Los movimientos sociales oficialistas aspiran a influir en la designación del candidato a presidente en 2023

El anuncio de Cristina Kirchner de no presentarse como candidata a un tercer mandato presidencial en 2023, abrió un fuerte debate en el Frente de Todos y en los movimientos sociales oficialistas, en particular. “Somos un factor de poder”, sostienen, y están dispuestos a demostrarlo. Lo han hecho los últimos diez días cuando —después de tres años cortaron el Puente Pueyrredón— realizaron una asamblea abierta en el Obelisco porteño y anunciaron un “plan de lucha”, además de amenazan con realizar la “Navidad de los pobres” en la Plaza de Mayo. Lo harían, aclararon, si el ministerio de Desarrollo Social da de baja a los más de 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, con irregularidades detectadas por la AFIP, entre otros reclamos, como el no “desenganchar” ese programa del Salario Mínimo Vital y Móvil.

El enunciado de la Vicepresidenta que no va a ser candidata a nada, dicha sobre el final de su diatriba contra los jueces y el sistema judicial que la condenó a 6 años de prisión en la causa vialidad, llegó en el único momento de tensión entre estas organizaciones y el jefe de Estado por el ajuste sobre los programas sociales.

La mayor parte de los movimientos populares que integran el Frente de Todos están agrupadas en lo que ellos llaman su sindicato: la Unión Trabajadores de la Economía Popular. Hasta ahora, el ministerio de Trabajo le otorgó la Personería Social, no la Gremial y no han ingresado a la CGT, tal era su cometido para este año.

En diálogo con Infobae aseguraron que aspiran a influenciar en la designación del candidato del Frente de Todos en el candidato a presidente para 2023.

La síntesis es la siguiente: no se sienten cómodos con Alberto Fernández. Dudan del ministro de Economía, Sergio Massa y creen que el ministro del Interior, Wado de Pedro, no tiene suficiente peso y no descartan que un gobernador pueda ser candidato.

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“Todavía no es un tema de nombres. La cuestión es política” reflexiona uno de los máximos referentes sociales y analiza: “Todo indica que el Cristinismo duro se va a radicalizar. Ojalá que no, porque necesitamos estar todos juntos. Por ahora no tenemos un candidato; tenemos conceptos e ideas respecto de cómo salir de este quilombo que tiene Argentina de pobres y alta inflación”.

Todos los dirigentes sociales que tiene representación en el Poder Ejecutivo Nacional, no descartan la figura de un gobernador para “federalizar” al frente gobernante.

El último miércoles, el diario económico estadounidense Financial Times publicó el reportaje que le concedió al jefe de Estado Alberto Fernández. En un pasaje del diálogo aseguró que no piensa en presentarse a un segundo mandato: “Con todos los problemas que tiene la Argentina, no estoy pensando en la reelección”.

Para comprender la fuerza y el peso territorial que tienen los movimientos sociales que abrevan en el Frente de Todos, y las posiciones políticas de cada sector hay que orientar la lupa sobre el sector de la economía popular.

Entre otras organizaciones, está integrada por el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, el Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Liberación Popular, La Dignidad y el Movimiento Misioneros de Francisco, tienen al menos una treintena de representantes que ocupan cargos en varios ministerios del gabinete de Fernández, entre ellos el de Desarrollo Social, Agricultura Ganadería y Pesca y Obras Públicas.

El de mayor peso es el de la Secretaría de Economía Popular a cargo de Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita. Desde esa área, que forma parte de la cartera al mando de Victoria Tolosa Paz, Pérsico administra un presupuesto aprobado para 2023 de $594.285.915.597. Casi la mitad del presupuesto anual de Desarrollo Social que es de $1.169.156.152.175.

El segundo programa en importancia en la cartera de Tolosa Paz es el alimentar, allí la encargada de administrar los $442.755.687.402 desde la Secretaría de Inclusión Social es Laura Valeria Alonso, la representante de La Cámpora, la organización liderada por el diputado Máximo Kirchner, en esa cartera.

Ese es el fino equilibrio que consiguió Alberto Fernández entre los movimientos sociales que le han respondido en los momentos más calientes de su administración y el Cristinismo.

Fernanda Miño, la secretaria de Integración Socio Urbana, y dirigente del MTE liderado por Juan Grabois, el más kirchneristas de los referentes populares tiene autorizado un presupuesto de $11.213.769.266. También está a cargo del Registro Nacional de Barrios Populares. Las cooperativas de trabajo que dependen de estas organizaciones tiene asegurado el 25% de las obras de urbanización previstas en los 5.687 barrio populares.

El decreto presidencial 728/2022 que impide el aumento de beneficiarios en el Programa Potenciar Trabajo, obliga a que el 30% de la obra pública nacional de hasta $300.000.000 queden en manos de las cooperativas de la economía popular.

Conocer estos números, y los beneficios y privilegios que le otorgó la administración Fernández es imprescindible para entender por qué le sería muy difícil, por ejemplo al Movimiento Evita, encabezado por Pérsico y Fernando “Chino” Navarro —funcionario en Jefatura de Gabinete—, no apoyar al Primer Mandatario si decide presentarse en una eventual elección PASO dentro del Frente de Todos, en busca de su segundo mandato.

Los movimientos sociales alineados con Fernández tienen un inmenso poder de movilización. Lo demostraron cada vez que salieron a la calle para apoyarlo u organizaron actos en estadios de fútbol para relanzar su segunda parte de gobierno después de la derrota en los últimos comicios legislativos ante la oposición. Lo demuestran también cada 7 de agosto, día de San Cayetano cuando marchan del santuario del patrono del trabajo en el barrio porteño de Liniers a Plaza de Mayo.

La movilización nació como una muestra de repudio al gobierno de Mauricio Macri a quien le reclamaban una consigna que aún sigue presente y que es impulsada desde el Vaticano por el Papa Francisco, “Tierra, Techo y Trabajo”.

A este movimiento también se le suman dos dirigentes que están más cercanos al pensamiento de Cristina Kirchner que de Alberto Fernández, el Movimiento de Trabajadores Excluidos de Juan Grabois y la Corriente Clasista y Combativa del diputado nacional por el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Juan Carlos Alderete.

Las organizaciones sociales oficialistas tienen una fuerza de movilización mayor que algunas intendencias.

En las últimas marchas aportaron más militantes que la propia CGT que, quizás por algunas disputas internas, no movilizaron al cien por cien.

La contundente derrota del Frente de Todos en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre de 2021, frente a Juntos por el Cambio, incentivo a que el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie —referenciado en el también funcionario Daniel Menéndez—, salgan a militar “puerta a puerta” en el conurbano bonaerense para recuperar los votos peronistas perdidos.

Acompañaron al propio Jefe de Estado y a Victoria Tolosa Paz, que encabezaba la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, a recorrer los barrios más humildes, por ejemplo, en La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda.

Si bien la “ola amarilla” ganó las elecciones legislativas del 14 de noviembre del año pasado, los guarismos finales, en el territorio que gobierna Axel Kicillof, se redujeron de manera significativa con respecto a las PASO: el Frente de Todos recuperara casi el 5% de los votos.

El propio secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro invitó a Fernández a la sede del Movimiento Misioneros de Francisco que conduce, en la localidad bonaerense de Luján, para acercar al ex jefe de Gabinete con los vecinos del lugar. Castro, además, es dirigente del Evita.

Si bien en los últimos dos meses existió un esbozo de acercamiento político entre Pérsico y Máximo Kirchner durante una cena en la casa del primero en Isidro Casanova, en La Matanza, el Movimiento Evita y La Cámpora mantienen una intensa puja territorial. Las dos fuerzas quieren conquistar intendencias y cuerpos legislativos locales; también seguir sumando diputados nacionales y provinciales.

Para hacerlo, el Evita ya conformó partido político propio, se llama “La Patria de los Comunes”, el proyecto es conseguir los avales necesarios en los 24 distritos electorales. Quieren influir en la elección del candidato presidencial o si hay internas, ir con un nombre propio si no llegan a un acuerdo.

Juan Grabois además del MTE, lidera el partido Frente Patria Grande, tienen bloque propio en la Cámara de Diputados, que integran la bancada oficialista y legisladores porteños y más de 30 concejales.

En diálogo con este medio, Grabois fue claro: apoya la posible candidatura del ministro del interior e integrante de La Cámpora, el cristinista de paladar negro, Wado de Pedro. “En caso de no ser el compañero Wado, el candidato puedo ser yo, no lo descarto”, anunció.

Entre las otras agrupaciones de la UTEP, como el Evita y Barrios de Pie, el debate por los nombres propios está abierto y ninguno, ninguno, pone en la lista a Alberto Fernández.

Si consigue bajar la inflación a un máximo de tres o cuatro por ciento mensual, hay quienes apuestan por el ministro de Economía, Sergio Massa. Pero no todos coinciden en su figura, sobre todo por la política de ajuste sobre planes sociales como el Potenciar Trabajo.

Entre algunos de los dirigentes sociales oficialistas del Evita, De Pedro concita expectativas, aunque no lo ven aún instalado a nivel nacional. Para otros, la figura del embajador argentino en Brasil Daniel Scioli, es una figura para tener en cuenta. El ex gobernador bonaerense mantiene muy buena relación con los dirigentes de la Economía Popular.

Dicho esto, la inmensa mayoría de los integrantes de los movimientos sociales consultados por Infobae proponen “ampliar la base electoral del Frente de Todos” y apuestan por “una figura federal” como un gobernador. ¿Cuál? El nombre aún no está claro. Sí, en cambio la decisión de ser uno de los árbitros en la designación del candidato que enfrentará a la oposición y a un proyecto que consideran antagónico a su ideología.

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