El tráfico de efedrina a la Argentina, que tuvo su pico entre 2004 y 2008, activó decenas de causas judiciales y de juicios orales, pero todavía no fueron juzgados los ex funcionarios involucrados. Ese expediente, donde están procesados los ex responsables de la Sedronar, el organismo que autorizaba la importación del precursor químico, finalmente irá a juicio oral. Si no hay sorpresas, el debate arrancará en 2023 y tendrá más de 60 testigos.
Los principales imputados en esa causa son los ex responsables de la Sedronar: Ramón Granero, Gabriel Abboud y Julio De Oure (ex director del Registro Nacional de Precursores Químicos)
Cuando los procesó, en 2014, la jueza federal María Servini, sostuvo que ”ningún kilo de efedrina podría haber ingresado legalmente al país sin el conocimiento, consentimiento y autorización” de esos tres funcionarios. La magistrada también determinó que hubo un desvío de 40 mil kilos de efedrina.
El precursor ingresaba al país desde China e India y terminaba en México, donde estaba prohibido.
El “festival” de la efedrina se cortó en septiembre de 2008, apenas un mes después del Triple Crimen de General Rodríguez.
Servini también procesó a dos de los hermanos Zacarías, ligados a la familia Kirchner. Uno de ellos, Miguel Ángel, era el secretario privado de Granero y tenía decenas de llamados con empresarios condenados por el tráfico de efedrina. El otro, Máximo Rito Zacarías, era un empleado de Ceremonial del PAMI que se presentó ante el Registro de Precursores Químicos para facilitar la compra de 1.000 kilos de efedrina.
Los dos Zacarías llegarán al juicio representados por defensores oficiales.
Los Zacarías en realidad son cuatro hermanos: los otros dos, Rubén y Luis, trabajaron en la Rosada, muy cerca de Néstor y Cristina Kirchner, pero nunca fueron llamados a declarar.
El expediente tuvo un pico de exposición en 2014, cuando Servini amenazó públicamente con allanar la Rosada ante la falta de colaboración del gobierno de Cristina Kirchner. En ese momento, la jueza buscaba información sobre llamadas telefónicas. Finalmente el entonces secretario general de la presidencia Oscar Parrilli recibió a los funcionarios judiciales y les entregó los datos.
Con esa información, se detectaron llamados muy sospechosos en las mismas fechas que se aprobaban los trámites en la Sedronar. Por ejemplo, había al menos diez llamados entre un abogado de Santa Cruz cercano a Granero, y dos internos de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaria Legal y Técnica, a cargo de Carlos Zannini. También había comunicaciones con la privada del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Los ex funcionarios de la Sedronar siempre argumentaron que ellos mismos habían activado las denuncias judiciales contra los empresarios que importaban a la efedrina, pero la Justicia nunca les creyó. Cuando le tocó declarar ante Servini, uno de los ex funcionarios, Gabriel Abboud, aseguró que “no habían existido alertas de desvío internacional ni nacional (de efedrina) hasta abril de 2008″, cuando la Aduana recibió un alerta de la DEA. Y culpó al ex ministro de Seguridad Aníbal Fernández de “retrasar la solución a ese problema”.
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Granero nunca habló en público del escándalo. Cuando fue procesado, estaba cumpliendo funciones en la ex Enarsa y se retiró en silencio. Las pruebas en su contra se expandieron por otros expedientes. En un juicio oral ante el Tribunal Oral Federal 4, una ex asesora suya, Sandra Oyarzábal, admitió que era pareja de Augusto Abraham, uno de los empresarios condenados por el tráfico de efedrina.
Oyarzabal ahora es uno de los testigos propuestos por el fiscal Marcelo Colombo.
Otra ex asesora de Granero, Susana Muzzio, que manejó varios de los expedientes administrativos en la Sedronar, había sido empleada de Prefarm, uno de los laboratorios que importó mayor cantidad de efedrina.
La causa contra los ex funcionarios fue elevada a juicio en diferentes tramos. La primera elevación, en 2017, llevaba la firma del ex juez Sergio Torres. Unos días antes, llamativamente, Servini se había apartado ante una serie de planteos realizados por la defensa de Abboud en Comodoro Py y en el Consejo de la Magistratura. La jueza dijo en ese momento que fue “víctima de hostigamiento como pocas veces ha visto a lo largo de toda su carrera judicial”.
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Otro de los procesados por esa causa era Ibar Pérez Corradi, pero el TOF 8 ya lo condenó en 2018 por el desvío ilegal de 1900 kilogramos de efedrina, entre los años 2004 y 2008. “Hubo varios desprendimientos de la causa original, se fue priorizando los casos que tenían detenidos”, explicó una fuente del tribunal.
Seis años después de la primera elevación, finalmente habrá juicio oral para los ex funcionarios. El debate también estará a cargo del TOF 8 y será presidido por Nicolás Toselli.
Si no hay sorpresas, comenzará en 2023. “La prueba ya está ofrecida por todas las partes. Hay algunas medidas de instrucción suplementaria pero no hay ningún peritaje complejo, estamos ajustando las agendas para definir la fecha de arranque”, confirmó a Infobae una fuente judicial.
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