Diputados radicales pidieron en el Consejo de la Magistratura la remoción del juez que impugnó la designación de su par Roxana Reyes

Los diputados radicales Pedro Galimberti (UCR-Entre Ríos) y Fernando Carbajal (UCR-Formosa) presentaron ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra el juez Diego Martín Cormick, titular del Juzgado Contenciosos Administrativo N°11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata del magistrado que, en el marco de la acción de amparo promovida por el diputado Germán Pedro Martínez (Frente de Todos), anuló la designación de la diputada Roxana Reyes como representante de la segunda minoría de la Cámara Baja.

Esa resolución derivó en un escándalo en el Congreso que hoy no designó a los cuatro diputados de ese cuerpo para integrar el órgano que representa y selecciona a los jueces. Fue cuando la presidenta de la Cámara de Diputados resolvió anular la resolución que nombraba a Vanesa Siley Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Reyes como los diputados consejeros para el período 2022-2026. La Corte Suprema de Justicia ya había ordenado tomarles juramento, pero todo quedó en la nada.

El Consejo de la Magistratura tiene 20 miembros pero por el momento solo hay 12. Además del presidente de la Corte Horacio Rosatti juraron los representantes de los jueces, los abogados, los académicos y el del Poder Ejecutivo. Restan los ocho legisladores.

A fines de noviembre, el juez Cormick aceptó un amparo que presentó el titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez, contra la designación de Reyes en el Consejo. Eso fue para el período que venció el 18 de noviembre pasado.

Sin embargo, el juez, que fue funcionario durante el kirchnerismo, usó el fallo de la Corte Suprema que había anulado la designación del senador Martín Doñate como representante del Consejo. Dijo que ahí el máximo tribunal estableció el oficialismo dividió el bloque para quedarse con un lugar en el Consejo cuando ese lugar le correspondía al PRO. Y por eso debía aplicarse también para el caso de Reyes: “Los miembros de los bloques PRO y UCR han constituido, de hecho, parte de la misma lista de candidatos a ser votada, tanto en 2021 como previamente en 2019. Por lo tanto, se le estaría asignando una doble representación cuando la ley es clara en cuanto busca representar a tres espacios políticos diferentes”, dijo el magistrado.

Días atrás, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apeló el fallo para que sea revisado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, pero al mismo tiempo remitió una nueva resolución dejando sin efecto la anterior. La situación tensó aún más la relación entre el oficialismo y la oposición y terminó en un escándalo.

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“El fallo de Cormick resulta arbitrario e ilegal, toda vez que ha avanzado en la consideración de una cuestión que se tornó abstracta”, afirmaron los legisladores radicales Galimberti y Carbajal en la presentación ante el Consejo de la Magistratura, a la que accedió Infobae.

Agregaron que el juez “pretendió avanzar sobre las facultades propias de otro poder del Estado como es el legislativo, dándole pautas respecto de cómo debe en el futuro designar a sus representantes, extralimitándose en su función, lo que resulta atentatorio de nuestro Estado Constitucional de Derecho”.

En este sentido, los diputados sostuvieron que avanzar sobre la competencia de otro Poder del Estado es una falta grave, que tipifica como mal desempeño y el juez resulta pasible de ser removido. “Podemos afirmar que la sentencia constituye un error judicial inexcusable configurativo de la causal de mal desempeño, lo cual se encuentra cabalmente acreditado y la consecuencia indefectible que la misma acarrea es la sanción de remoción”, argumentan los denunciantes.

“Ninguna duda cabe que la conducta desplegada por el magistrado resulta atentatoria de la división de poderes, elemento basal de nuestra República; por lo tanto la conducta del juez Cormick resulta merecedora de la sanción de remoción al encuadrar en lo que el art. 25 de la ley del Consejo de la Magistratura de la Nación en sus incisos 1 y 4 respectivamente denomina ‘desconocimiento inexcusable del derecho’ y ‘realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio e sus funciones’”, sostuvo el escrito.

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