El próximo viernes, los abogados matriculados en la Ciudad de Buenos Aires elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura porteño. Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público y fundador de la agrupación Gente de Derecho, encabeza la lista 6 y se enfrenta a Genoveva Ferrero, la actual administradora de la Justicia porteña.
Rizzo va por la revancha luego de la derrota en las elecciones internas del Colegio Público de Abogados, que estaba en manos de su agrupación desde 2006. “Nunca fui consejero, pero decidí que era el momento indicado para salir a respaldar a Gente de Derecho”, explicó en diálogo con Infobae.
Rizzo es acompañado por Argentina Figueroa, una abogada que trabaja en el Ministerio de Trabajo, y Jorge Martín Irigoyen, un abogado radical. En tanto, en la lista para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados aparecen Adrián Fama, un dirigente del PJ porteño, y Anabella Hers Cabral, ex diputada de Juntos por el Cambio.
La estrategia de Rizzo apunta a mostrarse como el único candidato independiente. “Es una elección entre abogados y funcionarios. Mi lista no está identificada con ningún color político”, apuntó.
Las elecciones se llevarán a cabo este viernes, entre las 8 y las 18, en la sede del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Unos 49.900 mil abogados están en condiciones de asistir a votar. Deben tener matrícula y domicilio en CABA.
Las dos listas ya tienen asegurado un lugar en el nuevo Consejo y se disputarán el tercer espacio, que quedará en manos de la mayoría.
Entre las propuestas, Rizzo destacó una reforma para el sistema de concursos, al que calificó de “discrecional”. Y propuso la igualdad total de oportunidades entre los abogados de la matrícula y quienes provienen del Poder Judicial en los concursos.
Infobae entrevistó a los dos candidatos, con las mismas preguntas. Aquí las respuestas de Jorge Rizzo.
—¿Qué propuestas va a llevar al Consejo en caso de ser elegido?
1. Que el estamento de Abogados sea representado por Abogados de la matrícula y no como hoy ocurre por listas plagadas de funcionarios judiciales; desequilibrando el fundamento constitucional estamentaria. En ese sentido es dable recordar que en el fallo “Rizzo” contra la mal llamada “democratización de la justicia” la Corte dispuso la inadmisibilidad de la política partidaria inmiscuida en las elecciones de los estamentos técnicos, los que deben ser representados sin interferencias externas. Lamentablemente ese leading case que se estudia en todas las facultades de Derecho del mundo pareciera que se ha convertido en letra muerta, tanto en el Consejo Federal como en el Porteño.
2. Bregar por la verdadera independencia de la justicia, para que no continúen las interferencias permanentes de los otros poderes del Estado de la Ciudad.
3. Terminar con la discrecionalidad binaria conocida por todos en el nombramiento de jueces, magistrados y personal del Poder Judicial de la Ciudad. Debe concluir y para siempre aquello tan notorio que se sabe quién ganará el concurso antes de que el mismo sea siquiera publicado para la inscripción de participantes.
4. Igualdad total de oportunidades entre los abogados de la matrícula y quienes provienen del Poder Judicial en los concursos para seleccionar jueces y magistrados.
5. Simplificación de los procedimientos electrónicos de la Justicia porteña con una real capacitación para la utilización de parte de los abogados de esos nuevos procedimientos.
6. Intentar que se acabe con el actual festival de subsidios a empresas y/o fundaciones vinculadas a funcionarios del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
7. Terminar con la “agencia de viajes” que se instaló dentro del Consejo de la Magistratura porteño desde su apertura, y volver a la verdadera génesis del mismo: dedicarse a la administración de justicia.
8. Pago de bono de Derecho Fijo por Internet en idénticas condiciones que la justicia Nacional y Federal a través de una plataforma on line del Banco de la Ciudad de Buenos Aires tal cual fogoneamos desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal pero que, lamentablemente sigue durmiendo el sueño de los justos.
9. Mantener las banderas de la inconstitucionalidad del Tribunal Superior como instancia previa a la Corte en juicios de la competencia Nacional, tal cual solicitamos en nuestros amparos.
10. Prestar suma atención para que la UMA (Unidad de Medida Arancelaria) se actualice en tiempo y en forma y no, con las insólitas demoras actuales.
11. Luchar por la estabilidad de los empleados del Poder Judicial, que se ponga en planta permanente a los contratados, luchar contra las actuales presiones y acosos y, proponer la total libertad sindical.
—¿Qué puede hacer el Consejo de la Magistratura para completar el traspaso de competencias a la Ciudad?
—Quiero aclarar que no estamos a favor del traspaso. Compartimos la posición de las tres listas de la Asociación de Magistrados y de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación en materia de la inconstitucionalidad de la transferencia de la justicia nacional a la esfera de la Ciudad. Tampoco lo estamos en el sonado tema del Tribunal Superior de Justicia como instancia intermedia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los juicios que se sustanciaran en la competencia nacional. A tal fin, promovimos un amparo desde la Asociación Civil “GENTE DE DERECHO” y otro cuando éramos gobierno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ambos aún están en trámite.
Sin perjuicio de ello y para que se entienda de una vez, el Consejo de la Magistratura Porteño no puede hacer demasiado para lograr dicho objetivo más allá de intentar debates o tratar de lograr concientizar ya que, el traspaso debe ser realizado necesariamente por una ley del Congreso de la Nación la que luego debe ratificada por la Legislatura de la Ciudad. A tales fines lo más engorroso continúa siendo el tema de la partida presupuestaria. Pareciera un camino sin salida para quienes sostienen la necesidad del traspaso.
—¿Cuáles son los proyectos para apuntalar las inversiones en materia tecnológica para la Justicia de la Ciudad?
—Hemos dado claras muestras durante la pandemia de nuestra participación activa en el proceso de tecnología y expediente electrónico, entonces con el de la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, proceso en el que resultamos uno de sus protagonistas.
Es lógico que en el siglo XXI se propongan y hagan inversiones serias en materia de crecimiento tecnológico, pero sin perder de vista el cómo y quiénes se ocupan de dicho proceso. Sabemos que ha habido muchos puntos turbios y sospechas en esa materia. A tal fin, se debe poner especial atención en la confección del presupuesto para que la Legislatura porteña habilite un aumento necesario. Luego, poner especial énfasis, como señalé, en el control del cómo y del quiénes tendrán a cargo tan importante gestión para garantizar la transparencia.
—¿Cómo está la justicia de la Ciudad en materia edilicia y dónde deberían apuntar los recursos?
—El Poder Judicial de la Ciudad es relativamente nuevo, en comparación con los Provinciales y Nacionales, pero ya incurre en los mismos vicios de sus antecesores con edificios poco funcionales e ideados para la comodidad de los jueces, sin importar demasiado el confort de los abogados. Si bien es cierto que se ha intentado su mejoramiento, no lo es menos su diversificación innecesaria y su excesiva burocracia. La tecnología hoy ha desalojado la llegada masiva de colegas a los edificios, por lo que parece absurdo que sigamos con edificios que no resultan funcionales. Se debe tender hacia lo que se llamó en la competencia de la Corte como “La Ciudad Judicial”, pensando en los próximos 500 años y no, en los próximos 100 días. En tal inteligencia es necesario armar un verdadero plan estratégico y no solo nominal como pareciera que existe en estos momentos.