Por primera vez desde el retorno de la democracia, una comunidad Mapuche, en este caso del territorio Williche, fue recibida en la Casa Rosada. El encuentro con el presidente Alberto Fernández fue en el Salón Eva Perón. Le pidieron una solución por las tierras “ancestrales” que reclaman en la zona de Villa Mascardi, lugar del que fueron desalojados en octubre pasado; solicitaron que se disuelva el “comando de fuerza federales” instalado en el lugar para evitar nuevas usurpaciones y por la libertad de las tres mujeres detenidas en el marco del desalojo judicial.
El mandatario reforzó la idea de “avanzar en una solución en relación al conflicto territorial”, pidió que “la Secretaría de Derechos Humanos convoque a una mesa de diálogo” y mantener un nuevo encuentro en Casa de Gobierno. Fernández estuvo acompañado por el secretario de DD.HH., Horacio Pietragalla Corti; y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni.
El encuentro demandó más de dos horas a lo largo de la cual el Presidente reiteró su compromiso para garantizar el respeto de las culturas originarias de Argentina y la necesidad de continuar con el diálogo para avanzar en la construcción multicultural.
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En ese sentido les dijo: “Ustedes cuentan con un gobierno que los recibe con su propia cultura, su identidad, como hermanos que somos”.
La conversación estuvo cruzada por las causas judiciales abiertas en la Patagonia contra integrantes de comunidades Mapuches, sobre todo en Río Negro.
Fue la abogada María del Rosario Fernández, miembro de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, quien le recordó al Jefe de Estado que la “causa madre” tiene su origen el 10 de noviembre de 2017 -durante el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad- cuando los imputados ingresaron a un predio perteneciente a Parques Nacionales, en el marco de un supuesto plan de reivindicación territorial.
Dos semanas más tarde, la Justicia Federal ordenó el desalojo del predio. El operativo fue encabezado por integrantes del Grupo Albatros de la Prefectura Naval. En ese marco fue asesinado Rafael Nahuel, de 22 años. Esta muerte, al igual que la de Santiago Maldonado, se dio en el contexto del conflicto territorial que tiene como protagonistas a pueblos originarios de todo el país.
Los efectivos que estuvieron al frente de la diligencia lograron detener a varias mujeres que estaban en el terreno, los hombres huyeron hacia la zona montañosa y aún permanecen prófugos.
Después de ese intento de desalojo, la Justicia no volvió a disponer otras medidas similares hasta el 4 de octubre, cuando finalmente la jueza federal subrogante Silvina Domínguez ordenó la liberación de todos los predios ocupados en el paraje.
El desalojo también fue violento y el saldo: cuatro mapuches que aún se mantienen prófugos; y otras siete imputadas, de las cuales tres permanecen con prisión domiciliaria: Luciana Jaramillo, Romina Rosas y la autoproclamada “machi” Betiana Colhuan.
Reclamos, violencia y diálogo
La letrada patrocinante y los 14 integrantes de la comunidad Mapuche le pidieron a Fernández por la libertad de las tres detenidas.
Fue en este marco que Fernández, según recuerdan varios asistentes, dijo: “Yo no soy Patricia Bullrich” y aclaró que su administración busca soluciones pacíficas, no violentas, y que, si en el desalojo de octubre se utilizó fuerza en exceso, es responsabilidad de la autoridad judicial que ordenó el accionar en el predio usurpado.
Si bien Fernández destacó la división de poderes, se habría mostrado contrario a la prolongada detención de las imputadas y recordó que como docente de derecho penal y abogado es de la idea de que las “prisiones preventivas es el último ratio de un delito”.
Otro de los temas conflictivos que se abordaron en Casa Rosada fue la creación por parte del Gobierno de un Comando Unificado de Seguridad para evitar ataques y tomas mapuches.
De manera directa los representantes de la comunidad pidieron la disolución del grupo. El Presidente les explicó por qué razón no lo hará. Cómo en la región operan cuatro fuerza federales, Policía, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura, es necesario unificar las decisiones en una unidad para que el jefe del comando de las ordenes, que llegan del ministro Aníbal Fernández y el resto acate.
Los integrantes de la comunidad mapuche y la abogada Fernández expresaron su inquietud por la “persecución judicial sobre los Mapuches”. En ese punto el mandatario se expresó de manera contraria: “Yo no veo una persecución judicial”.
Fue la representante legal de las mujeres detenidas y de la “causa madre” quien le dijo a Fernández que las tres mapuches están detenidas por “una cuestión racista”. Una vez más, el Presidente salió al cruce de esa visión: “Este no es un Gobierno racista”, respondió.
A pesar de estas diferencias, todos los interlocutores destacaron la formación de una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo pacífico para entregarle a las comunidades mapuches las tierras que reclaman como propias en Villa Mascardi, Bariloche.
Si bien no hubo definición sobre el tema, los representantes de la comunidad pidieron la intervención del mandatario para que se suspenda el juicio por las usurpaciones mientras avanzan los acuerdos en la mesa del diálogo porque a entender de la abogada de la gremial “no se puede estar en un lado y en el otro” y aclaró: “Si a la mañana estamos en el juicio en el que se persigue judicialmente a las y los imputados mapuches, a la tarde no podemos estar acordando la sesión de las tierras por las que están siendo juzgados”. El Presidente se habría manifestado en favor de esa “visión coherente”.
Los presentes en la reunión
Por la tarde de ayer, un comunicado de la Casa Rosada difundió la lista de los integrantes de la comunidad Mapuche que participaron del encuentro con Alberto Fernández: María Luisa Huincaleo, Pillan Kushe de la Comunidad Mapuche Fentren Kimun (Chubut); Felipe Suárez del Consejo de Ancianos de la Comunidad Mapuche Nahuelpan (Chubut); Ángel Quilaqueo, Lonko de la Comunidad Mapuche Nahuelpan (Chubut); Soraya Guitart, Pillan Kushe de El Bolsón (Río Negro); Carlos Curruhuinca, Lonko de la Comunidad Curruhuinca (Neuquén); Mauro Egor Millán, Lonko de la Comunidad Mapuche Pillan Mahuiza (Chubut); María Elena Tripailaf, Pillan Kushe de la Comunidad Paine Filu (Neuquén) y María Isabel Huala, Lonko lof Hualahue (Río Negro).
Asistieron también Orlando Carriqueo, Werken del Parlamento Mapuche de Río Negro; Leticia Curruhuinca, Lawentuchefe de la Comunidad Mapuche Curruhuinca (Neuquén); Natalia Verónica Rivera de la Comunidad Mapuche Nahuelpan (Chubut); Karina Hernández, Comunicadora Mapuche del programa de Radio Nacional Viedma Afafan y Radio Encuentro; Iris ROMERO de Comunidad Mapuche Curruhuinca (Neuquén) y Werken del Sistema de Salud de la Comunidad; María Isabel Nahuel, Relmu Lafken winkul Mapu (Río Negro) y la abogada María del Rosario Fernández.
En dos meses volverán a Casa Rosada para evaluar los avances o retrocesos en los temas que se abordaron.
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