La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, recibió un nuevo revés judicial. Enrique Lavié Pico, juez en lo Contencioso Administrativo, la intimó para que le brinde a dirigentes de la Coalición Cívica -liderados por Elisa “Lilita” Carrió- la “información pública” que solicitaron en junio pasado sobre la cantidad de personas beneficiadas con el programa Potenciar Trabajo que están vinculadas a los movimientos sociales -mayoritariamente oficialistas-, fundaciones, federaciones, asociaciones civiles o cooperativas. También solicitaron que se informe sobre cada uno de los convenios celebrados en el marco del programa con diferentes agrupaciones o cooperativas entre los años 2018 y 2022.
Como el Ministerio se negó en su momento a entregar esa información que debería ser pública y transparente ya que involucra fondos del Estado nacional, los diputados de la CC Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin junto al legislador porteño Hernán Reyes, el concejal de La Matanza Héctor “Toty” Flores y la dirigente Fernanda Reyes, recurrieron a la justicia, que ahora les dio la razón e intimó al Gobierno a cumplir con el pedido en un lapso de 10 días.
En sus argumentos, el magistrado le recordó lo siguiente a la ministra Tolosa Paz: ”Cabe precisar que la ley 27.275 Derecho de Acceso a la Información Pública establece en el artículo 1 que: ‘Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”.
El pedido había sido ingresado por la Mesa de Entradas de Desarrollo Social el 19 de julio pasado, cuando el ministro era Juan Zabaleta. Tampoco fue respondido por Tolosa Paz, quien reemplazó al intendente de Hurlingham el 13 de octubre.
En el amparo, los dirigentes de la oposición argumentaron que desde el Ministerio “nunca recibieron respuesta a lo requerido” y agregaron que “la omisión a brindar la información constituye un acto arbitrario e ilegítimo, lesionando derechos constitucionales”.
El juez Lavié Pico también les recordó a los funcionarios que “la información pública es un derecho” y recalcó: “El derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.”
Después de ser intimada por la justicia a brindar los datos referidos a la administración de los fondos públicos, los abogados del ministerio de Desarrollo Social apelaron la medida con la intención de que se mantengan bajo siete llaves los datos sobre el destino dado a los subsidios que recibieron, por ejemplo, las cooperativas y federaciones vinculadas o que dependen de las organizaciones sociales cercanas al gobierno, varios de cuyos dirigentes, como Emilio Pérsico, son funcionarios del ministerio de Desarrollo Social. En palabras del diputado Reyes, “está de los dos lados del mostrador”.
Tal como informó de manera exclusiva Infobae, el 18 de noviembre pasado, los mismos dirigentes de la CC denunciaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) a Pérsico por incompatibilidad en sus funciones. El texto revela que, a través de la Secretaría de Economía Social, de la cual es titular, el líder del Movimiento Evita, intervino en dos expedientes, a través de los cuales la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual él era directivo, fue beneficiada con más de 160 millones de pesos, en una “clara incompatibilidad”.
Los mismos dirigentes de la Coalición Cívica ya habían denunciado ante la Oficina Anticorrupción a Pérsico por un giro de $160 millones a la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA de la cual él era directivo.
La organización está integrada por 49 unidades de gestión que emplea a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Algunas de ellas son: Cooperativa de Trabajo La Patriada; Cooperativa “La Montonera”; Cooperativa “Chacho Peñaloza” y Cooperativa “San José Obrero”.
El Potenciar trabajo es administrado por Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. Es el programa más importante del ministerio de Desarrollo Social, junto con el Alimentar. Tiene más de un millón trescientos mil titulares y de ellos 253.184 están bajo la lupa judicial después de que la AFIP descubriera irregularidades en el cobro del beneficio, como las compras de dólares, tener más de una propiedad o un auto con menos de un año de antigüedad.
Por no haber dado de baja a esos beneficiarios, el fiscal Guillermo Marijuán presentó hoy una denuncia penal contra Tolosa Paz y Pérsico a quienes les imputa los presuntos delitos de “mal desempeño de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos”.
Los dirigentes de la CC sospechan que Pérsico u otros funcionarios, que forman parte de organizaciones sociales, pudieron haber gestionado y recibido subsidios para sus cooperativas y por eso reclaman tener acceso a esa información.
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