Cristina Kirchner pidió ante la Cámara de Casación que se confirme su sobreseimiento en la causa conocida como Memorándum con Irán. Fue una presentación por escrito, tal como habían adelantado sus abogados. Casi en simultáneo, se realizó la segunda audiencia donde expusieron, de manera oral, algunas de las partes.
En la presentación, a la que tuvo acceso Infobae, la defensa de la Vicepresidenta, a cargo del abogado Carlos Beraldi, hizo un repaso de las principales causas abiertas contra Cristina Kirchner y apuntó a los jueces del tribunal.
“La actuación de Hornos y Borinsky no solo fue cuestionada por las defensas, sino también por el Fiscal General Javier De Luca y por la jueza Ana María Figueroa, quienes pusieron de manifiesto que su intervención en el caso era totalmente irregular”, dice el escrito de más de sesenta carillas.
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Beraldi volvió a insistir en que no hubo delito con la firma del Memorándum, tal como sostuvo el juez Daniel Rafecas al comienzo de la causa. “Deberá dejarse sin efecto el auto de citación a juicio y, al propio tiempo, se deberá dictar en esta instancia un auto de sobreseimiento respecto a todas las personas injustamente acusadas en el proceso, por la misma causal, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afectó su buen nombre y honor”, reclamó.
En la audiencia, el fiscal general Javier De Luca, quien desistió de la apelación que se había presentado desde el Ministerio Público, ratificó que no hubo delito. “¿Cuál sería el sentido de hacer un juicio oral si no hay delito? Si consideran que es delito, lo tienen que decir hoy por mandato constitucional. Yo sostengo que no es delito, quisiera conocer los argumentos si consideran lo contrario”, arengó a los jueces. Y agregó: “Acá se armó una causa melliza, de otra que estaba archivada, para perseguir a las mismas personas por los mismos hechos”.
Argentina e Irán firmaron en 2013 un memorándum sobre la causa del atentado a la AMIA. El acuerdo establecía que ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados de ser los autores del hecho, el juez y el fiscal del caso -entonces Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman- podían viajar a ese país a indagar a los acusados. También creaba una comisión de la verdad. El acuerdo fue objetado políticamente y ante la justicia que lo declaró inconstitucional.
En enero de 2015, Nisman denunció a Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el acuerdo porque señaló que se hizo para encubrir a los acusados y hacer caer las ordenes de detención internacional. La causa primero fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito pero luego la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio que procesó a la ex presidenta y otros 11 acusados, entre ellos el actual senador nacional Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D´Elia, el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, y el procurador del Tesoto de la Nación Carlos Zannini, entre otros. Algunos de ellos como Zannini y D´Elia estuvieron presos. El magistrado también había dispuesto la prisión preventiva de Cristina Kirchner, que no se concretó por sus fueros como senadora nacional.
La causa pasó a juicio oral y el octubre de 2021 el tribunal oral sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, dijeron en el fallo los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las querellas y el fiscal Marcelo Colombo apelaron para que esa decisión sea revisada por Casación con el pedido de que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio oral.
Hace dos semanas, en la primera audiencia, los abogados querellantes que representan a familiares de víctimas del atentado a la AMIA y los de la DAIA pidieron que se revoque el sobreseimiento de todos los acusados y que sean juzgados en juicio oral y pública por ese acuerdo.
En esa audiencia también expusieron las defensas de Carlos Zannini, Juan Martín Mena y del ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain. Los tres señalaron que los sobreseimientos estuvieron bien dictados, que el tribunal oral no cometió ninguna irregularidad en la convocatoria de la audiencia y que el motivo de la desvinculación de los acusados es que luego que la causa fue elevada a juicio oral se generó prueba nueva que demostró que en el caso no hubo delito
Luego de las dos audiencias, los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, quedaron en condiciones de resolver. La expectativa está puesta en saber si resolverán antes de fin de año o quedará para 2023.
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