Viaje a Lago Escondido: Larreta respaldó a Marcelo D’Alessandro y aseguró que el ministro de Seguridad porteño está a disposición de la Justicia

En las primeras horas de la tarde, Alberto Fernández emitió un mensaje en cadena nacional, en el que pidió que la Justicia investigue un viaje de jueces, fiscales, funcionarios y empresarios de medios a Lago Escondido, para determinar si se cometió algún delito. En consecuencia, Horacio Rodríguez Larreta respondió vía Twitter, donde aseguró: “Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo”.

Asimismo, respaldó al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Dalessandro, uno de los apuntados: “Hablé con @MarceDaless y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la Ciudad están a disposición de la Justicia para lo que ella disponga”.

El Presidente había anunciado que instruyó al Ministerio de Justicia para que se presente ante el Ministerio Público Fiscal a fin de que se investigue penalmente el encuentro en el sur, en una zona cercana a la ciudad de Bariloche, a mediados en octubre de este año. De acuerdo al primer mandatario, los involucrados habrían cometido diversos delitos, entre ellos “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

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Los detalles del viaje habían sido revelados semanas atrás por el diario Página 12. Este fin de semana, el tema cobró mayor difusión a partir de la filtración de supuestos chats de la aplicación Telegram entre los involucrados para coordinar una versión pública sobre los motivos del vuelo. En los mensajes, los involucrados hablan -entre otras cosas- de falsificar facturas de servicios turísticos para justificar su presencia en la provincia de Río Negro. También aluden a una presunta “buena predisposición” de una fiscal federal de Bariloche para cerrar un expediente que se había abierto para investigar los motivos del encuentro en la Patagonia.

El origen de la filtración es atribuida a un hackeo del teléfono celular de Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana negó la veracidad de los diálogos y adelantó que también irá a la Justicia. “Otra vez, la mafia kirchnerista en su máxima expresión. Financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie”, tuiteó el funcionario porteño, en alusión a Cristina Kirchner y el fallo que este martes emitirá el tribunal que la investiga en el marco de la causa Vialidad.

A su vez, el Ministro señaló en diálogo con Radio con Vos: “Quiero dejar bien en claro que estamos frente a una operación. Se montó una situación inexistente. Fuimos violados en la intimidad. Se nos hackearon los teléfonos .Son sectores que se manejan de esta manera. Lo que hicieron es un delito. Dan por sentado que, aún naciendo de un delito, es verdad y sobre eso hay que dar explicaciones”.

“Acá hubo un viaje de un grupo de personas donde se viajó por diferentes lugares, algunas nos conocíamos hace muchísimos años y a otras nunca las había visto. Jamás. Ni tengo un llamado ni un mensaje. Hay otras personas que jamás las hubiera visto. Fueron viajes separados, cada uno abonó su pasaje. Nadie invitó. Es gente con la que nos conocemos hace muchos años. El punto es por qué dar un viso de irregularidad a una situación de la que detrás no hay nada. Yo puedo demostrar que está editado. Nadie tiene grabadas a las personas que estaban”, añadió en el programa que conduce Romina Manguel.

El resto de los involucrados serían el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, que también presentó una denuncia; el juez federal Julián Ercolini; el camarista de Casación Carlos Mahiques; al juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials; al jefe de los fiscales de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey; al asesor de comunicación Tomás Reinke; y al ex funcionario de inteligencia Leo Bergot.

Por su parte, Patricia Bullrich también respaldó a D’Alessandro y sostuvo: “Dan vergüenza ajena los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la justicia. Pero ni violando la ley podrán ocultar la realidad”.

En tanto, Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, escribió: “Repudio totalmente esta maniobra distractiva, el espionaje ilegal nunca es el camino. Toda mi solidaridad con @MarceDaless”.

“Otro apriete mafioso del kirchnerismo. Otra cortina de humo para cuidar sus privilegios. Son de manual. Conozco a Marcelo hace años y sé de la enorme responsabilidad con la que ejerce su función. Todo mi apoyo y solidaridad”, se sumó la ministra de Educación, Soledad Acuña.

En contrapartida, un par de horas después del mensaje del Presidente, el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos emitió un comunicado en el que sostuvieron: “Exigimos el juicio político al Ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D´Alessandro, por su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, y ex agentes de inteligencia. También exigimos Juicio Político al Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques por el intento de ocultar las pruebas de dicho financiamiento”.

“Los hechos mencionados evidencian la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública y confirman la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín”, añadieron.

El comunicado completo de los legisladores del FdT

Desde el bloque de Legisladores y Legisladoras del Frente de Todos, exigimos el juicio político al Ministro de Seguridad Porteño, Marcelo D´Alessandro, por su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, y ex agentes de inteligencia.

También exigimos Juicio Político al Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques por el intento de ocultar las pruebas de dicho financiamiento. Los hechos mencionados evidencian la comisión de diversos delitos, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública y confirman la existencia de una mesa judicial que incluye a funcionarios del macrismo, además de operadores mediáticos, agentes de inteligencia y ejecutivos del Grupo Clarín.

La cantidad de posibles delitos confesados, planeados y sugeridos en las conversaciones que dieron a conocer estos hechos y la activa participación en ellas de D’Alessandro y Mahiques desbordan las previsiones de los más escépticos. Recibir dádivas, encubrirlas falsificando documentos, presionar fiscales y periodistas, armar causas, prometer cárcel a los díscolos: todo es válido para esta suerte de poder paralelo, que nada casualmente integran el juez Julián Ercolini, quien instruyó la causa -inocultablemente “trucha”- de Vialidad contra la Vicepresidenta de la Nación, así como el Ministro Porteño responsable de vallar su casa.

El rol ocupado por Juan Bautista Mahiques en la Ciudad de Buenos Aires como Fiscal General fue brindar protección y una base de operaciones perfecta a este entramado judicial, algo largamente sospechado y que ahora ha quedado finalmente expuesto, a la vista de toda la sociedad argentina.

La connivencia de la Policía de la Ciudad, a cargo de Marcelo D’Alessandro, con la persecución y el hostigamiento a la Vicepresidenta, ya había quedado expuesta en varias oportunidades: desde su participación como auxiliar de justicia en causas federales en la Provincia de Santa Cruz, hasta la inacción frente al acoso y las agresiones a la Vicepresidenta en su despacho del Congreso, sin detenciones por hechos tan graves como arrojar piedras y bombas molotov, como así tampoco por llevar bolsas mortuorias a la Casa Rosada.

La impunidad con la que se manejó este entramado que compromete a funcionarios políticos y judiciales vinculados a Macri y Larreta devela que no se trata solo de negocios, sino de persecución, complicidad mediática con pautas millonarias y espionaje ilegal, todo esto al servicio de un sistema de injusticia e inequidad que necesita presa a Cristina para perpetuarse. Repudiamos este manejo antidemocrático que busca desestabilizar, completamente inaceptable para una sociedad que recuperó el Estado de Derecho con un costo social enorme.

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