La condena de seis años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner tienen dos aspectos claves: los negocios que tenía con el empresario Lázaro Báez, beneficiario de las obras públicas que recibió con distintas irregularidades, y los mensajes encontrados en el celular del ex secretario de Obras Públicas José López, quien actuaba como intermediario entre Cristina Kirchner y Báez.
Esa es a la conclusión que llegaron los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, y que se desprenden del resumen de los fundamentos que dieron a conocer tras el veredicto. Los fundamentos estarán el próximo 9 de marzo a partir de cuando las partes podrán apelar la decisión.
Los jueces señalaron que las irregularidades en las licitaciones de las obras, la adjudicación permanente a las empresas de Báez, los adelantos de fondos y la falta de controles fueron responsabilidad de los funcionarios de Vialidad Nacional y de Vialidad de Santa Cruz. “La prueba producida exhibe que algunos de los imputados (Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez), ex funcionarios de las agencias viales referidas, operaron de diversas maneras al margen del interés público en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras -cada cual según su rol y competencia- configurando, detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”, dijeron.
Esos seis ex funcionarios fueron condenados a penas de entre seis años y tres años y medio de prisión. Pero por arriba de ellos se armaba la estrategia central. Allí aparecen Cristina Kirchner, Báez y López, quienes también fueron condenados a seis años de prisión.
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Para los jueces las irregularidades en las obras se dieron por lo que llamaron “vínculos promiscuos y corruptos” y “lazos que fueron determinantes para la concreción de una defraudación” para favorecer a la ex presidenta y a Báez.
“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, explicaron los magistrados.
Allí aparecen los negocios de Hotesur y Los Sauces. Son dos empresas de la familia Kirchner de hoteles y propiedades que Báez les alquilaba y administrativa. Eso se daba en simultáneo a las obras que recibía con irregularidades. Por esos hechos hay una causa judicial en el que la vicepresidenta y Báez, junto a otros imputados, fueron enviados a juicio oral y sobreseídos sin que se haga el proceso. Esa decisión fue apelada y debe ser resuelta por la Cámara Federal de Casación Penal.
Para dar por probado que las irregularidades en las obras y el beneficio que Cristina Kirchner tenía de eso, los jueces se basaron en el celular de López. Fue lo que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola llamaron en sus alegatos el “plan limpiar todo”. Cuando López fue detenido en junio de 2016 con los bolsos con nueve millones de dólares se le secuestró su teléfono. El aparato se abrió y la Fiscalía uso parte de esos mensajes en el juicio. Las defensas pidieron la nulidad de esa prueba pero el tribunal rechazó el planteo.
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Allí aparecen conversaciones de López con Báez, con Julio Mendoza -presidente de Austral Construcciones, la compañía más importante del empresario- y con otros funcionarios sobre reuniones con Cristina Kirchner y otras personas en el final de su mandato en 2015 para organizar el pago de lo que restaba y cerrar las empresas.
Para los jueces, Cristina Kirchner tuvo “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal, particularmente en su etapa conclusiva”, en referencia al final de su segundo mandato como presidenta.
“Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional. También quedó suficientemente probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos de las agencias referidas, siempre operando bajo una apariencia de legalidad”, señalaron Gorini, Giménez Uriburu y Basso.
El caso tuvo cuatro absueltos. El ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro y el ex funcionario de Planificación Federal y primo de Néstor Kirchner, Carlos Kirchner. Sobre los tres primeros, los jueces señalaron que les cabe el beneficio de la duda por “sus limitadas intervenciones en el entramado de los hechos probados” y “la inexistencia de un interés particular para procurar -para sí o para un tercero- un lucro indebido con fondos del erario público”.
Y sobre Kichner dijeron que la acusación que hizo la Fiscalía por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público está prescripta.
La única disidencia que tuvieron los jueces fue respecto de la asociación ilícita. Gorini y Giménez Uriburu entendieron que no se aplicaba al caso y Basso que sí.
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