Consejo de la Magistratura: la Corte Suprema le tomará juramento hoy a los diputados y debe definir la situación de los senadores

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomará hoy juramento a cuatro diputados nacionales como miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación. El organismo debería haber comenzado a funcionar con su nueva integración hace un mes pero por disputadas políticas y causas judiciales todavía no logró su conformación total. Resta que también se defina la situación de los cuatro senadores para que esté completo de manera definitiva.

A las 11 de este miércoles, en la Corte Suprema jurarán los diputados del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley; el del PRO Álvaro González y la radical Roxana Reyes. Será una ceremonia a puertas cerradas, solo para invitados especiales. Los cuatro diputados ya confirmaron su presencia. Hoy también será la reunión de acuerdos de los jueces del Máximo Tribunal —Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz—, que estaba prevista para ayer pero se pasó el feriado de los festejos de la Selección de fútbol tras haber ganado el Mundial de Qatar 2022.

Con la jura de los cuatro diputados, el Consejo —encargado de la selección y acusación de los jueces nacionales y federales y de la administración del Poder Judicial— pasará a tener 16 miembros. Ya habían jurado los representantes de los jueces (4), de los abogados (4) y de los académicos (2) y del Poder Ejecutivo (1), además de Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo. Pero el organismo está integrado por 20 miembros. Faltan los cuatro representantes del Senado.

Hasta que eso no ocurra no podrá funcionar, más allá que desde hoy tendrá quorum para sesionar. Ocurre que deben conformarse las comisiones y para eso deben estar los senadores para que se defina en cuáles estarán. También se deben elegir las autoridades de sus cinco comisiones y el vicepresidente que acompañará a Rosatti. Si no están los senadores, falta un estamento completo, por lo que se va a esperar a que se defina su situación. Faltan seis días hábiles para que termine el año.

La disputa política por el Consejo comenzó hace un año. A fines de diciembre del 2021 la Corte declaró inconstitucional su integración de 13 miembros y dispuso que vulva a su conformación anterior de 20. En abril juraron siete nuevos consejeros para completar el mandato hasta el 18 de noviembre. Pocos días antes de esa fecha, el máximo tribunal anuló la designación del senador kirchnerista Martín Doñate porque el kirchnerismo dividió su bloque en el Senado para quedarse con un lugar que le correspondía al PRO. La Corte dijo que se trató de un “ardid” para violar la Constitución y el fallo disparó duras críticas del oficialismo.

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La decisión no impactó en el funcionamiento del Consejo porque faltaban pocos días para que vencieran los mandatos. Desde el 18 de noviembre era un barajar y dar de nuevo. Pero la disputa continuó. El oficialismo insistió en designar a Doñate para el período 2022-2026. Dijo que el fallo de la Corte que objetaba al senador no regía hacia adelante porque el bloque seguía dividido.

Pero el PRO reclama ese lugar para el senador Luis Juez que presentó un amparo para que se anule la designación de Doñate. La oposición sostiene que el fallo tiene efectos para el futuro y que el ardid se mantiene, por lo que el lugar es de la oposición. El amparo de Juez fue rechazado en primera instancia pero presentó un per saltum con el que llevó el caso directamente a la Corte Suprema.

Los cuatro senadores propuestos son Mariano Recalde e Inés Pilatti de Vergara, del Frente de Todos; Eduardo Vischi, de la UCR; y Doñate. No hay objeciones sobre los tres primeros y la expectativa es lo que haga la Corte Suprema con la postulación de Doñate.

Lo de los representantes de Diputados también tiene su judicialización. A fines de noviembre, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick resolvió una causa que había presentado el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, contra la designación de la radical Reyes para el anterior período del Consejo. Con el fallo de la Corte Suprema de Doñate, el magistrado dijo que Reyes no podía integrar el organismo porque esa designación también violaba el espíritu de la integración ya que la diputada y su par González estaban en bloques separados pero en rigor formaban parte de la misma alianza de Juntos por el Cambio.

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Cuando eso ocurrió, la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, ya había enviado a la Corte las postulaciones de Siley, Reyes, González y Tailhade. Pero ante el fallo retiró los nombres de la Corte y apeló la decisión. Sin embargo, la semana pasada el Máximo Tribunal ordenó tomarle juramento a los cuatro. Explicó que el retiro de los nombres había sido irregular porque no contó con el aval de los bloques de Diputados, lo que sí había ocurrido cuando los envió. El oficialismo, entonces, volvió a criticar a la Corte.

El Máximo Tribunal fijó la fecha de jura para esta mañana. En principio estaba prevista para el lunes pero se postergó por una intervención ambulatoria que tenía Tailhade. Cuando aceptó tomarle juramento a los diputados, el Máximo Tribunal aclaró que en el caso de Reyes lo hacía sin perjuicio de lo que podría resolver en la causa judicial que objeta su designación y que llegará a la Corte Suprema.

La política y la Justicia miran de cerca al Consejo. Se trata de un órgano clave porque sin su funcionamiento se traban la posibilidad de cubrir vacantes de jueces. La última vez que se reunió fue en julio pasado y desde hace un mes que no está completo, algo que no había ocurrido en su historia. Sin embargo, las trabas vienen desde hace tiempo. La grieta política hace casi imposible que haya acuerdos para avanzar en los concursos públicos. El 2021 fue el peor año en la historia del Consejo en ese aspecto: solo se aprobaron cinco concursos. El que está terminando fue un poco mejor a pesar de las disputas.

Hacia adelante hay un año de elecciones presidenciales, lo que nadie apuesta a que las cosas mejoren. Si no todo lo contrario: será un 2023 en el que las disputas se profundizarán.

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