El reparto discrecional de los registros del automotor cada tanto expone un escándalo con condimentos políticos. La beneficiada en este caso es Emilce Angélica Aiello, concuñada del ministro de Justicia Martín Soria. Su designación lleva la firma de una funcionaria nacional que depende de manera directa del funcionario.
Aiello, contadora de profesión, fue designada a comienzos de este año como interventora de un registro nuevo en la localidad de Centenario, muy cerca de la capital neuquina. Se trata de un registro estratégico porque tiene jurisdicción sobre la zona de Vaca Muerta.
La concuñada de Soria fue designada de manera provisoria, aunque ese tipo de designaciones pueden durar años. La resolución oficial aseguraba que “redundará en beneficio de la comunidad usuaria, toda vez que la división de jurisdicciones traerá aparejada la descompresión de trámites en la seccionales y la consecuente optimización de la prestación del servicio”. De hecho, en esa localidad ya funcionaban otros dos registros, con una recaudación promedio de alrededor de 1 millón de pesos.
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Aiello tiene un parentesco directo con Soria: está casada con el hermano de Leila Aschkar, la esposa del actual ministro de Justicia. Infobae se comunicó con Soria, pero declinó de hacer declaraciones.
La designación de Aiello como interventora del registro número 3 de Centenario fue firmada por una funcionaria que depende del ministro de Justicia. Se trata de la directora nacional de los Registros Nacionales de Propiedad Automotor, María Eugenia Doro Urquiza, quien ya había estado en esa repartición durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner.
“Cuando llegamos al Ministerio, a fines de 2015, Doro Urquiza cumplía funcionares como Directora de Registros Seccionales. Nosotros la removimos. Su máximo antecedente era ser la hija de la masajista de Cristina Kirchner”, confirmó a este medio un ex funcionario de la gestión macrista.
Efectivamente, la funcionaria es hija de Lidia del Carmen Urquiza, quien fue asistente kinesiológica dentro de la Unidad Médica Presidencial durante el gobierno de Cristina Kirchner, según reveló ayer el programa que conduce Ernesto Tenembaum en Radio con Vos.
En 2008, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner, Doro Urquiza fue designada como interventora del registro número 2 de San Isidro y en 2012 saltó a la DRNPA. “Nunca tuvo doble función, cuando asumió como Directora de Registros Seccionales renunció al registro de San Isidro”, dijo un allegado.
Antes del final del segundo gobierno de Cristina Kirchner, Doro Urquiza tuvo intervención directa para que su entonces pareja obtenga un registro automotor en la ciudad de Mar del Plata. “En agosto de 2015 hubo concursos para cubrir cargos vacantes en varios registros. Mauricio Flavio Troglio no calificaba ni tenía antecedentes, pero pasó el examen escrito y luego el oral en una maniobra muy extraña, relegando a otros dos candidatos que participaban por el puesto de titular del Registro 12″, recordó una fuente al tanto de esa maniobra.
En octubre de ese año, Cristina Kirchner firmó el decreto 2295 que puso en funciones a Troglio. Allegados a la funcionaria aseguraron que en ese momento no eran pareja y destacaron que Troglio renunció al registro de Mar del Plata cuando Doro Urquiza asumió como directora nacional.
En 2016, con la asunción de Mauricio Macri, Doro Urquiza fue removida de su cargo en el Ministerio de Justicia, aunque reapareció cuatro años después, con el triunfo de Alberto Fernández. “Ya sabíamos lo que iba a pasar, vino por la revancha”, ironizó un ex funcionario macrista.
Más allá de la designación de la concuñada de Soria, la gestión de Doro Urquiza quedó bajo la mira de la Justicia. Infobae reveló ayer que una jueza federal de Neuquén sostuvo que durante los últimos tres años hubo un “plan sistemático” desde el Gobierno para remover a los interventores de los registros que fueron elegidos entre 2015 y 2019, durante la gestión de Mauricio Macri.
El caso puntual involucra a la interventora a cargo del registro del automotor número 6 de Neuquén, Mariana Luraschi, quien fue desplazada en junio de este año por Doro Urquiza. La decisión se basó en una auditoría oficial, un requisito administrativo para remover a los auditores que no fueron designados por concurso.
Luraschi desconoció los resultados de esa auditoría, a la que calificó como una “parodia”, y presentó un amparo ante la justicia federal. Antes de resolver, la jueza María Carolina Pandolfi le pidió un informe al Ministerio de Justicia sobre todas las auditorías realizadas por la Dirección Nacional del Automotor desde diciembre de 2019.
Ese informe reveló que se realizaron 122 auditorías: 34 se hicieron en 2020, 56 durante 2021, y 32 hasta el 20 de julio de este año.
Pero el dato más llamativo fue que el 92% de las auditorías fueron contra interventores designados en el gobierno anterior. “Cuatro Registros Seccionales inspeccionados se encontraban a cargo de encargados o interventores designados con anterioridad al año 2015. El resto de las Seccionales (46) se encontraban a cargo de Encargados oInterventores designados durante el período 20152019. De la totalidad de las sanciones, 17 fueron llamados de atención y en 25 casos se dispuso el cese en la gestión del Encargado o Interventor”, destacó la jueza.
En la misma resolución, la jueza de Neuquén dijo que es “verosímil” que existió un plan para remover a los interventores designados en el gobierno anterior: “Sin perjuicio de admitir que es posible que en todos los casos, los encargados o interventores designados en el período 20152019 y sancionados hayan incurrido en faltas suficientemente graves para fundar la grave sanción aplicada, lo cierto es que el análisis del cuadro general permite considerar por el momento verosímil la hipótesis alegada por la actora, esto es, la existencia de un plan de remoción sistemático que afectó especialmente a los encargados de Registro designados en la gestión de gobierno previa a la actual”.
La decisión ya fue confirmada por la Cámara Federal de General Roca. “El hecho de que no se hayan aportado las fiscalizaciones en las que no se adoptó temperamento alguno, o la referencia relativa a que solo en 28 casos se dispuso el cese, nada dice sobre la conclusión extraída por la magistrada: se fiscalizaron más registros y se sancionaron muchos más funcionarios designados durante el gobierno anterior que lo que ocurrió con los nombrados por el actual”, sostuvo el juez Mariano Roberto Lozano.
La designación de la concuñada de Soria no es la primera ni la única vinculada a la política de Neuquén. Jorge Augusto Sapag es el titular del registro 3 de Neuquén y Laila Siman Menem, sobrina segunda de Carlos Menem, tiene el registro número 1 en la localidad de Plottier. La lista continúa.
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