Cómo sigue la negociación por el Presupuesto bonaerense: la diferencia con la oposición son los fondos para municipios

Las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por el Presupuesto bonaerense 2023 pareciera atravesar un stand by luego de las reuniones que mantuvieron esta semana una comitiva de legisladores oficialistas, la vicegobernadora Verónica Magario y el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, con intendentes, diputados y senadores de Juntos en el marco de la conversación por los votos para la ley de leyes que propone un gasto de casi $7 billones de pesos.

Esta semana se retomaron las reuniones y se abordó el tema del Fondo de Infraestructura Municipal y el pedido de los intendentes de la oposición de que ese monto, sumado a uno de similares características pero destinado a Seguridad, abarque un total de $82 mil millones de pesos. De ese total, $50 mil millones de pesos sean destinados para el Fondo de Infraestructura y el restante para el Fondo de Seguridad. Sin embargo, el pedido de la oposición hoy está lejos de ser aceptado por el oficialismo.

Es un toma y daca en el que Kicillof por ahora no interviene, aunque sigue de cerca a través de Insaurralde. El jefe de Gabinete es el encargado de llevar los temas legislativos en nombre del Ejecutivo provincial. La búsqueda de votos afirmativos al presupuesto y ley fiscal son parte de su tarea. Por eso, la dinámica de las reuniones que cada diez vienen teniendo oficialismo y oposición como parte de un dispositivo dialoguista que Insaurralde busca mostrar.

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A diferencia de lo que había sido el primer encuentro, la reunión del último miércoles dejó a la oposición con un sinsabor en el marco de las negociaciones. Si bien se destacó la participación del ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Pablo López, en el encuentro -que había sido un pedido de Juntos- las partes siguen lejos de un entendimiento tanto por los fondos hacia los municipios como por el mecanismo para desembolso de los mismos.

“A nosotros nos importa cómo se va a pagar; queremos que el 50% de los fondos se transfieran en el primer trimestre”, asegura uno de los negociadores por la oposición que forma parte de la mesa de negociación. La misma fuente detalla que la oposición ya aceptó flexibilizar el plazo, que en un principio la condición era que la mitad de los fondos se pagarán en enero del año que viene.

En el oficialismo por ahora no hay apuro con el Presupuesto. La mira está puesta sobre todo en la ley fiscal impositiva, ya que es una de las herramientas de recaudación central con la que cuenta el gobierno. En lo que refiere a ese ítem, según pudo reconstruir Infobae, el Ejecutivo pidió tener la ley impositiva aprobada en el mes de diciembre, para empezar a cobrar patentes e impuestos con los valores actualizados a enero del año que viene.

En ese punto, la oposición no pone demasiadas objeciones, pero sí reclamó un tope para la actualización -suba- en el valor de la patente para la categoría más alta de los automotores, que en el proyecto original no tiene techo.

En este contexto de idas y vueltas, Insaurralde se reunirá este lunes con el gobernador para empezar a definir una postura sobre todo en lo que respecta a los montos para el Fondo de Infraestructura y de Seguridad. Durante la reunión, según le transmitieron a Infobae algunos de los participantes, el ministro de Hacienda habló de un fondo de Infraestructura para los municipios de $24 mil millones de pesos y de seguridad de $9 mil millones. Fue el intendente de La Plata, Julio Garro, quien reclamó que los municipios se hacen cargo de los combustibles y arreglos de los patrulleros, en una tarea que -interpretó el jefe comunal- se debería ocupar la Provincia. Fue luego de que un enviado del Ejecutivo le recordara a los intendentes la entrega de patrulleros que viene realizando la gestión provincial.

Pese a la diferencia en los montos y algunos cortocircuitos. Podría haber un término intermedio. “En la reunión Magario habló de $53 mil millones, un número diferente al que un rato antes había dicho López”, le dijo a Infobae un opositor. En el entorno de la vicegobernadora desmintieron esta versión.

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Sin embargo, desde Juntos deslizan que si se asegura la forma de pago y la celeridad en las transferencias durante el primer trimestre del 2023, el acercamiento podría sellarse con la aprobación del presupuesto. “Esto es una negociación, con ofertas y contraofertas”. Según pudo saber Infobae, Juntos podría “estirarse” hasta los 60 o 65 mil millones de pesos y aceptar una oferta de ese tipo para los fondos de infraestructura y seguridad.

El Presupuesto y la Ley Fiscal es uno de los ítems que figuran en el calendario próximo del Ejecutivo en paralelo con la actividad legislativa. La otra ley que Kicillof espera resolver antes de fin de año son los cambios en la caja previsional del Banco Provincia. Actualmente paralizada por contar con el rechazó explícito de un sector del PRO y de la Coalición Cívica, el Ejecutivo buscará una nueva instancia de negociación en los próximos días y que incluya a la Unión Cívica Radical para realizar cambios en el sistema jubilatorio de los empleados del Banco Provincia, cuyo régimen fue modificado durante la gestión de María Eugenia Vidal que, con el objetivo de bajar el déficit de la caja modificó la edad la edad jubilatoria y redujo el haber del 82% a un 70%. Una iniciativa que acarreó un vendaval de cautelares de jubilados que vieron afectados sus derechos previsionales. Actualmente hay 5 mil cautelares en las que la Justicia dio la razón a los demandantes, aumentando aún más el déficit de la caja.

La judicialización de la ley sancionada a finales del 2017 obligó la intervención de la Suprema Corte de Justicia que está a menos de un mes de declarar inconstitucional la norma si no se llega a un acuerdo político. Si eso sucede, la provincia deberá capitalizar al Banco por 400 mil millones de pesos. Por eso, el ejecutivo busca darle celeridad a ese proyecto aunque la oposición adelantó que una negociación por esa ley deberá ser por fuera de las conversaciones del presupuesto 2023.

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