira de reojo su acercamiento a los empresarios y a los medios “hegemónicos” para construir una imagen de moderado del kirchnerismo. Pero siguen apostando a que la Vicepresidenta ceda ante el “clamor” de la gente y acepte al menos ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, algo que permitirá retener un fuerte piso de votos en el distrito electoral más importante del país. Por ahora, en ese escenario hay más deseo que realidad.
El sector mayoritario de la CGT lanzó el 17 de octubre pasado el Movimiento Nacional Sindical Peronista para disputar espacios en las listas del oficialismo para 2023 y hace una semana se reunió con gobernadores del PJ en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para comenzar la reorganización del peronismo. La voz cantante del encuentro se repartió entre el mandatario de San Juan, Sergio Uñac, y el dirigente cegetista y líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, quienes mantienen desde hace meses un canal de diálogo para armar un polo de poder no kirchnerista en el PJ.
El renunciamiento de Cristina Kirchner favorece políticamente a esa fracción sindical, que sueña con incidir en el nombre y el perfil del candidato presidencial del peronismo. Por ahora hay algunos que ven más potable a por un gobernador peronista como Uñac, impulsado por Gerardo Martínez, mientras otros, apuestan por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, un favorito de Héctor Daer. Este sector apuesta a consolidar su protagonismo en la alianza con los gobernadores del PJ para copar con candidatos propios las listas de candidatos. Sabe que, más allá de quien asuma la presidencia de la Nación, para tener poder real deberá constituir un bloque legislativo de extracción sindical que sea lo suficientemente poderoso como para que ningún gobierno lo vuelva a marginar del poder.
Aunque el presidente de turno no les dé espacios ni participación, como sucedió con Alberto Fernández, el sindicalismo cree que volverá a ser determinante si logra tener muchos diputados y senadores propios. Es la vieja idea de Lorenzo Miguel, adaptada al esquema precario del peronismo de hoy: en el apogeo del cacique metalúrgico, el gremialismo peronista podía presionar con cientos de miles de trabajadores en la calle; hoy, ese lugar lo desempeñan los movimientos sociales. No casualmente, el Movimiento Evita se reunió el 20 de octubre pasado con el ala mayoritaria de la CGT: es uno de sus potenciales aliados en el proyecto de reorganizar al peronismo.
¿Cómo encarará el sindicalismo el decisivo año electoral que se perfila? Dividido, pero con la misma sensación: sin Cristina en ninguna boleta, sus dirigentes deberán aferrarse al candidato del Frente de Todos que garantice un mejor desempeño electoral. Aquí es donde, más allá de las apuestas de las fracciones gremiales, están subiendo aceleradamente las acciones de Sergio Massa: creen que si logra seguir bajando la inflación puede convertirse en un postulante muy competitivo para disputar la Presidencia en 2023. El ministro de Economía da señales de que no quiere presentarse en las elecciones, pero algunos dirigentes sindicales intentarán convencerlo de que revea su negativa.
Aun así, la CGT sigue esperando que el Gobierno le gire fondos adicionales para las obras sociales, aunque cerca de Massa aseguran que ya les liberó unos $4000 millones y que está a punto de hacer lo mismo con otros $8000 millones. En el fondo, la discrepancia está relacionada con una partida de $148.000 millones que fue incluida en el Presupuesto 2023 para “gastos en salud”, de manera genérica, pero que requieren de una resolución administrativa o de un Decreto de Necesidad y Urgencia para que sean destinados a cubrir el costo de las prestaciones por discapacidad en los rubros de educación y transporte, que hoy pagan las obras sociales y aumentan su déficit financiero.
Esos fondos para pagar las prestaciones por discapacidad estaban incluidos el artículo 127 del proyecto de Presupuesto 2023 elevado por el Poder Ejecutivo, luego de ser negociado entre Massa y la CGT, e iba a permitir un alivio en las arcas de las obras sociales, pero la inclusión de ese punto clave para el sindicalismo fue rechazado en la Cámara de Diputados: lo votaron en forma afirmativa los 117 diputados del Frente de Todos, más 3 aliados (los del Frente de la Concordia de Misiones, el Movimiento Popular Neuquino y SER, de La Rioja), pero recibió el rechazo de los 124 legisladores de Juntos por el Cambio y la abstención de 4 diputados del Frente de Izquierda.
El sindicalismo necesita que se instrumente esa ayuda para las obras sociales. Si hubiera tenido los diputados necesarios, podría haber logrado ese auxilio económico. Ahora depende del Gobierno. Es uno de los tantos motivos por los cuales la CGT apunta a tener un bloque legislativo de peso propio. Otro también es clave para los dirigentes gremiales: obturar en el Congreso el intento del kirchnerismo de sancionar la reforma del sistema de salud anunciada por la Vicepresidente y que, según temen en la central obrera, esconde la vieja aspiración de apropiarse de los fondos de las obras sociales.
Como cada sindicalista hace su juego, Hugo Moyano le volvió a regalar a su amigo Alberto Fernández una foto clave en estos tiempos de soledad política: fue a visitarlo a la Casa Rosada para hablar de “distintos temas”. La reunión fue buscada por la Casa Rosada para tratar de mostrarse al lado de un dirigente importante luego del vacío en el que lo dejaron muchos de sus ministros y supuestos aliados en el acto por los 3 años de su gestión. ¿Será el líder camionero el primer abanderado del proyecto reeleccionista de Alberto Fernández? Hugo Moyano es ante todo, un pragmático. Por eso le dio el aval a un operador político que está propiciando un encuentro a solas con Horacio Rodríguez Larreta.
Ese es otro ingrediente del viscoso cóctel que consume el sindicalismo peronista. Buscará recuperar fuerza política, más dividido que nunca, e incidir en las listas y el candidato presidencial del Frente de Todos, pero siempre con un ojo puesto en otro lado por si en 2023 queda aún más lejos del poder.
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