El extraño caso de una obra social que tiene solo 4 profesionales en actividad y más de 160.000 afiliados

Se trata de la Obra Social de los Comisarios Navales (OSOCNA), una profesión que surgió a principios del siglo pasado para ocuparse de las tareas administrativas en los buques, incluidos los servicios de gastronomía y hotelería de la tripulación y pasajeros. Con el avance de la tecnología y las comunicaciones, esta actividad cayó en desuso tras dejar de ser obligatoria en 1994. Sin embargo, el gremio que los agrupa —el Centro de Comisarios Navales (CCN)— no sólo sigue existiendo, sino que su obra social hoy registra más de 160.000 afiliados en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). En lo que va del año, hasta finales de septiembre, OSOCNA recibió de ese organismo casi $1.200 millones en concepto de reintegros y subsidios.

Actualmente, hay apenas 4 comisarios navales en actividad en el país, aunque uno de ellos hace tareas en tierra, según le informaron a Infobae desde el CCN, el centro profesional que los nuclea en el país desde 1917. Y solo uno desempeña funciones de comisario naval en una embarcación de la Marina Mercante argentina, Daniel Brudo. Lo hace en el ARA Canal de Beagle, que pertenece al Comando de Transporte Naval de la Armada y realiza tareas de apoyo a las campañas Antárticas. Es uno de los dos únicos barcos mercantes que tiene hoy la Fuerza.

Otros dos comisarios navales se desempeñan en barcos de pasajeros, y el cuarto, en una empresa naviera en tierra. Así se lo precisó a Infobae el actual secretario general de Centro, Juan Carlos del Palacio. “A ellos habría que sumar, ya que es una función dada su condición de comisarios navales, a dos integrantes de la oficialidad de la Escuela Nacional de Náutica”, agregó. Si se suman los comisarios navales ya retirados —se jubilan a los 52 años—, el gremio tiene en total solo 128 afiliados.

“Como consecuencia de las medidas de desregulación, privatización y flexibilidad extrema llevadas a cabo durante el gobierno del presidente (Carlos) Menem fueron desembarcados los comisarios navales de los buques, aunque sus funciones y tareas siguieron vigentes pero ejecutadas, a partir de ese momento, por otros tripulantes. El impacto en nuestra comunidad fue devastador”, admitió el secretario general del CCN.

“La tarea de un comisario naval hoy lo hace un oficial de cubierta. El trabajo en los buques fue mutando y no se hizo más necesario. Con el avance de la tecnología en el negocio naviero, la mayoría de las necesidades a bordo se resuelven por mail. Se quedaron sin trabajo, al igual que los oficiales de Radio, que se ocupaban de las comunicaciones y el telégrafo. Actualmente, dado que la actividad de los comisarios navales no es obligatoria a bordo, ningún empresario naviero, ni un armador va a contratar sus servicios”, ampliaron fuentes de la Liga Naval Argentina.

En esta entidad, ante la consulta de Infobae, aportaron más datos de contexto sobre los únicos cuatro comisarios navales en actividad hoy en día en el país: “El que trabaja en una empresa naviera en tierra no hace un trabajo de comisario naval, y su tutela sindical corresponde a la Asociación del Personal Terrestre de la Marina Mercante. Los dos que están en buques de pasajeros, trabajan para empresas extranjeras ya que nuestro país no tiene cruceros o barcos de este tipo de bandera argentina. Uno está en un crucero de la empresa extranjera MSC y trabaja como mayordomo, no como comisario naval. En cuanto a los dos docentes que están en la Escuela de Náutica, son instructores civiles sin estado militar, encuadrados en el gremio estatal de ATE”.

Pese al reducido número de oficiales de esta especialidad, la Obra Social de Comisarios Navales registra 161.255 afiliados ante la Superintendencia de Servicios de Salud, según los datos publicados en su sitio web y analizados por Infobae. Excepto esos 128 afiliados que efectivamente son comisarios navales, el resto no pertenecen a la profesión que le da nombre a la obra social, sino que son empleados de distintos sectores y empresas que no tienen que ver con la actividad.

¿Cómo se explica esa cantidad de afiliados a una obra social de un sindicato cuya actividad está en extinción? Porque casi la totalidad corresponden a trabajadores que desregulan sus aportes a OSOCNA hacia una prepaga. En este caso, OSDE, empresa de servicios médicos con la que Comisarios Navales firmó un convenio hace más de una década. Se convirtió así en una suerte de “intermediaria” para que empleados de otras actividades no vinculadas con la Marina puedan desviar sus aportes, a través de ella y así acceder - por tener sueldos altos y un descuento importante destinado a la obra social - a una prepaga.

Si bien la ley permite la desregulación de aportes, en la práctica, esa cantidad de afiliados que comenzaron a engrosar el padrón de OSOCNA a partir de 2010 cuando los últimos comisarios navales empezaban a jubilarse, le permite al sindicato y a su obra social seguir existiendo y mantener la personería jurídica. A su vez, recibir fondos de la Superintendencia por reintegros correspondientes a prestaciones especiales o medicamentos costosos, así como distintos tipos de subsidios que otorga el organismo a todas las obras sociales registradas, tal como reveló Infobae hace dos semanas.

En lo que va de la gestión de Alberto Fernández, OSOCNA recibió más de $3.216 millones. De esta cifra, $965 millones fueron subsidios que otorga la SSS a las distintas obras sociales para garantizar un piso de prestaciones a sus afiliados, y $2.251 millones de reintegros por discapacidad, tratamientos y estudios médicos de alta complejidad, y medicamentos costosos.

Te puede interesar: Fondos para las obras sociales: en lo que va del Gobierno de Alberto Fernández ascendieron a USD 3.654 millones

“Varios millones de trabajadores cambian su obra social de origen y eligen libremente otra. Es el caso de OSOCNA, a lo que debe sumarse que es elegida también por el nivel prestacional que detenta, producto de convenios suscriptos y servicios de medicina propios”, justificaron desde el Centro de Comisarios Navales.

Hay otras actividades de la Marina, como los capitanes de ultramar que también tienen convenio con OSDE para desregular aportes a través de su obra social. Pero a diferencia de los comisarios navales, si bien tiene 33.800 afiliados registrados ante la Superintendencia de Salud, se trata de un gremio con socios activos que tiene más de 2.000 capitanes y oficiales arriba de los barcos.

Reapertura de la carrera

Según fuentes ligadas a la Marina, “para justificar su permanencia, desde el gremio presionaron a la Armada para que reabriera la carrera en la Escuela de Náutica en 2015, luego de 20 años de haber estado cerrada y pese a no tener salida laboral en el país”. La última promoción en la carrera de comisario naval de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano había egresado en 1993. “Esa carrera, junto con la de oficiales de Radio, cerró a mediados de los 90′s. A los egresados se les ofreció reconvertirse, dando las materias necesarias, para que pasaran a ser oficiales de cubierta o de máquina. Muchos lo aceptaron, otros no”, confirmaron desde la Liga Naval Argentina.

Sin embargo, y pese a que la actividad ya se había discontinuado, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables dispuso su reapertura en 2015. La Disposición Nro. 49 del 29 de octubre de ese año fue firmada por el subsecretario Horacio Tettamanti y el entonces director nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, Sergio Dorrego. Este capitán era, al mismo tiempo, el director de la Escuela Nacional de Náutica donde se iba a dictar la carrera. Desde su doble rol, Dorrego firmó la resolución y era quien debía ponerla en práctica. En el texto, de solo dos hojas, se dejaba constancia que había sido “a pedido del Centro de Comisarios Navales”, sin otros fundamentos que justificaran la necesidad de reapertura.

Desde la Liga Naval Argentina recordaron que “cuando la Armada fija los cupos para sus distintas escuelas de la Marina mercante, dado que la Fuerza no los va a emplear, no sabe cuántos son necesarios cada año. Por eso, hace una consulta a la comunidad naviera para regular la demanda y establecer un número de vacantes. La Armada hizo esta consulta al sector de empresarios navieros y la respuesta sobre la necesidad de comisarios navales fue cero”.

Ante la consulta de Infobae, sin embargo, el secretario general del Centro de Comisarios Navales admitió que la carrera “se reabrió para generar nuevas oportunidades de trabajo y mantener la continuidad de nuestra profesión”. Y así defendió esa decisión: “La carga administrativa en los buques se ha incrementado, y la OMI (Organización Marítima Internacional), que es el organismo rector en la actividad, así lo viene sosteniendo”. Del Palacio aseguró que “se reformuló dando respuesta a las nuevas necesidades de la profesión, mayor formación específica en administración del buque y de la empresa, e incluyendo además capacitación en el cuidado del medio marino y seguridad del buque”.

La carrera, que depende de la Armada en términos administrativos, aunque funcionalmente está bajo la órbita de la Subsecretaría de Transporte Marítimo, es solventada en un 100% por el Estado. Sin embargo, no cuenta con reconocimiento universitario, ya que no está aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación. Gratuita para los aspirantes, dura dos años y, en el tercero deben, los cadetes embarcarse para hacer las prácticas. Los que la concluyen, egresan con el título de tecnicatura aunque con muy poca salida laboral en Argentina.

Según informaron fuentes de esa entidad, formar un cadete de cualquiera de las carreras de la Escuela Nacional de Náutica cuesta unos USD 15.000 dólares por estudiante al año.

“La mayoría de los que van a estudiar son hijos de comisarios navales, por tradición familiar. Otros entran de buena fe, pero después se encuentran con que no tienen trabajo. Fueron más de 20 años en que la profesión se discontinuó al dejar de ser obligatoria. La opción para los egresados es trabajar en cruceros de distintas compañías del mundo, pero que a su vez suelen contratar comisarios navales de sus países. Argentina no tiene cruceros de bandera nacional. Desde la reapertura de la escuela en 2015, un solo comisario naval consiguió trabajo en un crucero. Fue contratado en septiembre pasado por la naviera extranjera MSC”, advirtieron desde esa entidad.

“La obligatoriedad de enrole (dotación de seguridad) no impide que un armador incorpore un oficial adicional que estime necesario, y se sume a la dotación comercial del buque”, defendieron la actividad desde el Centro de Comisarios Navales.

En la Armada, también prefirieron destacar que “la formación aborda una capacitación específica en protección del medio marino” y que el aspirante recibe “formación en temas de prevención de emergencias, cuidado de las personas, buques y medio ambiente y en garantizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional. También está capacitado para desempeñarse en tierra en oficinas de las empresas navieras, en agencias marítimas y en las terminales portuarias, entre otras actividades y destinos”. No obstante, aclararon que la Armada “solo tiene la competencia de la formación, la capacitación y de la titulación del personal embarcado de la Marina Mercante”, y “no realiza el seguimiento laboral de sus alumnos una vez egresados”.

Desde el CCN admitieron que “la salida laboral para cualquier profesión depende fundamentalmente de la expansión de la actividad, y el caso de la marina mercante argentina, con prácticamente nula participación de la bandera nacional, actúa negativamente respecto a la incorporación de estos egresados, que cuentan con un perfil y formación que pueden además desarrollar distintas tareas en tierra vinculadas con el sector”.

Esta semana egresaron 4 comisarios navales de la Escuela Nacional de Náutica, en una ceremonia realizada en el auditorio de esa institución. Este año se incorporaron a la institución seis aspirantes y la misma cantidad cursa segundo año. “Otros 6 cadetes se encuentran en distintos momentos de su capacitación práctica final”, precisaron desde el CCN. Una fuente de la Marina deslizó dudas sobre la finalización de su formación con las prácticas requeridas a bordo de un buque: “Nadie los quiere embarcar para hacer sus prácticas porque no quieren darles de comer gratis si no tiene función a bordo”.

La desregulación de aportes

La posibilidad de que un trabajador en relación de dependencia desvíe sus aportes a otra obra social diferente a la que le corresponde por su actividad se habilitó en los ‘90, durante el menemismo, como una salida frente a la negativas de las obras sociales sindicales a competir con las empresas de medicina prepaga.

“Fue una negociación con los sindicalistas que temían perder el aporte obligatorio de los trabajadores que optaran por una prepaga ante una obra social deficiente. Entonces, se acordó que las obras sociales sindicales puedan ‘prestarse’ para desregular. En general lo hacen los afiliados más jóvenes y de mayores ingresos; es el proceso conocido como ‘descreme’, porque tienen aportes altos y pueden darse el lujo de un mejor servicio de salud”, recordó la diputada nacional Graciela Ocaña.

“No es ilegal. Lo hacen las propias obras sociales entre sí, rompiendo la solidaridad del sistema. En la práctica, lo que sucede es que el 100% de lo que paga el trabajador no va a la salud. La obra social que actúa como intermediaria para desregular aportes se queda con al menos un 7% para su funcionamiento, que es el tope fijado por la Superintendencia para gastos administrativos. O sea, mantiene su estructura con fondos que no van a la salud y puede seguir existiendo como obra social. De esa plata salen fondos que después van al sindicalismo”, agregó la ex ministra de Salud de la Nación y ex titular del PAMI.

En julio del año pasado, Alberto Fernández dictó un decreto que fijó en un mínimo de un año la permanencia del trabajador en la obra social que le corresponde por la actividad al iniciar el vínculo laboral. Luego, solo puede cambiar una vez por año. El Presidente atendió un reclamo histórico de la CGT. En ese momento, el secretario de acción social de la CGT, José Luis Lingeri, afirmó que era “mentira que el decreto coartara el derecho de la gente, porque sigue el mismo régimen de rotación. Lo que se buscó con esta norma es emprolijar hacia adelante el tema de los traspasos, porque en su momento fue un desbande”.

Para Ocaña, “sin controles reales de la Superintendencia de Servicios de Salud sobre los servicios que prestan las obras sociales, se termina premiando la ineficiencia. Habría que abrir el sistema de las obras sociales para que la gente pueda elegir, y que sigan funcionando las obras sociales sindicales que tienen estructura económica para funcionar y prestar un buen servicio”.

Seguí leyendo: