El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, brindará este viernes una conferencia de prensa luego que el Poder Ejecutivo Nacional anunciara que no acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el porcentaje de coparticipación que el Gobierno de Alberto Fernández le quitó a la Ciudad de Buenos Aires.
Larreta hablará mañana en la sede de la administración porteña de la calle Uspallata.
La disputa por la coparticipación sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que el Presidente acordara en una reunión que mantuvo con 14 gobernadores desconocer el fallo del Máximo Tribunal y no entregar una partida que implique beneficiar a la Ciudad y perjudique al peronismo en sus decisiones de gestión.
Tal como precisó Infobae en las últimas horas, el sustento jurídico en el que se basa el Gobierno es el artículo 9 de la ley de cautelares, donde se indica que “los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma, perturbe los bienes o recursos propios del Estado”.
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En tanto, la Corte Suprema indicó que la decisión tomada no es una medida cautelar que afecte o obstaculice los bienes del estado, sino que el Máximo Tribunal lo que hizo fue asignar a quienes corresponde esos bienes y recursos del Estado.
Esta noche, los gobernadores emitieron un comunicado en el que señalaron que “según la ley 27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además, el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016″.
Consideraron que se trató de “un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”, agregaron.
En la misma línea, los mandatarios provinciales sostuvieron que se trata de “un fallo político, de cara al año electoral”: “La Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”. Y reafirmaron que Alberto Fernández “ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria ‘in extremis’ de la resolución cautelar dictada”.
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En este contexto, Larreta volverá a hablar. Ya lo había hizo este miércoles cuando celebró que el Máximo Tribunal le diera la razón a la Ciudad en la disputa por la coparticipación. En aquella ocasión, manifestó que no entendía cómo los gobernadores respaldaban al Presidente. “Este fallo refuerza el federalismo. La división de poderes y la institucionalidad frenaron un ataque directo de la Nación a la Ciudad, que es autónoma como todas las provincias. Y hago una aclaración importante que el fallo explícitamente señala: esto no afecta en lo más mínimo a ninguna provincia”, expresó el jefe de Gobierno porteño que protestó que como el fallo no es retroactivo, “no nos devuelven todo lo que injustamente nos quitaron hacia atrás”.
El recorte en la coparticipación porteña había sido decretado por Alberto Fernández para darle un aumento a la Policía Bonaerense en medio de una protesta de efectivos que puso en jaque la seguridad de la Provincia a mediados de 2020.
Rodríguez Larreta recordó ese día en el que “el Presidente nos sacó a los casi 7 millones de argentinos que vivimos o que vienen a la Ciudad todos los días”.
“Nunca me voy a olvidar cuando a las 7 y 29 recibí un WhatsApp del Presidente contándome del recorte que anunció un minuto después. No podía creer que el Gobierno Nacional estuviera perjudicando a propósito a un distrito porque no vota como a ellos les gustaría o porque en la pandemia tomábamos decisiones diferentes”, recordó.
Además, ejemplificó la quita de fondos con lo que equivale el pago anual de sueldo a los docentes. “El fallo de hoy nos devuelve gran parte de lo que nos corresponde. A partir de hoy, el Gobierno debe volver a transferir a la ciudad el 2,95% de la masa coparticipable”, resaltó.
Se espera que Larreta vuelva a hablar en el mismo tono este viernes cuando encabece la conferencia de prensa y apunta nuevamente hacia Alberto Fernández y los 14 gobernadores que acordaron no acatar el fallo de la Corte.
Referentes de Juntos por el Cambio ya salieron a criticar al Gobierno. Consideraron que la postura acordada es “un delito de sedición” y que estaría entrando en un “terreno de ilegalidad”.
El presidente del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, manifestó que al no acatar el fallo, “se confirma que Alberto Fernández y los gobernadores peronistas se están alzando contra la Constitución. Sediciosos”.
Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, en declaraciones a TN, dijo: “Lo que hacen es que Argentina viva en la ley de la selva y no lo vamos a aceptar porque sabemos cómo termina esa experiencia. Los gobernadores dicen una estupidez, este dinero siempre ha sido neutro. Es política la decisión que han tomado”.
“Señor Presidente los fallos de la Corte se acatan. Su irresponsabilidad es de extrema gravedad. Vulnera la ley y la Constitución y genera cada vez mayor inseguridad jurídica e incertidumbre. La solución a nuestros problemas es respetando las reglas de juego, no a la inversa”, manifestó en la misma sintonía Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica.
Por su parte, abogados constitucionalistas señalaron que la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte “es causal de juicio político”.
Diego Armesto explicó en diálogo con Infobae que, de concretarse el incumplimiento de la medida cautelar por parte del jefe de Estado, podría causarle consecuencias tanto en el ámbito penal como en el legislativo.
En este sentido, el especialista en la materia señaló que, al ser el mandatario nacional la máxima autoridad ejecutiva del país, existe “un grave conflicto de poderes” y su accionar podría encuadrarse “dentro del artículo 36 de la Constitución”, el cual hace referencia a “actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático”, por lo que consideró que “es causal suficiente de juicio político” por parte del Congreso.
Armesto señaló que puede ser entendido como un delito de sedición, tipificado en el artículo 230 del Código Penal, que reprime “con prisión de uno a cuatro años” a quien se alce “públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales”.
Asimismo, el letrado advirtió que el gobierno porteño podría “solicitar ante la misma Corte Suprema el embargo y la ejecución inmediata de la medida cautelar”, para que, a pesar de la negativa del Presidente, la orden se cumpla y le transfieran los fondos en disputa.
En esta misma línea, Daniel Sabsay sostuvo que “solamente en la Argentina se puede dudar sobre el acatamiento o no de un fallo de la Corte”, porque al hacer esto “se trata es de un claro incumplimiento de la Constitución”.
“La Corte Suprema es, precisamente, el control contramayoritario que está concebido en la Constitución de Filadelfia, de los Estados Unidos, de 1787, que trata, justamente, no sobre el mérito y conveniencia de una decisión de uno de los poderes políticos, pero sí de cuando ellos incurren en errores vinculados con la posibilidad de afectar derechos o garantías constitucionales”, precisó.
En su cuenta de Twitter, Pablo Lanusse expresó que “los fallos de la Corte Suprema pueden ser compartidos o no”, pero “ineludiblemente deben ser cumplidos y respetados”. “No se necesita ser profesor de derecho ni abogada exitosa para saberlo. Como también, que su desacato genera las consecuencias de los arts. 29 y 36 de la Constitución Nacional y del Código Penal”, completó.
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