Nuevo juicio oral para Ricardo Jaime por otro caso de corrupción

Ricardo Jaime deberá afrontar otro juicio oral y público por haber cometido un delito de corrupción mientras fue secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner.

Así lo determinó el fiscal federal Franco Picardi al firmar la elevación a juicio de un caso que se remonta a 2003 cuando Jaime inició su derrotero como funcionario público a cargo de, entre otras cosas, el reparto de miles de millones de pesos destinados a las empresas de transporte.

El caso judicial se inició debido a que Jaime y quien por entonces era el subsecretario de Transporte Ferroviario, Julio Tito Montaña, pagaron subsidios a empresas que brindaban el servicio de trenes urbanos de Buenos Aires y alrededores, a pesar de que los prestadores del servicio ferroviario de las líneas no realizaban el mantenimiento exigido en las líneas General Roca, General San Martín y Belgrano Sur.

El caso por el que Jaime deberá ir a un nuevo juicio oral y público tiene como contracara a la firma Transportes Metropolitanos S.A., propiedad de Sergio Taselli. El empresario no está en condiciones de salud de afrontar un proceso judicial y por ello no fue solicitada su presencia en el juicio. Julio Forastieri, integrante del mismo conglomerado estaba imputado en la causa pero falleció. En cambio deberá responder a la acusación Osvaldo Carlos Iglesias, quien ocupó diversos cargos directivos en las empresas de Taselli.

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La base de la acusación se sustenta en que en junio de 2003, no bien comenzó el gobierno de Néstor Kirchner, un técnico de la secretaría de Transporte hizo un informe lapidario sobre las deficiencias del servicio ferroviario que prestaba Transportes Metropolitanos S.A. y la secretaría a cargo de Jaime no hizo lo que correspondía.

El ingeniero Pedro Condorí, que era Coordinador Técnico del área ferroviaria en la secretaría a cargo de Jaime, había propuesto que se dejaran de pagar los subsidios a la empresa hasta que mejorara el servicio, hecho contemplado en la normativa de aquellos tiempos. Montaña firmó entonces una nota en la que le proponía a Jaime el corte de los subsidios para la empresa de Taselli.

Condorí señaló en su declaración del expediente que Montaña le pidió que morigerara los términos de su informe. Como el ingeniero no lo hizo, Montaña cortó por lo sano y –con el aval de Jaime- cambió la nota.

Aquella nota fue “arrancada” del expediente y reemplazada por una con la misma fecha y numeración (Nota 48 del 25 de junio de 2003) en la que se decidió “intimar a las concesionarias a dar inmediata atención a las observaciones incluidas en el respectivo informe”. Es decir que Jaime y Montaña siguieron pagando los subsidios a Transportes Metropolitanos a pesar de que los informes técnicos aconsejaban lo contrario y además otorgaron más tiempo para mejorar las condiciones de la prestación. A Condorí lo echó Jaime el 26 de junio. Volvió a Ferrobaires, lugar en el que trabajó hasta que fue adscripto a la secretaría de Transporte.

El fiscal Picardi, en la causa que está radicada en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, acusó a Jaime y Montaña como coautores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública y de supresión de documento público. En tanto Iglesias fue acusado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública.

Según consta en el dictamen de elevación a juicio firmado por Picardi al que accedió Infobae: “Quedó acreditado que mientras se producía un enorme deterioro y se alcanzó un estado deficitario general del sistema ferroviario, los acusados no solo no adoptaron ninguna acción en el ámbito de las competencias funcionales pertinentes para evitar que prosiguiera acentuándose la defectuosa prestación del servicio, sino que, actuaron en desmedro de los intereses que le fueran confiados, causando un perjuicio a los usuarios del servicio y al patrimonio estatal”.

“Por un lado -agregó Picardi-, el entonces secretario de transporte Ricardo Jaime, ordenó el pago de los subsidios y pergeñó el salvataje de las empresas concesionarias del servicio ferroviario, pese a conocer el incumplimiento de las obligaciones asumidas en los términos del artículo 6 de la Resolución Nro. 126/03 y, por el otro, Montaña –subsecretario- presentó el aval documental para cursar la erogación de sumas millonarias en favor de las empresas”.

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Según explicaron fuentes judiciales. al expediente se sumó un informe realizado por la Procuración del Tesoro de la Nación en 2012 a raíz de un reclamo administrativo del Estado contra Transportes Metropolitanos S.A. Según el cálculo -actualizado al año 2010- se estimó que “los beneficios indebidos recibidos por la empresa Trenes Metropolitanos General San Martín S.A. ascendieron a la suma de $494.408.412,35″. Las mismas fuentes aseguran que un cálculo similar se hizo respecto de las otras dos líneas ferroviarias que explotaba la empresa de Taselli. Es decir que entre las tres líneas recibieron por “beneficios indebidos” una cifra cercana a los 1500 millones de pesos.

Jaime fue condenado en varias ocasiones por delitos de corrupción. Admitió haber recibido coimas por parte de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA ) que explotaba el ferrocarril Sarmiento en el momento de la Tragedia de Once. Y también por parte de la empresa TEBA que poseía y posee la concesión de la Terminal de Ómnibus de Retiro. En 2015 cuando pactó una condena y aceptó hacer cometido el delito se transformó en el primer coimero confeso del kirchnerismo. También fue hallado culpable de haberse enriquecido ilícitamente producto de las coimas recibidas durante los seis años que fue funcionario público.

Además fue condenado por su responsabilidad en la Tragedia de Once. En el juicio oral y público se corroboró la falta de control a los concesionarios privados que explotaban la línea Sarmiento del ferrocarril por parte de los funcionarios públicos.

El nuevo caso por el que Jaime irá a juicio oral y público se inscribe en ese accionar: controles laxos de los funcionarios para favorecer a las empresas. Fue tan evidente la mala prestación del servicio ferroviario por parte de Transportes Metropolitanos S.A. que en 2004 el gobierno nacional rescindió el contrato de explotación de la línea San Martín. Pero tardó tres años más hasta que en 2007 le quitó también las concesiones del Roca y el Belgrano Sur. Cuatro años después de aquellos informes que dieron origen al caso judicial Taselli se quedó sin el negocio de los trenes.

El fiscal Picardi señaló que: “…A la luz de las evidencias reunidas, se logró corroborar un deficiente ejercicio de control estatal, todo lo cual permitió a los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación, acusados en el presente dictamen, a autorizar las transferencias de dinero público al grupo económico Transportes Metropolitanos S.A., las cuales no debieron haber correspondido en razón del claro incumplimiento por parte de las empresas que tenían a cargo las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur de las condiciones impuestas por Resolución 126/2003 del entonces Ministerio de la Producción de la Nación”.

De un lado estaba la secretaría de Transporte y del otro las empresas de Taselli. El fiscal explicó que Iglesias, que fue presidente y gerente general de firmas de Metropolitano : “Intervino deliberadamente en las maniobras ilícitas antes detalladas, en tanto tomó decisiones inherentes a la sostenida explotación de los servicios ferroviarios, y obtuvo el provecho económico surgido como consecuencia de la espuria relación que la empresa a su cargo tenía con los funcionarios públicos que, cuanto menos, no controlaba el cumplimiento de las obligaciones del grupo empresario”.

El fiscal explicó que: “…Las empresas mencionadas, en las que Osvaldo Carlos Iglesias ostentara los cargos de presidente y gerente general, durante el tiempo que perduró la concesión del transporte ferroviario -en el caso de Transportes Metropolitanos San Martín hasta junio de 2004 y respecto de Transportes Metropolitanos Belgrano Sur y Transportes Metropolitanos Roca hasta mayo de 2007-, no realizaron ninguna mejora en las condiciones de confort de los usuarios y tampoco prestaron un servicio eficiente, conforme las obligaciones asumidas”.

A pesar de que había informes realizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, y por el área de Coordinación Técnica de la subsecretaría de Transporte Ferroviario, Jaime y Montaña no tomaron ninguna acción tendiente a revertir la mala prestación de la concesión y siguieron pagando los subsidios.

Picardi señaló que: “La secretaría de Transporte de la Nación hizo todo lo que no debía hacer, y no hizo lo que sí le correspondía realizar, puesto que, por un lado, autorizó las transferencias de dinero público de manera injustificada y, por el otro, no controló el cumplimiento de los compromisos asumidos por las concesionarias. Este accionar por parte de los funcionarios públicos posibilitó que el grupo empresarial Transportes Metropolitanos S.A. recibiera pagos por servicios que no ejecutó, tratándose de un mecanismo que se repitió en el tiempo, generando la transferencia de fondos por parte del Estado en forma injustificada, y que, por ende, el erario público dejó de disponer para cubrir objetivos reales. En efecto, las acciones y omisiones desplegadas por los procesados, exhiben una clara desviación del poder estatal, verificándose que la voluntad de administración de fondos públicos quedó condicionada a un interés ilegal”.

Los tres imputados negaron haber cometido delitos. Jaime dio explicaciones técnicas pero no pudo evitar en su indagatoria usar el argumento de la prosecución política y el intento de judicializar las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. Todos los imputados señalaron que de no haberse pagado los subsidios no se podría haber brindado el servicio ferroviario de entonces. Pero la normativa no hablaba de cancelar el servicio sino de suspender los pagos de subsidios hasta que las empresas mejoraran las condiciones del modo en que viajaban miles de pasajeros por día.

Los empresarios, según la acusación de Picardi: “Primaron la maximización de las ganancias, en desmedro de la correcta gestión y destino de los bienes públicos recibidos”.

El fiscal concluyó: “Los contundentes elementos de prueba recolectados, han permitido demostrar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, que los acusados han permitido mediante las acciones y las omisiones que ya fueran valoradas, que se destinara de modo incorrecto y sistemático fondos públicos que debían ser aplicados al funcionamiento del servicio ferroviario; todo lo cual generó un grave perjuicio económico al erario público…”.

A Jaime –que está detenido desde abril de 2016 en la cárcel de Ezeiza- se le sumará este juicio a los que tiene pendientes. Uno de ellos es el derivado del Caso Cuadernos. Allí empresarios del transporte admitieron haber coimeado a Jaime mientras era el encargado de repartir los subsidios. Tal vez si se miran en conjunto todos los casos de corrupción en los que Jaime está involucrado se podrá apreciar un sistema que funcionó durante el kirchnerismo. Mucho tiempo antes de que se comenzara a usar la palabra “lawfare” para intentar explicar las investigaciones judiciales por casos de administración fraudulenta contra el Estado.

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