La Legislatura Porteña aprobó este jueves un proyecto presentado por la diputada Lucía Cámpora, del Frente de Todos, que establece la gratuidad de la inscripción al Registro de Deudores Alimentarios de la Ciudad. La normativa implica un antes y un después ya que, hasta hoy, la inscripción de un progenitor moroso en el registro implicaba un costo a cargo de la mujer que hacía el trámite. Solo en la Provincia de Buenos Aires, se calcula que un 66% de las mujeres tienen problemas para percibir la cuota alimentaria.
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos permite conocer si una persona debe alimentos por sus hijes y se consulta previo a las contrataciones en el Estado o para renovar la licencia de conducir. Previo a la aprobación de este proyecto, a pesar de que la inscripción se realiza con orden judicial, las mujeres interesadas en que el deudor figure en el registro debían abonar un arancel que oscila entre los $1.160 y $8.110.
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Los conflictos por pago de alimentos representan una verdadera odisea para las mujeres, que son las principales perjudicadas. “El incumplimiento de la cuota alimentaria es otra forma de violencia económica contra las mujeres, que son las principales afectadas junto con los niños y niñas. Era sumamente injusto que la mujer que ya estaba peleando para reclamar alimentos, encima tuviese que pagar para inscribir al deudor en un registro”, expresó la legisladora Lucía Cámpora.
En la Ciudad de Buenos Aires hay, aproximadamente, 8.000 deudores que figuran en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Se estima que son muchos más, pero por las dificultades del trámite no se encuentran inscriptos.
De hecho, un estudio realizado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires reveló el 66,5% de las mujeres no recibe la cuota alimentaria o lo hace de manera eventual. De ese informe, también se desprendió que el 54% de las respuestas correspondían a hogares monomarentales.
“El Registro de Deudores Alimentarios es una herramienta que, conjugada con otras, tiene que permitirnos una mayor creatividad para hacer efectivo el pago de la cuota alimentaria. Hoy, que una persona figure como deudor en este Registro lo inhabilita a renovar su licencia de conducir. Aunque también, por el Artículo N° 553 del Código Civil y Comercial, se le puede impedir ingresar a un club o salir del país con orden judicial. Innovar en medidas más efectivas para garantizar el pago de alimentos es parte de lo que proponemos cuando hablamos de construir la Reforma Judicial Feminista”, señaló la legisladora porteña.
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La Legislatura aprobó con 59 votos afirmativos —por unanimidad— el proyecto que elimina los aranceles de los oficios judiciales. “No todos los días podemos dar buenas noticias desde esta Legislatura, tan reticente a aprobar proyectos que amplíen derechos. Estamos muy contentas de haber podido sancionar esta ley”, agregó la diputada autora del proyecto.
En sintonía, el pasado 9 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios de la Nación (ReUDAM) para aquellos padres que no cumplen con los acuerdos judiciales de manutención de sus hijos.
La iniciativa, que deberá ser tratada en el Senado, fue aprobada casi de manera unánime: 225 legisladores votaron a favor, mientras que sólo José Luis Espert, de Avanza Libertad, votó en contra.
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La normativa impulsa la creación de una base de datos nacional que permita sancionar a los padres que no cumplan con los montos que deben abonar para mantener a sus hijos. El objetivo es centralizar la información para que aquella persona que tiene la custodia del menor, no tenga que hacer gestiones en todo el país para lograr las inhabilitaciones correspondientes.
Quiénes integren el Registro no podrán acceder a determinadas acciones o trámites. Algunos de los impedimentos serán: la apertura de cuentas bancarias, otorgamiento de tarjetas de crédito, inscripciones en los registros de propiedad inmueble, renovación de licencia de conducir, renovación o expedición de pasaporte y desempeño en cargos públicos, entre otros.
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