La reacción de Rodríguez Larreta, entre la crítica institucional contra Alberto Fernández y una posible denuncia penal

Horacio Rodríguez Larreta fijará esta mañana su postura tras la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la coparticipación: hará un reclamo de tipo institucional en rechazo del “alzamiento” contra la Constitución y anunciará una presentación para informar al máximo tribunal sobre el desconocimiento de la sentencia, como paso previo de una posible denuncia penal contra el Presidente.

El jefe de Gobierno, que hablará a las 10 en una conferencia de prensa que se realizará en la sede de Uspallata, analizó anoche la situación en un Zoom con funcionarios porteños y asesores legales. Durante cerca de dos horas, se evaluó el escenario jurídico y político que se abre con la desobediencia al fallo de la Corte por parte de la Casa Rosada, calificada como “casi un golpe de Estado” en la reunión virtual que encabezó Rodríguez Larreta y de la que participaron, entre otros, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface; el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y y el ministro de Hacienda, Martín Mura.

En una primera lectura del gabinete porteño, la determinación presidencial “supone un conflicto de poderes entre la Nación y la Corte”. “Es un desconocimiento del Estado de Derecho, donde la Ciudad es la tercera parte perjudicada, pero el conflicto es entre el gobierno nacional y la Corte”, sostuvieron en el Zoom, donde acordaron esperar el texto oficial que ampara el incumplimiento del fallo.

Te puede interesar: Coparticipación: el Gobierno no acatará el fallo y recusará a los jueces de la Corte que resolvieron a favor de la ciudad de Buenos Aires

En el encuentro se consideró que la polémica decisión del primer mandatario durante su reunión con 14 gobernadores del PJ “no sólo atenta contra las bases de la República y el federalismo sino que también tendrá un efecto devastador para la credibilidad económico-financiera del gobierno nacional, tanto en la deuda en pesos a renovar como en los bonos de deuda soberana en dólares”.

Según uno de los participantes del Zoom, “para Sergio Massa es más problemático en el manejo de la economía lo que decidió el Presidente que pagar los 180.000 millones de pesos adicionales que tendría que haber transferido el gobierno nacional a la Ciudad si acataba el fallo de la Corte”.

Pese a lo resuelto por la Casa Rosada, el oficialismo de la Ciudad decidió mantener la sesión de hoy de la Legislatura porteña para votar la eliminación del impuesto a las compras con tarjeta de crédito: el proyecto que impulsará el larretismo, con el respaldo de sus socios de Juntos por el Cambio en la Ciudad, dejará sujeta la baja de gravámenes al “efectivo cumplimiento” del fallo de la Corte.

Cerca de Rodríguez Larreta no descartan elevar una denuncia penal contra Alberto Fernández por no acatar la sentencia del alto tribunal. Si se concretara, la resolución del gobierno porteño estaría en sintonía con la estrategia que seguirá la Coalición Cívica (CC): Elisa Carrió y otros dirigentes de su partido anunciaron que presentarán hoy mismo una denuncia penal contra el Presidente y los funcionarios del Poder Ejecutivo que no acaten la decisión de la Corte por los delitos de alzamiento, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Quieren chocar las instituciones, pero van a perder, no lo van a lograr”, advirtieron en el partido fundado por Carrió.

La denuncia de la CC será firmada por Carrió; el líder del partido, Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales, Juan Manuel López y las diputadas nacionales por la Ciudad de Buenos Aires Paula Oliveto y Mariana Zuvic. También la suscribirán los legisladores porteños Facundo del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucía Romano, y el jefe del partido en la Ciudad, Claudio Cingolani.

Para los impulsores de la denuncia, al igual que razonan en el larretismo, el incumplimiento del fallo no sólo tiene consecuencias penales contra el Presidente sino también contra cualquier funcionario con responsabilidades que desoiga la sentencia: “Si un director del Banco Nación no obedece lo dispuesto por la Corte -dicen-, también incurrirá en el mismo delito que el jefe del Estado”.

Para Mauricio Macri, “no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”. Y agregó: “Las sentencias no se discuten, se cumplen. La desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”. En el mismo sentido, referentes de Juntos por el Cambio denunciaron que la postura presidencial incurre en el “delito de sedición” y que estaría entrando en un “terreno de ilegalidad”.

Patricia Bullrich señaló que “lo que hacen es que Argentina viva en la ley de la selva y no lo vamos a aceptar porque sabemos cómo termina esa experiencia”. “Los gobernadores dicen una estupidez, este dinero siempre ha sido neutro. La decisión que han tomado es política”, dijo a la señal TN.

Para la titular del PRO, “esto es un caos, vivimos en un país sin ley, como fueron los festejos en el Obelisco: han decretado la muerte de la Constitución”.

Maximiliano Ferraro, el presidente de la Coalición Cívica, le recordó al Presidente que “los fallos de la Corte se acatan” y consideró que “su irresponsabilidad es de extrema gravedad”, ya que “vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre”. “La solución a nuestros problemas es respetando las reglas de juego, no a la inversa”, resaltó.

El jefe del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, consideró que “no hay regla de juego que valga cuando el jefe de Estado se comporta como líder de una facción” y añadió que “esto solo confirma lo que ya sabíamos: el kirchnerismo viene por todo”. “En este desacato se quieren llevar puesta a la democracia. Vamos a defender la libertad y la República”, aseveró.

El diputado nacional Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos, opinó “si hay una desobediencia ante la Corte, en los hechos estaríamos entrando en un terreno de ilegalidad” y puntualizó: “El Presidente se quiere llevar puesta la República. Ya no hay espacio para dudas: presentaré un pedido de juicio político contra Alberto Fernández y espero que todos los diputados de la oposición me acompañen. No nos rendiremos ante un gobierno golpista”.

Seguir leyendo: