La condena que recibió ayer Lázaro Báez por la obra pública en Santa Cruz tendrá consecuencias directas sobre al menos media docena de causas en su contra que siguen abiertas. En primer lugar, tiene impacto sobre la “ruta del dinero K”, que está bajo revisión en la Cámara de Casación.
Los jueces de la Sala IV deben definir si el manejo irregular de la obra pública fue un delito precedente de la maniobra de lavado, tal como opinaron dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal 4. También hay causas abiertas por evasión y otros desprendimientos de la “ruta del dinero”. “El fallo de Vialidad abre diferentes panoramas”, admitió un allegado al empresario antes de escuchar la sentencia.
En los próximos días, y quizás meses, Báez seguirá cumpliendo prisión domiciliaria en una casa de la zona de San Vicente, donde tiene una custodia policial las 24 horas. “Su situación es única en la Argentina, está excarcelado y con domiciliaria en la misma causa”, se queja cada que vez puede su abogado, Juan Martín Villanueva.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola lo habían acusado de formar parte de la asociación ilícita y pidieron una condena de 12 años de prisión, la misma que para la vicepresidenta Cristina Kirchner, la principal imputada del caso. “Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner”, dijo Luciani en su alegato luego de analizar cada una de las obras otorgadas en Santa Cruz.
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El abogado de Báez expuso su alegato durante tres jornadas. “A Lázaro Báez lo querían preso para que involucrara a Cristina Kirchner. Lo iban a visitar dos veces por semana de la AFI para que se arrepienta e involucrara a Cristina Kirchner. Le dijeron que iban a ir a buscar a sus hijos, y lo hicieron”, fue una de las frases más resonantes.
El empresario esperaba una absolución en la causa Vialidad, pero no se sorprendió con la condena de seis años. “Nada le sorprende”, dijo a Infobae una de las pocas personas con las que se comunicó ayer a la tarde.
Báez está más preocupado por la decisión de la Cámara de Casación en la “ruta del dinero k”, porque ahí se define la situación de sus hijos. En ese juicio, Martín Báez recibió una pena de 9 años, mucho más alta de lo que esperaba el entorno y la familia. También fueron condenados Leandro (5 años), y las dos hijas mujeres.
La Sala IV adoptó para este caso una integración diferente con la inclusión de Angela Ledesma, lo que alargó los tiempos esperados. La jueza se sumó a Mariano Borinsky y Javier Carbajo, habituales miembros.
Además de Báez y sus hijos, también fueron condenados su ex contador Daniel Pérez Gadín como organizador de las maniobras de blanqueo, y el abogado Jorge Chueco. En tanto, a Fabián Rossi, señalado como partícipe necesario, se le dictó una condena de 5 años.
En el caso de Leonardo Fariña, la pena fue de 5 años por su rol de arrepentido, aunque sus abogados apuestan a una reducción.
Los jueces deben evaluar si las condenas están bien aplicadas, luego de contestar decenas de nulidades y planteos. Aunque el tribunal están en la etapa de deliberación, no se vislumbran diferencias sustanciales con los montos decididos por el TOF 4. Si hay reducciones de penas, no serán sustanciales.
“Seguimos deliberando”, dijo ayer una fuente judicial ante una consulta de este medio. Aunque estaba previsto que el fallo salga antes del Mundial, los jueces decidieron esperar el veredicto del TOF 2.
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La condena para Báez a seis años en la causa Vialidad no tiene efectos inmediatos. “No podría haber sumatorio de penas porque se trata del delito precedente para el lavado”, dijo una fuente de su defensa. En principio, la condena también traería consecuencias para las causas de evasión que tiene el empresario. “Se deberían caer”, afirmó su abogado.
Báez también tiene otros juicios pendientes por el campo en Uruguay conocido como “El Entrevero” y por la causa conocida como M&P, dos desprendimientos de la “ruta del dinero K”. En ese último expediente se investigaron maniobras realizadas con empresas fantasma para inyectar dinero en Austral Construcciones a través de otra firma de Báez, entre los años 2015 y 2016, con el fin de eludir los embargos que pesaban sobre empresas y miembros de la familia del empresario.
Por el campo, ubicado entre José Ignacio y La Barra, se pagaron 14 millones de dólares. De la operación participaron varias sociedades y testaferros de Báez para intentar ocultar a los verdaderos dueños. Aunque habrá un juicio oral, es muy difícil que la Justicia argentina pueda recuperar los fondos invertidos porque un sector del campo ya fue rematado por el Estado uruguayo luego de que la Dirección General Impositiva (DGI) de ese país ganó un juicio por las deudas fiscales que arrastraba la propiedad.
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