Dirigentes de la Coalición Cívica (CC), el espacio político liderado por Elisa Carrió, denunciaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) a Emilio Pérsico por incompatibilidad en sus funciones. El texto revela que a través de la Secretaría de Economía Social, de la cual es titular, el líder del Movimiento Evita intervino en dos expedientes, a través de los cuales la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, de la cual él era directivo, fue beneficiadas con más de 160 millones de pesos. En la presentación también se nombra a Alexandre Roig, el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), por “la celebración de convenios con cooperativas de trabajo, federaciones, fundaciones y asociaciones civiles para el otorgamiento de soluciones financieras”. El sociólogo también es dirigente del Evita. Según la denuncia, esta también es una “clara incompatibilidad”.
La Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA está integrada por 49 unidades de gestión que emplea a beneficiarios del Potenciar Trabajo. Algunas de ellas son: Cooperativa de Trabajo La Patriada; Cooperativa “La Montonera”; Cooperativa “Chacho Peñaloza” y Cooperativa “San José Obrero”.
El Potenciar trabajo es administrado por Pérsico desde la Secretaría de Economía Social. Es el programa más importante del ministerio de Desarrollo Social, junto con el Alimentar. Tiene 1.383.279 titulares y de ellos 253.184 están bajo la lupa judicial después de que la AFIP descubriera irregularidades en el cobro del beneficio, como las compra de dólares, tener más de una propiedad o un auto con menos de un año de antigüedad.
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Los dos resoluciones tramitadas por Pérsico son la 144 del año 2020 por $2.043.440 y la 236 del mismo año por $158.200.000. Según la denuncia, también firmada por el concejal de La Matanza Héctor “Toty” Flores y la dirigente María Fernanda Reyes, Pérsico “no se excusó” en la tramitación de los expedientes a pesar de estar a cargo de Potenciar Trabajo y formar parte de la Federación que integran las 49 cooperativas de la economía popular.
La maniobra descripta ante la Oficina Anticorrupción detalla que las irregularidades son varias: en el caso del INAES, por “la celebración de convenios con cooperativas de trabajo, federaciones, fundaciones y asociaciones civiles para el otorgamiento de soluciones financieras”. Estos convenios, según describe, “son aprobados por el Directorio del INAES, y constan en las actas del Directorio”. Y agrega: “Es el INAES el organismo encargado de controlar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos de las cooperativas y mutuales para mantener su personería, y de mantener los registros actualizados”.
Es decir que quien las controla, el sociólogo francés radicado en el país, Alexandre Roig, también es dirigente del Movimiento Evita, y que al igual que Pérsico “está de los dos lados del mostrador”.
La Secretaría de Economía Social estuvo involucrada “en la confección de los convenios celebrados con cooperativas de trabajo, federaciones, fundaciones y asociaciones civiles a los efectos de otorgar subsidios y demás soluciones financieras, ello en el marco del programa Potenciar Trabajo”, es decir del programa que administra Pérsico.
Roig también realizó su descargo ante ese medio. “Todos los apoyos financieros que otorga el INAES se realizan cumpliendo la normativa vigente, ciñéndose tanto a las previsiones de Ley de Procedimiento Administrativo (19.549) como a la normativa interna del organismo”, afirmó. Y aseguró que el organismo que administra y que depende de la Jefatura de Gabinete “otorga apoyos financieros a una multiplicidad de entidades del sector cooperativo y mutual, en la medidas que cumplan con los requerimientos administrativos y formales necesarios para tal fin”.
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Al respecto, aclaró: “Todos los funcionarios del INAES han sido nombrados según los procedimientos correspondientes y en cumplimiento con lo estipulado en la Ley de Ética Pública 23.188 sobre posibles conflictos de intereses”.
Hernán Reyes, de la CC, es muy crítico sobre la actuación de los funcionarios que administran el dinero que en parte termina en cooperativas a las que están vinculados por formar parte del espacio social y político que abrevan: “Están haciendo cualquier cosa con el hambre de los argentinos. Es una forma de organización nefasta. No estamos pidiendo información sobre los planes sociales, eso corre por otro nivel. Acá se están haciendo convenios para otorgar dinero del Estado directamente para financiar a las cooperativas, que hacen la extensión territorial y política del Movimiento Evita y otras organizaciones sociales”, le dijo a Infobae.
Desde la CC también expresaron: “Este modelo no da más, tenemos que repensar la forma en la que el Estado contribuye al desarrollo de las personas. La intermediación es un escándalo de corrupción. Tiene que haber ayuda social, pero con políticas directas, transparentes y enfocadas en vincular a las personas con el trabajo”.
En diálogo con Infobae, Emilio Pérsico reconoció que formó parte de la conducción de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA, pero que había renunciado “un año antes de haber iniciado la tramitación de las resoluciones” un hecho también reñido con las disposiciones de Ética Pública ya que como mínimo los funcionarios deben haber renunciado tres años antes.
Advertido de esta situación, relató: “Le pedí a la Oficina Anticorrupción un instructivo para saber cómo actuar. Ahí me dijeron que yo debía excusarme y por eso la resolución -por los 160 millones de pesos- la terminó firmando otra secretaria, Fernanda Miño”.
Miño está a cargo, también dentro del ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Integración Socio urbana. Tiene, por ejemplo, la responsabilidad de la urbanización de los barrios populares registrados en el ReNaBaP. Miño no forma parte del Evita: es dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois.
Pérsico aclaró que en la actualidad no es autoridad de ninguna cooperativa y que cuando inició su gestión en diciembre del 2019 trabajó junto a la Oficina Anticorrupción en “las acciones necesaria para la transparencia de todas las políticas de la Secretaría de Economía Social”.
Los dirigentes conducidos por Elisa Carrió destacaron en la denuncia que “los funcionarios mencionados (Pérsico y Roig) se encuentran vinculados con las organizaciones sociales a las cuales benefician” y agregan un nombre más, Milagros Moya, “también integrante del Movimiento Evita y la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización del INAES”.
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Moya, destacan los dirigentes de la CC, “no incluyó su pertenencia (al Evita) en la declaración jurada de intereses correspondiente ni hizo mención alguna a dicha circunstancias al momento de asumir su función”. La denuncia ante la OA también destaca: “La fiscalización y control del INAES resulta esencial, dado que a partir de dichas intervenciones e inspecciones es que el Directorio resolverá la apertura de sumario y eventuales sanciones. El cumplimiento efectivo de las actividades es auditado conforme este programa de fiscalización y control”
Los referentes de la Coalición Cívica detectaron que al menos 16 funcionarios nacionales que forman parte de movimientos sociales como el Evita, Barrios de Pie, MTE, CTEP, UTEP, entre otras organizaciones, tendrían incompatibilidades al tramitar expedientes que terminan en subsidios para las cooperativas de sus organizaciones populares. Entre ellos, se menciona a Daniel Menéndez, subsecretario de la Subsecretaría de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social; Carla Andrea Gutiérrez, de la Dirección de Gestión de la Economía Social y Popular; Carolina Brandariz, de la Dirección de Seguimiento y Abordaje del Desarrollo Local; Julián Aceituno, de la Coordinación de Roles y Actores de la Economía Social y Popular; Juan Martin Carpenco, de la Coordinación de Proyectos de Innovación Socioeconómica; Ramona Fernanda Miño, de la Secretaría de Integración Socio Urbana, y Francisco Cubría, de la Coordinación de Fortalecimiento de la Economía Social y Popular.
Por este motivo, la CC solicitó ante la Oficina Anticorrupción: “A los funcionarios intervinientes en la concesión de soluciones financieras (subsidios), brinden la información correspondiente a los fines de determinar si los mismos no han firmado actos administrativos que beneficiaron directamente a organizaciones sociales, cooperativas, asociaciones, fundaciones o federaciones de las cuales formaron (y forman) parte en un abierto conflicto de interés conforme lo consagrado en la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
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