Potenciar Trabajo: el fiscal de la causa se mostró a favor de que el Gobierno pague el plan a pesar de las incompatibilidades

El fiscal federal Eduardo Taiano se mostró a favor de que el Ministerio de Desarrollo Social pague el plan a todos los titulares del Potenciar Trabajo a pesar de las irregularidades detectadas por la AFIP en 253.184 titulares, entre ellos, quienes tienen más de dos propiedades. Lo hizo ayer a través de un requerimiento de instrucción que le elevó al juez Ariel Lijo, subrogante del juzgado federal 12 que está vacante y dónde recayó la causa penal que realizó el fiscal Guillermo Marijuán en la cual se acusa a la ministra Victoria Tolosa Paz por mal desempeño en sus funciones, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad por no haber dado de baja a los beneficiarios de la mencionada asistencia estatal con “incompatibilidades”.

En las próximas horas, Lijo se expedirá sobre el requerimiento de instrucción de Taiano. Todo hace prever que autorizará la solicitud de la funcionaria del gabinete de Alberto Fernández quien ayer, y de manera urgente, pidió autorización judicial para abonar el cincuenta por ciento del Salario Mínimo Vital y Móvil que le corresponden a los titulares del programa por las 20 horas de actividades que deben realizar en las Unidades de Gestión.

El programa Potenciar Trabajo, el más importante de Desarrollo Social, es administrado por la Secretaria de Economía Social de la cual, Emilio Pérsico -líder del Movimiento Evita-, es su titular.

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En su requerimiento Tiano tuvo en cuenta varios fundamentos. Por un lado, el compromiso de Tolosa Paz a analizar de manera nominal cada una de las inconsistencias detectadas por la AFIP y dar de baja a los que están fuera de norma. En este punto, no aclaró si deberán reintegrar el dinero que percibieron a pesar de las incompatibilidades. Otro argumento esgrimido por la fiscalía fue el tema social: la pobreza y la necesidad que tiene la mayoría de los beneficiarios -que no están alcanzados por las irregularidades- a cobrar el plan que, en muchos casos, es la principal entrada de dinero.

Un dato objetivo: de los más de 1.300.000 titulares, unos 800.000 reciben la Asignación Universal por Hijo y reciben ayuda alimentaria.

En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py aseguran que en la decisión del fiscal Taiano pesó un tercer factor no escrito: el desborde que se podría generar en las calles si el Gobierno no deposita el beneficio ya atrasado del mes de noviembre.

Hay un antecedente cercano que podría haber tenido en cuenta la fiscalía. El viernes, las organizaciones oficialistas cortaron el Puente Pueyrredón y votaron un plan de lucha que incluye cortes, marchas y piquetes para evitar “que se ajuste a los de abajo”. Exigen no dar de baja a las 250.000 personas señaladas por la AFIP; abonar el mes de noviembre y no desenganchar al Potenciar Trabajo del Salario Mínimo, un hecho que evita que el monto se licúe por efecto de la inflación, como ocurrió con otros programas sociales.

Los dirigentes que abrevan en el Frente de Todos amenazaron con realizar una Navidad de los pobres. Esto es armar largas mesas con alimentos y pan dulce la noche del 24 de diciembre, como sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri.

La del viernes fue la primera vez desde la llegada de Fernández a la Casa Rosada que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular realizó un corte contra el Gobierno.

“Entre el Gobierno y nuestros compañeros elegimos a nuestros compañeros, no vamos a convalidar ni ser cómplices de un ajuste directo a nuestra base social”, dijo Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la poderosa UTEP, y pidió que dejen el Poder Ejecutivo aquellos dirigentes de las organizaciones que ocupan cargos.

La movilización fue catalizada por el pedido de Tolosa Paz a la justicia para levantar el secreto fiscal de las 253.184 personas a las que la AFIP le detecto inconsistencias.

“La ministra Tolosa Paz le cuenta la costillas a los pobres y no a los que fugaron divisas”, criticó con dureza Juan Grabois, el líder del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE).

“Desde el Frente Popular Darío Santillán repudiamos que se viole la Ley que ampara el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo y reclamamos que se levante el secreto fiscal de los jueces, los que fugaron dólares y los políticos”, disparó Dina Sánchez. Grabois y Sánchez también forman parte de la UTEP.

El viernes, después de la marcha al Puente Pueyrredón, Alberto Fernández invitó a la Casa Rosada a su ministra, a Emilio Pérsico y al referente de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.

Después de dos horas de diálogo acordaron postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo basado en el informe de la AFIP que detectó que:

- 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüedad.

- 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotributo) categoría C o superior.

- 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales.

- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o retiros

- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social

- 35.398 percibieron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

- 39.874 son titulares de establecimientos comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

También resolvieron que, al menos por ahora no se desenganchará al Potenciar trabajo del salario mínimo -Castro fue el más enfático en ese punto- y pagar lo antes posible el mes de noviembre.

Para eso Tolosa Paz debía pedir autorización a la justicia en el mismo juzgado en el que ella y Pérsico son investigados por mal desempeño en sus funciones, entre otros delitos.

Si el juez Ariel Lijo toma el criterio de la fiscalía, el Gobierno cumplirá el primer compromiso que tomó con los movimientos sociales afines.

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