Tras la muerte de Hebe de Bonafini, se activaría el juicio oral por la causa Sueños Compartidos

“Están haciendo tiempo por la salud de Bonafini”, se sinceró una fuente judicial hace pocos días para explicar la demora del juicio por el escándalo de Sueños Compartidos. La misma fuente admitió que había “gestiones” para que la titular de las Madres no se siente en el banquillo de los acusados. Efectivamente, el juicio aún no tiene fecha. Desde la elevación a juicio, en mayo de 2019, el expediente solo acumula planteos y chicanas de las defensas.

El último de esos planteos fue de la defensa de Bonafini, que presentó un pedido de extinción de la acción penal por afectación del derecho de ser juzgada en un plazo razonable. Es decir, reclamó que no haya juicio.

Tras su muerte, se cerrará la causa en su contra pero llamativamente se activaría el juicio oral contra los hermanos Schoklender y el resto de los imputados.

Apenas estalló el escándalo, en mayo de 2011, el gobierno de Cristina Kirchner se encargó de proteger a la titular de las Madres de Plaza de Mayo. Para el ex juez Norberto Oyarbide fue intocable. Manejado a control remoto desde la Casa Rosada, el entonces magistrado solo citó a Bonafini como testigo y aceptó a la Fundación como querellante.

En plena campaña electoral, el Gobierno intentó minimizar el escándalo. Pero la guerra ya estaba desatada. Schoklender acusaba a Bonafini de ser la responsable de los desmanejos financieros. La titular de las Madres le contestaba que había transformado el proyecto en “su empresa privada” y lo acusaba de “traidor”.

La protección del kirchnerismo a Bonafini incluyó a su hija, María Alejandra, quien nunca pudo explicar una serie de operaciones inmobiliarias. La más sospechosa es la compra de un semipiso, en la avenida 44 de La Plata. Lo adquirió sin un crédito y luego se lo vendió a la empresa Meldorek. Sergio Schoklender declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe.

En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios involucrados.

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En junio de 2016, ese magistrado sorprendió con el llamado a indagatoria de Bonafini. La titular de las Madres se negó a presentarse en Tribunales luego de despotricar durante varios días contra el juez, al que acusaba abiertamente de “recibir coimas”.

“Yo fui a hablar con Martínez de Giorgi muchas veces. Algunas veces fui con testigos. Una vez le dije: “doctor, yo no tengo la misma plata que Schoklender que a cada rato viene y le pone una pilita por eso usted nos condena a que paguemos”, decía Bonafini por ese entonces. Efectivamente, hubo al menos dos encuentros con el magistrado en los que Bonafini reclamó “piedad” para su hija, María Alejandra.

Pero el llamado de indagatoria quebró el diálogo amistoso. Martínez De Giorgi le avisó a los abogados de Bonafini que si no se presentaba iba a pedir su detención y lo terminó haciendo. Esa decisión desencadenó una reacción inesperada de la militancia kirchnerista, que llenó la Plaza de Mayo e impidió el ingreso de la Policía a la Fundación. “Agradezco a todos los que se movilizaron frente a la casa de las Madres para darnos su apoyo. Somos felices con lo que hacemos, no los dejemos avanzar. Estamos acá para decir todos juntos (Mauricio) Macri pará la mano”, afirmó esa noche Bonafini.

La indagatoria finalmente se hizo en la cocina de la Fundación, tal como quería la titular de las Madres.

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En mayo de 2017, Bonafini fue procesada como partícipe de la defraudación por avalar el accionar de los hermanos Schoklender. El juez dio por probado que “aprobó la contratación de la firma Meldorek SA (de Sergio Schoklender) para la realización de trabajos para los que la Fundación había sido contratada”. También tuvo en cuenta que la titular de las Madres suscribió los balances de la Fundación en su condición de Presidenta y aprobó la utilización de una cuenta bancaria de Pablo Schoklender en el Banco Credicoop, una de las vías utilizadas para desviar los fondos públicos.

“Su edad nunca representó un impedimento para participar activamente en todas las decisiones de la Fundación, así como también que su participación en la institución excedió notablemente el rol meramente social que describiera en su descargo”, fue uno de los párrafos más salientes de ese fallo.

Martínez De Giorgi también procesó a los hermanos Schoklender, al ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otras personas. El ex ministro de Planificación Julio De Vido se sumó a la lista de procesados tiempo después.

El Programa “Sueños Compartidos” significó un desvío de más de $200 millones de los $750 millones destinados al plan de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En concreto, se desviaron $206.438.454, es decir, un 23,54% de los fondos transferidos.

Según un extenso informe que realizó la Auditoría General de la Nación (AGN), el centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados ($52.149.459), en empresas agropecuarias ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127). También se comprobó un desvío “hormiga” a través de cheques de menos de $50.000. Con esa maniobra se obtuvieron $31.212.221.

Durante la investigación, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales. “En todos los casos en los que la Fundación resulto beneficiaria de la construcción de viviendas sociales y centros sanitarios el procedimiento mediante el cual se formalizó su selección fue irregular, pues se le adjudicó la ejecución de las obras en forma directa, sin sustentación legal validad tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal”, escribió el juez en 2019 cuando elevó la causa a juicio oral.

Desde entonces, la causa está a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que sobreseyó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigas en Los Sauces y Hotesur, aunque en este caso lo preside Adriana Palliotti, una jueza de bajo perfil que tuvo varios fallos resonantes contra el kirchnerismo.

Aunque ya pasaron más de tres años y medio, todavía no se terminaron las pericias solicitadas en la “instrucción suplementaria”, una etapa del proceso para hacer medidas de prueba que se omitieron o denegaron en la investigación. Hay varios motivos para esa demora. Una nulidad presentada por el ex ministro de Planificación Julio De Vido que llegó hasta la Corte Suprema y obligó a enviar el expediente principal. También está pendiente una pericia caligráfica. Esa prueba se demora porque no hay un documento original con la firma de Hebe de Bonafini. “Nadie se anima a citarla para que haga un cuerpo de escritura”, admitió una fuente de la causa.

Sergio Schoklender también se cansó de presentar recursos en todas las instancias posibles. En agosto pasado, la Sala IV de la Cámara de Casación le rechazó un recurso extraordinario y ahora espera una decisión de la Corte.

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