Los abogados querellantes que representan a familiares de víctimas del atentado a la AMIA y los de la DAIA pidieron hoy que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y del resto de los acusados en el caso de la firma del memorándum de entendimiento con Irán y que sean juzgados en juicio oral y pública por ese acuerdo. Así lo plantearon en la primera audiencia a la que convocó la Cámara Federal de Casación en la que algunas de las defensas plantearon que se confirme el sobreseimiento de los imputados.
El primero en hablar fue Juan José Avila, abogado de los familiares. Señaló que el sobreseimiento que dictó el año pasado el Tribunal Oral Federal 8 fue “antijuridico, prematuro y arbitrario”. “A las víctimas se las privó de conocer la verdad que resulta de la cosa juzgada que dictó el tribunal oral. Se les privó de saber si el memorándum fue un mecanismo de impunidad para los acusados y hacer caer las ordenes de captura internacional”, sostuvo.
La querella planteó que el Tribunal Oral dictó los sobreseimientos de los acusados convocando a una audiencia irregular que no prevé la ley y que no hizo medidas de prueba solicitadas para escuchar en el juicio oral.
Luego habló Mario Averbuch, papa de Yanina Muriel, una de las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. “Acá hay dolor y necesidad de repsuestas. Los familires estamos a mas de 28 años del atentado sin respuesta de la justicia y estamos en otro capítulo nefasto del cierre de una causa judicial. Es una investigación que no se quiere hacer”, dijo y se preguntó: ¿por qué la urgencia de cerrar la causa?, ¿qué se nos oculta?, ¿qué pasó?” Y cerró: “Justicia, justicia perseguimos”.
Argentina e Irán firmaron en 2013 un memorándum sobre la causa del atentado a la AMIA. El acuerdo establecía que ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados de ser los autores del hecho, el juez y el fiscal del caso -entonces Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman- podían viajar a ese país a indagar a los acusados. También creaba una comisión de la verdad. El acuerdo fue objetado politicamente y ante la justicia que lo declaró inconsititucional.
En enero de 2015, Nisman denunció a Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno por el acuerdo porque señaló que se hizo para encubrir a los acusados y hacer caer las ordenes de detención internacional. La causa primero fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito pero luego la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio que procesó a la ex presidenta y otros 11 acusados, entre ellos el actual senador nacional Oscar Parrilli, el dirigente social Luis D´Elia, el fallecido ex canciller Héctor Timerman, el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, y el procurador del Tesoto de la Nación Carlos Zannini, entre otros. Algunos de ellos como Zannini y D´Elia estuvieron presos. El magistrado también había dispuesto la prisión preventiva de Cristina Kirchner, que no se concretó por sus fueros como senadora nacional.
La causa pasó a juicio oral y el octubre de 2021 el tribunal oral sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito. “El Memorándum, más allá de se lo considere un acierto o desarcierto político, no constituyó delito”, dijeron en el fallo los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las querellas y el fiscal Marcelo Colombo apelaron para que esa decisión sea revisada por Casación con el pedido de que se revoquen los sobreseimientos y se haga el juicio oral.
Para escuchar a las partes los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, convocaron a dos audiencias. Una se realizó esta mañana y la segunda será el 24 de noviembre.
En la audiencia estaba previsto que hablen los abogados de la DAIA pero finalmente presentaron un escrito en el que solicitaron que se haga el juicio oral. Luego fue el turno de las defensas de tres de los imputados. Zannini, Mena y el del ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain.
Los tres señalaron que los sobreseimientos estuvieron bien dictados, que el tribunal oral no cometió ninguna irregularidad en la convocatoria de la audiencia y que el motivo de la desvinculación de los acusados es que luego que la causa fue elevada a juicio oral se generó prueba nueva que demostró que en el caso no hubo delito.
Centralmente los abogados marcaron que un mes después de la firma del memorándum Interpol informó que las alertas rojas de detención de los iraníes no se afectaban y que seguían en vigencia. El organismo internacional agregó que la única persona que podía anular las ordenes era el juez de la causa. Las defensas citaron tres notas en ese sentido y una de Timerman a Interpol en la que ratificaba la vigencia de las detenciones.
“Eso hecha por tierra de manera contundente que haya estado en el ánimo de quienes iniciaron el proceso de la firma del memorándum de haber tenido algún intento de incidencia en modificar las alertas rojas. Podrá gustarnos o no la redacción del memorándum pero entra en el campo de las cuestiones políticas no judiciales”, sostuvo Martín Arias Duval, abogado de Zuain.
Por su parte, Mariano Fragueiro Frías, defensor de Zannini, dejó en claro que esta causa no es la del atentado a la AMIA: “No estamos en la causa que investiga el atroz atentado a la amia. Estamos en otro proceso. Si algún distraído cree que se puede confundir uno con el otro eso es imposible”.
Por último Marcos Aldazabal, abogado de Mena, rechazó las hipótesis de por qué se firmó el memorándum. “Los acusadores nunca dijeron por qué Argentina habría querido beneficiar a los acusados de Irán. En algún momento plantearon que era por un acuerdo comercial en el que Argentina le iba a dar granos a Irán e Irán petróleo a Argentina. Pero los informes dicen que el petróleo iraní tiene una densidad que no puede ser utilizado en Argentina y que no hay acuerdo económico entre los países, solo privado. Pero el comercio privado bajó después de la firma del acuerdo”.
La audiencia duró dos horas y continuará el 24 de noviembre cuando expongan el resto de las defensas. No lo hará la de Cristina Kichner porque su abogado, Alberto Beraldi, ya adelantó que presentará sus argumentos por escrito. La expectativa está en si después de la última audiencia Casación resolverá antes de fin de año o lo dejará para el 2023.
No será la única decisión clave que los jueces de Casación deben tomar sobre la vicepresidenta. También deberán resolver si confirman el sobreseimiento o habilitan el juicio oral en la causa “Los Sauces-Hotesur”. Para eso aplicaron el mismo mecanismo que con el memorándum: convocaron a dos audiencias para escuchar a las partes. La primera será el próximo jueves y la segunda también a fin de mes.
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