La familia de Juan Carlos Rojas, el ministro de Desarrollo Social de Catamarca, que fue hallado muerto el domingo en su casa, sospecha que detrás del homicidio del funcionario puede haber “intereses políticos”. Iván Sarquis, abogado que representa a tres de los cuatro hijos de Rojas, le aseguró a Infobae que “puede haber intereses políticos o corrupción -implicados en el crimen-, no descartamos nada”.
La familia, que se constituyó como querellante, le exigió a la fiscalía a cargo del caso que intensifique las medidas probatorias para reconstruir los últimos días de Rojas. Sarquis consideró que por el rol institucional y la actividad que desempeñaba el ex funcionario, resulta “relevante” seguir el hilo de relaciones, vínculos y actividades de los días previos a su muerte, para determinar presuntos involucrados en el asesinato. Como Rojas se vinculaba con diversas personas, producto de su tarea pública, el letrado estimó que hace que sea un “caso complejo”.
En ese sentido, Sarquis también aseguró que la familia “no encuentra sospechosos dentro del fuero íntimo”. Es decir, considera que los presuntos culpables son personas exógenas al círculo familiar. No obstante, la fiscalía no descarta ninguna hipótesis.
Debido a la notoriedad pública que adquirió el caso, la Justicia dispuso el secreto de sumario sobre el expediente. Es algo que la familia de Rojas cuestiona, porque esa decisión judicial les dificulta el seguimiento de la pesquisa.
En relación con la investigación, ayer se realizaron una serie de allanamientos, con el fin de obtener elementos probatorios que puedan sumarse al expediente. Por un lado, el martes por la noche fue el turno de las instalaciones del Ministerio de Desarrollo Social, en la capital provincial, donde secuestraron carpetas y documentación que quedó en manos de la Justicia.
Luego, también realizaron operativos en dos viviendas. Una de ellas la de Rojas, en la calle Matheu sin número, en la zona de Barrio Parque Argentina. Allí, los investigadores identificaron manchas de sangre que habrían sido lavadas de la escena del crimen. Según pudo saber este medio de fuentes judiciales, los peritos utilizaron una sustancia química que les permitió determinar los rastros de sangre.
De momento, hay una sola detenida. Se trata de la empleada doméstica que trabajaba en la casa de Rojas. La mujer también prestaba servicio de limpieza en la sede local de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). El ministro fue un dirigente histórico del sindicato de gastronómicos catamarqueño. Se desempeñó como secretario general de ese gremio durante casi dos décadas. Por ese motivo, Rojas era amigo y muy cercano a Luis Barrionuevo, secretario general nacional de gastronómicos y sindicalista histórico.
Con relación a la empleada doméstica, la Justicia detectó “inconsistencias” en su declaración testimonial. Además, la fiscalía visualizó registros fílmicos de cámaras y peritó dispositivos móviles que pueden comprometer a la mujer. Por el momento, la empleada doméstica quedó arrestada, en averiguación del hecho. Si la Justicia determina que hay elementos probatorios suficientes, la mujer quedará formalmente detenida.
Las dudas sobre la fiscalía
Rojas fue hallado muerto el domingo a la tarde, en su casa, por uno de sus hijos. Inmediatamente, realizó la denuncia y personal policial se apersonó en el domicilio del ministro. El Ministerio Público Fiscal le asignó el caso al fiscal Laureano Palacios. Luego de peritar el lugar y realizar la inspección ocular correspondiente, se llevó adelante la autopsia.
Tras conocerse el resultado de la autopsia, el fiscal comunicó que la causa de la muerte era un “traumatismo de cráneo” y determinó que se trataba de una “muerte por causas naturales”. Durante el velorio de Rojas, los familiares y allegados comenzaron a sospechar que podría tratarse de un asesinato, porque Rojas tenía un golpe. Ese mismo día, Luis Barrionuevo habló con un medio local y todo cambió. “Alguien le dio un golpe en el cráneo. No tenemos ninguna duda”.
A partir de esa sospecha, la familia de Rojas exigió que se hiciera una nueva autopsia. Horas después, la carátula cambió de muerte natural a homicidio: el fiscal consideró que había sido una “muerte violenta”. El informe arrojado por la autopsia dio el mismo diagnóstico, que la causa de la muerte era por un “traumatismo de cráneo”. Lo que cambió fue la interpretación del fiscal sobre el informe.
El fiscal Palacios ingresó al Ministerio Público Fiscal hace seis meses. Anteriormente, trabajaba en una dirección de la administración pública provincial. En diálogo con este medio, el abogado de la familia alegó que el fiscal “actuó con impericia” y consideró que fue por la “poca experiencia” que tiene. Desde ese momento, la querella solicitó que se sumen fiscales coadyuvantes.
El procurador general de Catamarca, Alejandro Dalla Lasca, hizo lugar al requerimiento de la familia y se sumaron dos fiscales colaboradores. Hugo Costilla, fiscal de instrucción penal 5, y Alejandro Gober, fiscal de instrucción penal 7, a cargo de la Unidad de Ciberdelitos.
Por estas horas, la justicia catamarqueña avanza en la investigación sin que aún haya ningún imputado, involucrado con el asesinato de Rojas. Así como en un cuento policial, donde alguien aparece muerto en un cuarto cerrado sin rastros de terceros en la escena del crimen, el caso conmueve a la provincia y no se descarta ninguna hipótesis.
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