Un grupo de diputados opositores presentó hoy un proyecto de ley que establece un “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, que contempla, entre otros puntos, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años en delitos violentos.
La iniciativa plantea una reforma judicial que incluye la creación de un fuero especializado en menores, penas diferenciadas para delitos graves, la aceleración en los juicios con un plazo máximo de 2 años y dispositivos especiales para penas privativas de la libertad.
“El proyecto hace hincapié en dos puntos centrales: la reparación del daño producido por el delito tanto en la víctima como en la sociedad, y la necesidad de que las personas adolescentes rindan cuentas de sus actos”, dice el texto de la normativa.
La propuesta cuenta con el respaldo de los diputados de Juntos por el Cambio Diego Santilli, Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, quienes aparecen como cofirmantes del despacho. Se trata de una apuesta similar a la formulada durante el gobierno de Mauricio Macri, y que se había anunciado en 2017 por el ministro de Justicia, Germán Garavano.
La reforma no solamente regula la baja de la edad de la imputabilidad. Ante la comisión de un delito, se propone que los adolescentes culpables puedan realizar todas las medidas de reparación posibles, en lugar que la única alternativa sea la cárcel.
Según se informó, este principio sigue la noción de “justicia restaurativa”, que pretende explorar métodos de abordaje a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley. Estos actores, de acuerdo al texto que consta de 37 páginas, también tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación que no sean la detención y encarcelamiento de los acusados.
Por lo general se sugieren diferentes medidas socioeducativas que deberán llevarse a cabo de acuerdo al “Abordaje Restaurativo”, entendido como un proceso en el que “todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro”.
A su vez, el carácter interdisciplinario de este enfoque busca que “las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes”, informaron los legisladores que elaboraron el texto.
Excepciones, plazos y fuero especial
¿Qué ocurriría si las medidas de reparación son incumplidas o fracasan? El mecanismo a seguir, de acuerdo al proyecto, es que las autoridades judiciales puedan aplicar penas privativas de libertad, que van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado que como máximo de pena sube a 15 años.
Asimismo, se prevé que los juicios contra personas adolescentes sean realizados en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evita la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes, estableciendo responsabilidades claras.
En caso que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.
“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, indicó Santilli.
“La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”, concluyó.
Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.
Sin embargo, hay otros datos que ponen en entredicho esas cifras. Al 30 de diciembre de 2021, existían 130 dispositivos penales juveniles en todo el país, de acuerdo a un informe oficial Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Hasta entonces, 4.437 adolescentes cumplían medidas penales, de las cuales solo el 2,7% tenía menos de 16 años, mientras que el 39,1% tiene entre 16 y 17 años, y el 55,8% 18 años y más. El 95,5% de ellos era varón.
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