La tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales oficialistas continúa por más que el viernes, tras una larga reunión en la Casa Rosada, parecieron fumar la pipa de la paz.
La causa del conflicto fue la decisión de la administración de Alberto Fernández de ajustar los planes sociales para poner en caja el gasto estatal y cumplir con parte de las metas comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), transparentar los millonarios desembolsos mensuales para el Potenciar Trabajo -que involucra más de 1.300.000 beneficiarios-, y desenganchar ese programa del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Las organizaciones populares oficialistas reaccionaron de la misma forma que los piqueteros de izquierda: salieron a la calle por primera vez en tres años y acordaron una serie de medidas de fuerza como si fuesen una fuerza opositora.
Para desandar ese camino, esperan que en los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, de un primer paso y “congele” esas decisiones, al menos hasta febrero, como se habló en Balcarce 50. Recién ahí se levantaría el plan de lucha que las organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) votaron ese ese mismo viernes en la asamblea abierta que realizaron en el Puente Pueyrredón. Entre las medidas, se acordó realizar una jornada nacional con asambleas, marchas y cortes en todo el país el miércoles próximo y una “Navidad de los pobres” en las calles, como las realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, el 24 de diciembre.
Las últimas semanas de Juan Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social fueron tensas. Entre otras razones, porque no llegaban los alimentos secos y frescos a los comedores de las organizaciones populares; también por la implementación de una auditoría presencial en cooperativas y Unidades de Gestión en la que los titulares de Potenciar Trabajo debían realizar sus 20 horas diarias de tareas.
Sin embargo, su reemplazo por Tolosa Paz tensó al máximo la relación con organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que hasta el momento se habían mostrado incondicionales a Alberto Fernández, quien no dudó en involucrarlos en su administración en puestos claves. Por ejemplo, a Emilio Pérsico, uno de los líderes del Evita, lo designó al frente de la Secretaría de Economía Social, desde la cual se administra el Potenciar Trabajo y que en 2023 tendrá un presupuesto récord de $594.285.915.597.
A Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Barrios de Pie lo nombró subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Fernanda Miño, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene como su máximo referente a Juan Grabois, está a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana. En 2023 el presupuesto aprobado para su área es de $11.213.769.266. También abrí el gobierno a otros referentes sociales como Fernando “Chino Navarro, quien en la actualidad está a cargo de la Secretaría de Relaciones con Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario que depende de la Jefatura de Gabinete.
La ebullición interna llegó a tal temperatura que los dirigentes sociales amenazaron con renunciar a sus cargos en el Poder Ejecutivo.
Gildo Onorato, referente del Evita y secretario gremial de la UTEP, dijo a Infobae: “Entre el Gobierno y nuestros compañeros elegimos a nuestros compañeros, no vamos a convalidar ni ser cómplices de un ajuste directo a nuestra base social”. Y reconoció: “El Movimiento Evita analiza en este momento a nivel nacional abandonar los cargos que algunos de sus dirigentes ocupan en el Poder Ejecutivo. Una vez más, cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los últimos y las últimas de la fila con criterios burocráticos insólitos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que más lo necesitan en un contexto crítico de fin de año”.
Después de esta posición extrema, revelada por este medio, y el corte en el Puente Pueyrredón, Fernández invitó a un almuerzo a en la Rosada a Emilio Pérsico y Esteban “Gringo” Castro, el poderoso secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular.
Ingresaron por la explanada de Casa de Gobierno después de la desconcentración. Al Presidente lo acompañaba Tolosa Paz.
Fue en ese encuentro que los cuatro acordaron postergar hasta febrero el estudio de incompatibilidades en la asignación de los planes Potenciar Trabajo y se les adelantó que la atrasada cuota de noviembre de ese programa se pagará en los próximos días.
Las razones del conflicto
Hasta la llegada de Tolosa Paz a Desarrollo Social eran impensadas las fricciones entre el Poder Ejecutivo y las organizaciones sociales que abrevan en el Frente de Todos. Las razones de las tensiones actuales, o alguna de ellas, hay que buscarlas en la propia interna de la coalición de gobierno, la debilidad del Jefe de Estado, su decisión de buscar un segundo mandato y el posicionamiento para las elecciones de 2023 del kirchnerismo, con la ex mandataria y Vicepresidenta y su hijo, el diputado Máximo Kirchner a la cabeza.
Si bien el proceso de descomposición es más extenso, se lo puede resumir en estos puntos.
A través de Juan Zabaleta, y con la venia de Alberto Fernández, se decide realizar una auditoría en el programa Potenciar Trabajo para dar de baja a los titulares que no iban a sus lugares de tareas o tenían “incompatibilidades’. La propia Cristina Fernández de Kirchner había solicitado un mayor control del Estado en los planes y criticado que habían quedado en manos de los movimientos sociales. Le apuntó, sin nombrarlo, a Pérsico.
Por el acuerdo firmado entre el Gobierno y el FMI, en la agenda doméstica está marcado en rojo reducir al máximo la emisión monetaria y, entre otros ítems, bajar el gasto fiscal.
Sin hacer pública la medida, el 30 de junio pasado, Zabaleta, con la autorización del Poder Ejecutivo, le solicitó a la AFIP, organismo que está a cargo de Carlos Castagneto, el entrecruzamiento de todos los titulares del programa Potenciar Trabajo, que en ese entonces eran 1.382.279.
Fue el segundo paso para busca de “inconsistencias” entre los titulares del programa Potenciar Trabajo y “depurar” el abultado padrón. Para eso, los funcionarios de Zabaleta realizaron una batería de 13 preguntas.
El resultado aterrizó en Desarrollo Social el 24 de octubre, ya con Tolosa Paz en el cargo. Había reemplazado a Zabaleta porque este decidió reasumir la intendencia de Hurlingham ante el avance del kirchnerismo en su territorio y los recortes que entrevía en su cartera después de la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía.
El 9 de noviembre Infobae publicó de manera exclusiva el informe reservado que la AFIP le envió a Desarrollo Social. El resultado era escandaloso: 253.184 beneficiarios, según las preguntas realizadas por la gestión Zabaleta, cobraban de manera irregular. Entre ellos, 44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil. Otros 52.987 “eran propietarios de más de un inmueble, automotor, etc” y 63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil. Además, 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama)”. En la nómina también había casi tres mil fallecidos, jubilados, retirados y personas con prepagas. En principio, todas incompatibilidades.
El informe era estadístico, no nominal, ya que la AFIP está alcanzada por el secreto fiscal y sólo un juez puede instar al organismo de brindar nombres, CUIL o CUIT de las personas, también sus bienes.
Recién cuando la ministra leyó en este medio los datos, brindó una conferencia de prensa y declaró: “Si corroboramos incompatibilidades, vamos a depurar el padrón. La voluntad de este ministerio es acompañar el crecimiento del empleo registrado en la Argentina, que permitirá una mayor inversión por parte del Estado en bienes de capital para la Población Económicamente Activa de los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo”.
Ante esa información, el fiscal federal Guillermo Marijuán realizó una primera denuncia penal en la que pidió que se investigue que funcionarios de Desarrollo Social permitieron que esos beneficiarios cobrarán el subsidio por parte del Estado Nacional fuera de norma.
Tolosa Paz, en vez de pedir a un magistrado que levante el secreto fiscal a la AFIP para que esta brinde los nombres y los bienes de cada una de esas personas, pidió otros dos informes, con un padrón con 20.000 beneficiarios menos y un entrecruzamiento con menos preguntas para responder.
Con esos resultados en la mano, la ministra dio de baja a menos del 10% de esas 253.184 personas. Se centró en sólo quienes habían adquirido dólares, según la lista que le envió el Banco Central de la República Argentina.
Tolosa Paz expuso esta situación públicamente, dijo que la prensa buscaba “estigmatiza a los pobres” y denunció de manera injusta a la AFIP por no darle la lista de los presuntos infractores.
No solo como funcionaria, sino como contadora pública nacional, la ministra sabe que el organismo recaudador está impedido y que solo la Justicia puede autorizar la medida que solicitaba.
Así lo entendió Marijuán quien inició una investigación preliminar contra la ministra y Emilio Pérsico por los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e incumplimiento en sus deberes por no haber dado las bajas ante el primer informe de la FIP.
En su pesquisa llamó a Castagneto y al jefe de Gabinete, Juan Manzur. Ambos dijeron que quien da las altas, bajas y controla que no haya incompatibilidades en los titulares del programa social, era el ministerio de Desarrollo Social.
Ante el avance del fiscal federal en la investigación, y no antes que llamase a testimonial nada más ni nada menos que al titular de la AFIP y al jefe de ministros, Tolosa Paz le pidió a la Justicia levantar el secreto fiscal de los titulares del Potenciar Trabajo.El el juez federal Julián Ercolini lo autorizó en tan solo 48 horas.
Desde la fiscalía entendieron que con ese gesto la ministra intentaba evitar el avance de la investigación en su contra.
El mismo viernes de la movilización de la UTEP al Puente Pueyrredón, Marijuán presentó ante la Cámara Federal la denuncia penal contra Tolosa Paz y Pérsico. Horas después Fernández llamaba a su funcionaria y a los dirigentes sociales a la Casa Rosa.
Los dirigentes sociales cuestionaron públicamente a la ministra por solicitar el levantamiento del secreto fiscal para comenzar a dar las bajas.
Fiel a su estilo, Juan Grabois la criticó sin ahorrar palabras ni calificativos. La acusó de “contarle las costillas a los pobres” y no a los que “fugaron la guita afuera”, y pidió ver “el secreto fiscal de Tolosa Paz”.
Gildo Onorato, por su parte, también arremetió contra el Gobierno: “Vamos a ser una oposición furiosa si se ajusta a los más necesitados, a los más vulnerables, a los que menos tienen. No podemos seguir convalidando las decisiones del Frente de Todos que se negó a votar en el Congreso el pedido para que se levante el secreto fiscal de los que fugaron las divisas del país, y ahora la ministra Tolosa Paz lo pide para los de abajo. Al Gobierno desde el Evita le decimos que vayan a buscar a los que la fugaron, fíjense quienes son los que ganan siempre, los que especulan con su riqueza, siempre vamos a acompañar las medidas que apunten a la justicia social, pero la persecución y el ajuste a los y las de abajo, que la pelean todos los días, no lo vamos a permitir”.
En la misma línea, Dina Sánchez, del Frente Popular Darío Santillán, también cuestionó la decisión de la ministra: “Victoria Tolosa Paz estigmatiza y ajusta a los y las trabajadoras de la economía popular. Quieren dar de baja a beneficiarios del Potenciar Trabajo, ajustar el salario social complementario que está estipulado que sea la mitad del salario mínimo y estigmatizan el laburo de la Economía Popular. ¿En serio creen que el problema son el millón de personas que cobran un Potenciar Trabajo? El problema son los millones de personas que aún hoy viven en la indigencia en Argentina”.
La funcionaria se defendía recordando que el plan Potenciar Trabajo implica el otorgamiento de 27 mil pesos, monto que “es cierto que es muy poco pero como es dinero público, pesa sobre mí la responsabilidad de administrarlo bajo las normas”. Por tal motivo, “si AFIP me dice que hay 3 mil personas que tienen autos de menos de 10 años, no los puedo liquidar porque estaría incumpliendo con los deberes de funcionario público”.
Ese fue el marco de la reunión del viernes donde Fernández y Tolosa Paz parecieron acercar posiciones con Pérsico y Castro para descomprimir de manifestantes las calles y evitar la foto de largas mesas callejeras con sidra y pan dulce y miles de militantes sociales reclamando al gobierno que deje de ajustar a los de abajo.
El acuerdo fue que, por más que llegue el listado con incompatibilidades de la AFIP, hasta febrero no se darán más bajas; se mantendrán la depuración del padrón realizado hasta ahora; se pagará de manera normal los haberes del Potenciar Trabajo; se normalizará de manera paulatina la entrega de comida a los comedores y merenderos, y no se modificará la actualización del monto del plan cada vez que aumente el Salario Mínimo Vital y Móvil.
La palabra transparencia quedó fuera del acuerdo.
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