Por primera vez desde que Alberto Fernández llegó a la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2019, los movimientos sociales que integran el Frente de Todos anunciaron y sostienen, un “plan de lucha” contra el Gobierno que ellos mismos integran.
Protestan contra el ajuste en los planes sociales que lleva adelante, por orden del Presidente, la ministra Victoria Tolosa Paz. Entienden que ese es un requisito para cumplir con parte de las metas comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). La funcionaria, acusan, aplica “bajas arbitrarias” en el Potenciar Trabajo a titulares que en realidad no tienen incompatibilidades según las normas que regulan al programa. También exigen la “no desvinculación” del Potenciar Trabajo del Salario del Mínimo, Vital y Móvil -para no perder más poder adquisitivo frente a la alta inflación-. Insisten con la “entrega en tiempo y forma de alimentos” para comedores y merenderos; reclaman una canasta navideñas; la firma de convenios productivos y el pago del aguinaldo de la Economía Popular.
La asamblea abierta que ayer a la tarde se realizó en el Obelisco Porteño y las principales plazas del país, fue votada el viernes, durante un corte en el Puente Pueyrredón. La mayoría de las organizaciones populares vinculadas al frente gobernante había abandonado los piquetes desde que Mauricio Macri perdió las elecciones frente a la dupla Alberto Fernández-Cristina de Kirchner.
Su vuelta a las calles es compleja y enciende luces de alarma en Balcarce 50. Hasta ahora eran los movimientos de izquierda los que se manifestaban por los mismos reclamos que ahora protagonizan, entre otros, el Evita, Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Somos América, Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Esas organizaciones son solo algunas de las que integran la poderosa Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Su secretario general es Esteban “Gringo” Castro.
Fue él quien volcó a las calles a los militantes y dirigentes de uno de los sectores más postergados de la sociedad. Castro, un dirigente de buena relación con el jefe de Estado, amenazó con rememorar “la Navidad de los pobres de la era macrista si el Gobierno no accede a sus demandas.
Las asambleas fueron una demostración de la ebullición y descontento que existe en las organizaciones que hasta ahora eran un bastión del ex Jefe de Gabinete. “No queremos más humillación”, dijo castro ante los miles de manifestantes que lo escuchaban replicar los reclamos de la década del ‘90.
Ayer, desde la asamblea del Obelisco, ubicado en el centro porteño, el secretario general de la UTEP, recordó que “mañana -por hoy- 8 de diciembre es el día de la Virgen” y aclaró que “En la biblia la única vez que habla una mujer es la Virgen Ella nos dice que ‘Dios vino a alzar a los humildes y bajar de su trono a los poderosos’. Muchos de nosotros y nosotras somos devotos de ella y ese planteo es central”.
Terminada la cita bíblica, aseguró que el gobierno de Alberto Fernández no garantiza “la paz y el pan para las fiestas”. “Tampoco tenemos garantizado el aguinaldo, que es resultado de nuestro Salario Social Complementario -ahora Potenciar Trabajo- que es la mitad del salario mínimo, vital y móvil”. En ese punto, Castro le exigió a la ministra de Desarrollo Social que el salario anual complementario se pague en dos tramos: la primera mitad en Navidad y la otra para Reyes”. Con una imagen de la Virgen de Luján detrás el dirigente más importante de la UTEP le dijo a los funcionarios nacionales: “Deben entender nuestros reclamos son una necesidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, no estamos caprichosamente contra el gobierno”.
El dirigente popular esperó que mengüen aplausos y silbidos, para informar que “la ministra (Victoria Tolosa Paz) y sus asesores están dispuestos a una reunión la próxima semana por los temas que aún faltan” y advirtió: “No sé si vamos a ir. Venimos de un proceso muy difícil para sentarse a charlar”.
El impensado conflicto entre Gobierno y organizaciones oficialistas surgió hace tres semanas, después que este medio revelara el contenido un informe de la AFIP, solicitado por Juan Zabaleta, antecesor de Tolosa Paz, en el que ponía de relieve que 253.184 beneficiarios, del Potenciar Trabajo tendrían “inconsistencias”.
Entre ellos, 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil. Otros 52.987 “eran propietarios de más de un inmueble, automotor, etc” y 63.211 registraban gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.
El fiscal Guillermo Marijuán entendió que la integrante del Gabinete Nacional debía darle de baja de manera inmediata a los titulares del programa con esas inconsistencias. Cómo la ministra no lo hizo -apenas separó a unos tres mil- Marijuán la denunció por tres posibles delitos: malversación de caudales públicos, mal desempeño en sus funciones y abuso de autoridad. El mismo imperio tomó con el responsable del programa Potenciar Trabajo, el secretario de Economía Popular, Emilio Pérsico.
Este no es un tema menor. El funcionario además es uno de los líderes del Movimiento Evita, ergo, una de las organizaciones de la UTEP que se manifiestan contra el Gobierno. Y no solo eso, la implicancia es mucho más enrevesada: Pérsico es quien autoriza las altas y bajas del Potenciar Trabajo. Es decir, esta de los dos lados del mostrador.
El martes pasado, y ante un nuevo entrecruzamiento de datos, la secretaría de Pérsico, con la firma de Tolosa Paz, eliminó del padrón a otros 20.420 beneficiarios del Potenciar Trabajo que, según el banco Central de la República Argentina, compraron dólares en efectivo o a través de tarjetas de crédito.
La acción volvió a encender las alarmas entre los organizadores de la marcha al Obelisco. Creen que después de febrero Tolosa Paz terminará dando de baja a las más de 250.000 personas señaladas en el informe de la AFIP.
Ante este “ajuste a los planes sociales por pedido del FMI”, en palabras de Dina Sánchez, la líder del Frente Popular Darío Santillán, Gildo Onorato, dirigente del Evita “organizar la navidad de los pobres y el trabajo”.
Castro los propuso así: “Puede ser un día antes de la Navidad. Reconstruir esa Navidad frente a las instituciones que quieren avasallar con nuestros derechos. Debe ser en todo el país. Llevemos este debate a los barrios en las asambleas. Para que vean en el poder fáctico, que quieren manejar todo verticalmente, que vean el nivel de democratización de la economía popular. Ojalá podamos hacer la navidad de los pobres y el trabajo. No queremos más humillación”.
La visión de largas mesas con alimentos y repletas de trabajadores de la economía popular y desocupados, como ocurrió en 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, frente al Congreso o en Plaza de Mayo, es una imagen que Alberto Fernández intentará evitar.
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