Opositores y dirigentes sociales K rechazaron la decisión del Gobierno de concederles obra pública a las cooperativas albertistas

La decisión del Gobierno de entregarles de manera discrecional el 30% de la obra pública de hasta $300 millones a los movimientos sociales oficialistas, cuyos lídres además armarán el padrón de beneficiarios por sus cargos en el Poder Ejecutivo Nacional, provocó rechazos y suspicacias en la oposición, en un sector de la CGT y dentro de las propias organizaciones populares ligadas al kirchnerismo -que observan con desconfianza a Emilio Pérsico, secretario de la Economía Social y líder del Movimiento Evita. También elevaron la voz empresarios del sector y piqueteros de izquierda.

La discrecionalidad de la medida está enmarcada en el hecho que, por ejemplo, en el ministerio de Desarrollo Social no está confeccionada la lista de cooperativas de la economía popular con capacidad e idoneidad para realizar tareas de construcción de viviendas, tendidos de agua, red cloacal, y otro tipo de actividades que comprenden las obras públicas de hasta el monto impuesto por el artículo cuarto del decreto 728. Por lo tanto, las partidas serán asignadas sin un criterio prestablecido.

En diálogo con Infobae, el diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, fue contundente: “La primera amorfidad es que no puede ser que el mismo tipo que esta cortando las calles, motivo por el cual tendría que estar preso porque viola el artículo 14 de la Constitución Nacional y también el Código Penal, al mismo tiempo esté formado parte del Poder Ejecutivo Nacional, como Emilio Pérsico que es el secretario de la Economía Social, eso es un disparate”.

“Además hay un segundo disparate, el Presupuesto 2013 le otorga a Pérsico, desde el ministerio de Desarrollo Social, el manejo de un presupuesto de 600 mil millones de pesos”, agregó.

“Dentro de ese segundo disparate hay uno adicional: que manejen plata las cooperativas que supuestamente supervisa, y las que dependen de su Movimiento, el Evita. A las cooperativas habría que sacarles toda la plata y que los fondos vayan directamente al beneficiario del plan. Todo esto son negocios que en el medio se quedan los que son amigos del poder. Los dirigentes sociales como Pérsico, y otros, son punteros para hacer política. Ahora que estoy adentr,o lo veo a eso, es toda gente que cobra plata para hacer política. Esto no puede ser que ocurra”, finalizó.

El diputado por el PRO Luciano Laspina fue uno de los primeros integrantes de la oposición en cuestionar la medida al considerar que el decreto 728 “es una carta de rendición” ante la extorsión de las “organizaciones sociales” del Frente de Todos. Algunas cooperativas “tienen dueño” o “son una nueva estructura de punteros. Un delirio”, adjetivó.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador aseguró que la medida implicará “una opacidad nunca vista. Obras públicas hechas por cooperativas ignotas. La locura es total” y agregó: “No está claro el método de contratación. Además, permite un margen de preferencia (indeterminado) para estas cooperativas en licitaciones”.

Los cuestionamientos y dudas sobre la transparencia del giro de dinero de Estado, es decir producto del aporte de todos los argentinos a través del pago de impuestos hacia las cooperativas de la economía popular, no proviene solo del espectro político. Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán y secretaria adjunta de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), le dijo a este medio: “No conocemos el listado de cooperativas que puede acceder a la obra pública. Queremos conocer la letra chica, porque todo lo que vemos es un escenario de ajuste y de estigmatización a la economía popular”.

El secretario general de la UTEP es Esteban “Gringo” Castro. Aunque formalmente aún no lo es, esa organización es considerada como el sindicato de la economía popular, que agrupó a la gran mayoría de movimientos que integran el Frente de Todos. La UTEP cuenta, por ejemplo, con la “Personería Social” del ministerio de Trabajo de la Nación y tramitan la Sindical.

Entre sus principales integrantes figuran el Movimiento Evita, cuyos referentes principales son Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, Somos Barrios de Pie, cuyo coordinador nacional es Daniel Menéndez -los tres funcionarios nacionales-; Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderado por Juan Grabois; el Frente Popular Darío Santillán, de Sánchez, pero también otros como La Corriente Clasista y Combativa, referenciada en el diputado nacional Juan Carlos Alderete y Nuestra América.

Todas ellas tienen cooperativas que pueden acceder a la obra pública, tal lo determina el artículo cuarto del decreto 728, firmado, además del Presidente, por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; del ministerio de Trabajo, al mando de Kelly Olmos y el de Economía, presidido por Sergio Massa.

Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, también fue contundente ante la consulta de este medio: “Este decreto vergonzoso no alcanza para poner un freno al empobrecimiento creciente que sufre la población ni mucho menos a la precarización laboral. Acá hay que decir las cosas tal como son: no va a haber más obra pública. Se reemplaza a los trabajadores en blanco por un trabajador precarizado. Por esa razón salió a protestar el burócrata de la CGT Gerardo Martínez. El lugar de un trabajador bajo convenio de la UOCRA, ahora van a tomar un trabajador precarizado de la mayoría de las cooperativas que son del funcionario Emilio Pérsico”.

El piquetero de izquierda, que promete salir a la calle en los próximos días, alude a los dichos del secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) quien dijo: “Hay margen para que haya ruido siempre y cuando las cooperativas no generen fraude laboral, no sean su instrumento. La cooperativa es una unidad de negocio, quienes están en relación de dependencia son empleados. Quienes trabajen deberían estar encuadrados en el convenio colectivo de la UOCRA con sus derechos y condiciones laborales”, un hecho que no sucede, como remarcó Belliboni.

Gerardo Martínez también propuso que quienes trabajen en las cooperativas de la economía popular vinculadas a la construcción “se afilien a la UOCRA” porque eso “generaría una competencia leal dentro del sistema, porque estuvimos observando e inspeccionando a distintas cooperativas. Una de ellas muy grande que trabajaba como tercerización de desarrolladores inmobiliarios y tenía un comportamiento de pago un 40% por debajo de lo que gana un trabajador de la industria”.

Las empresas de la construcción agrupadas en la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) firmaron un comunicado en el que se afirma que los trabajadores de las cooperativas que se emplearán en la obra pública son “informales”. El texto asegura: “La consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMES constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores”.

Además de Belliboni, la Unidad Piquetera la integran casi 40 organizaciones y partidos de izquierda, entre ellos Silvia Saravia, Coordinadora Territorial Nacional Libres del Sur quien también expresó algunas inquietudes. “No está claro cómo se va a organizar ese listado de cooperativas. Hay un montón, algunas vinculadas a organizaciones sociales y otras no. Nos parece que, si está bueno, discutir que las cooperativas puedan tener acceso a hacer la obra pública, tal como sucede con las obras de urbanización. El problema que tiene ese anuncio del Gobierno es que lo hace en un contexto en donde no está claro cómo se va a ordenar ese listado, si va a estar cargo de un registro que tiene el ministerio de Trabajo, que incluso está interviniendo sobre el funcionamiento de las cooperativas que se inscriban allí”, dijo. Y agrega: “La desconfianza que nos surge es porque este gobierno anuncia cosas que después o no se llevan adelante o no tienen ningún tipo de impacto real”.

La Unidad Piquetera prepara una nueva movilización para los próximos días ya que el decreto 728 prohíbe la incorporación de beneficiarios al Potenciar Trabajo y ellos reclaman la “universalización” de los programas sociales como el Potenciar.

El viernes un grupo de legisladores de la oposición presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un “proyecto de resolución, - expediente 5841-D-2022- en el que le solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que brinde detalles sobre “los controles a llevar adelante, para verificar los trabajos que realizarán las cooperativas de trabajo”; “que tipo de trabajos realizarán dichas cooperativas; que se explique “cómo se evaluarán los antecedentes de las cooperativas y de las personas que realizarán las tareas”; que se informe también “si esas cooperativas tendrán proceso licitatorio y cómo será el proceso de adjudicación a las mismas y que “explique cuál será el criterio de selección de las obras a adjudicar”.

El pedido de informes está encabezado por la diputada puntana Karina Bachey y lleva la firma, entre otros, de Cristian Ritondo, el presidente del bloque del PRO como parte del interbloque Juntos por el Cambio; Gerardo Milman, Rogelio Frigerio y Waldo Wolff.

En diálogo con este medio, la diputada Bachey opinó: “El decreto del Gobierno para beneficiar a las cooperativas de trabajo que dependen de los movimientos sociales oficialistas es inadmisible, sobretodo por la falta de control y transparencia que supone la adjudicación de obra pública a las mismas”. “Lo único que queda claro es que buscan beneficiar a las cooperativas afines al Frente de Todos”, destacó.

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